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Política
Recusan al magistrado Ibáñez, ponente que busca tumbar la ley de Paz Total
El colectivo de abogados que pide recusar al magistrado, argumenta que la filtración de la ponencia podría afectar la decisión de los jueces.
La Paz Total es el proyecto legislativo más polémico y ambicioso del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por lo tanto, es uno de los temas que más controversia jurídica ha desatado en el actual gobierno. Se trata de una iniciativa que busca darle facilidades al gobierno para negociar con grupos criminales y que permitiría, por ejemplo, que los disidentes de las Farc, que incumplieron al proceso de paz y regresaron a la subversión y el tráfico de estupefacientes, puedan emprender nuevamente una negociación con el Estado. Todo lo cual tiene a diferentes sectores políticos y sociales en alerta por la flexibilidad que esto pudiera generar, y que no haya un proceso de justicia y penas al respecto.
En este sentido, la ponencia del magistrado que presentó el lunes pasado, Jorge Enrique Ibáñez, donde pide ‘tumbar’ toda la Ley 2272 de 2022, de la Paz Total, ha generado el rechazo de los sectores políticos que apoyan la iniciativa del Gobierno Petro.
Como se sabe, en el documento presentado por el magistrado, según contaron fuentes cercanas al alto tribunal, advierte que se presentaron problemas de forma en el proyecto del Gobierno, puesto que el Consejo de Política Criminal no emitió ningún concepto. Estos vicios de trámite son irreparables y, por lo tanto, no puede tener el visto constitucional.
Ante la ponencia del magistrado, se conoció en las últimas horas que el pasado jueves 29 de junio, el colectivo de abogados de José Alvear Restrepo radicaron ante la Corte Constitucional una recusación contra Jorge Enrique Ibáñez con el objetivo de que el magistrado sea apartado de la discusión de la demanda que cursa contra el proyecto de la ley de Paz Total.
El grupo de abogados argumenta que la supuesta filtración de la ponencia del magistrado Ibáñez a los medios de comunicación podría configurar un vicio procedimental.
En la recusación, firmada por Jomary Ortegón Osorio, la presidenta de Cajar; Soraya Gutiérrez Arguello, coordinadora del Eje Paz de Cajar y Juan David Romero Preciado, abogado del colectivo, advierten, basándose en la información del medio de comunicación El Espectador, Ibáñez tiene la intención de tumbar el proyecto que impulsa el gobierno de Gustavo Petro.
“Aunque todavía no se conocen los detalles de fondo de este documento, este diario pudo confirmar que la ponencia de Ibáñez busca tumbar esa ley”, manifestó el colectivo de abogados en el documento de la recusación.
El colectivo de abogados también argumentó que al filtrarse el sentido de la ponencia de Ibáñez a los medios de comunicación podría afectar la legitimidad del fallo que tomen los jueces de la Corte Constitucional.
“La publicación irregular de documentos sometidos a reserva en un estadio del proceso clave para la incidencia en la decisión de los juzgadores, resulta ser un grave riesgo al equilibrio entre las ramas del poder público, dado que se ponen a los jueces constitucionales en el lugar de presiones públicas que afectan la legitimidad de sus decisiones”, aseguró la Cajar.
No obstante, el colectivo de abogados aseguró que, “si bien no puede endilgarse una responsabilidad individual al magistrado que demuestre un interés actual y directo en que se filtrara la decisión para que se presionara a sus compañeros de sala, lo cierto es que en estos días no se ha anunciado el inicio de investigaciones disciplinarias que dé cuenta de la gravedad del asunto y que den cuenta de acciones realizadas para investigar y sancionar a los responsables”
Además, los abogados consideran que la publicación anticipada e “ilegal” del sentido de la ponencia del magistrado constituye una conceptualización previa realizada por el despacho de Ibáñez y que se debe considerar ser juzgada como prejuzgamiento.
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