¿Qué viene para Álvaro Uribe? Días clave para saber si será llamado a juicio o precluye investigación en su contra

Este 23 y 24 de mayo son días decisivos para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya que se llevará a cabo la audiencia de preclusión en su contra, por el caso de presunta manipulación de testigos; por lo que el Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá será quien decida si precluye el proceso o lo remite a la etapa de juicio.

Según la Fiscalía General de la Nación, no hay pruebas suficientes que vinculen a Álvaro Uribe Vélez con los hechos que fueron materia de investigación en los que se le señala presuntamente, de intentar cambiar las declaraciones en la investigación que se le adelantó en la Corte Suprema de Justicia y que derivó en una medida de aseguramiento.

Entretanto, Uribe indicó que el proceso en su contra es un evento político, situación que habría quedado en evidencia tras las declaraciones que se conocieron en lo que va de la investigación.

“En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia, como dicen ahora los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de alguno de los testigos; simplemente pedí la verdad. Imagínese yo pidiéndole mentiras a Juan Carlos Sierra, su condición en los Estados Unidos no le permite mentir, inmediatamente pierde los beneficios que tiene”, dijo el exmandatario de Colombia.

También agregó: “cómo coincide ese interés político, cómo arman las historias judiciales basadas en el interés político de mi persona. Tendré que remitir esta audiencia a lo que está en un documento público sobre lo que dijo el padre De Roux en la Comisión de la Verdad, lo digo con respeto, pero yo no legitimo esa Comisión porque violó el resultado en plebiscito, montaron esa campaña”.

Cabe recordar que a inicios del 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió, en unanimidad, ratificar la decisión de tutela con la cual mantuvo a finales de 2021 la calidad de imputado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado por presunto fraude procesal y soborno.

En ese momento, el alto tribunal negó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Uribe Vélez; su representante señaló que existió una “vulneración a la imparcialidad e independencia judicial” por parte de algunos magistrados que tomaron la decisión.

Fuertes declaraciones de Álvaro Uribe contra Salvatore Mancuso

Cuando se dio por finalizada la declaración ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que lo denunciará tanto en Colombia como en Estados Unidos.

En efecto, durante cuatro días, Mancuso lanzó acusaciones contra varios expresidentes de la República y declaró sobre la conformación y fortalecimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los nexos con la clase política, el apoyo del DAS, las alianzas criminales con agentes del Estado.

Entre los mencionados se nombró a Uribe Vélez, quien, según Mancuso, le quitó la seguridad al alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz, asesinado por la estructura paramilitar el 2 de febrero de 2003.

“Fue una solicitud directa, creo que fue del gobernador, no recuerdo con exactitud este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, expuso Mancuso ante la JEP.

Estas declaraciones fueron negadas por el expresidente Uribe, quien señaló que denunciaría al exparamilitar en Colombia y Estados Unidos. En la misiva que compartió el expresidente, se hace un recuento de los hechos sucedidos desde que Uribe Vélez tuvo contacto con Mancuso. Sin embargo, fue categórico en mencionar que bajo su mandato confrontó guerrillas y paramilitares por igual y recalcó que nunca ordenó quitar esquemas de seguridad a los entonces alcaldes.

“Cuando llegué a la Presidencia enfrenté por igual a guerrillas y a paramilitares que avanzaban en el control del país. Había más de 300 alcaldes que no podían desempeñar sus funciones en sus municipios por las amenazas de terroristas. Todos recibieron protección sin importar el origen político de su elección. Sin embargo, hubo asesinatos de funcionarios como al alcalde del Roble, Sucre, por paramilitares a principios de 2003, cuando empezaba nuestro Gobierno”, explicó.

Y continuó señalando que “cuando finalizábamos la guerrilla asesinó al Gobernador del Caquetá. El señor Mancuso, 20 años después del asesinato, y 15 años después de haber sido extraditado, me acusa de haberle quitado la protección al alcalde del Roble, que ellos asesinaron. Yo pedía protecciones, nadie que me conozca puede decir que habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado”.

Además, Uribe Vélez resaltó que las acusaciones de Mancuso se tratan de una venganza en su contra por haberlo extraditado en 2008. Además, contó que dicha extradición se dio con el fin de cumplir el deber como Gobierno, y evitar que los condenados continuaran delinquiendo desde la cárcel. Sobre la misma línea, detalló que su extradición nunca estuvo relacionada con el intento de silenciar la verdad.

El exjefe de Estado subrayó que para la época de los hechos Fernando Londoño y Marta Lucía Ramírez eran ministros del Interior y de la Defensa, respectivamente, “compartían mi afán de proteger a todos los ciudadanos. Lo mismo el general Jorge Enrique Mora Rangel, quien era el comandante de las Fuerzas Militares”.

Finalmente, en una declaración que duró un poco más de diez minutos y que fue publicada en su cuenta de Twitter, Uribe indicó que “el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, aceptó haber sido autor intelectual del asesinato del alcalde. Lo conocí cuando llegué a la Presidencia por su condición de Gobernador. No tuve amistad con él. Estuvo en un puesto diplomático porque denunció amenazas, como también se protegió de esa forma a familiares de guerrilleros. El retiro del cargo diplomático se dio por las acusaciones sobre el crimen”.

Cabe señalar que Salvatore Mancuso, tendrá hasta 30 días hábiles para proporcionar pruebas que demuestren la veracidad de sus palabras.