Reforma a la Presidencia dejaría a Colombia sin entidad que atienda a la población migrante

La reforma del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, anunciada por Mauricio Lizcano elimina la figura del Gerente de Fronteras o de la formalmente denominada Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, dejando el tema migratorio venezolano descabezado en la institucionalidad colombiana.

Se suele pensar que la administración migratoria es una responsabilidad exclusiva de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, pero la misionalidad y capacidades de dicha institución se restringen al registro y la regularización migratoria, su incidencia en la integración o en la gobernanza de los fenómenos de movilidad humana son muy limitados.

Cuando inició la crisis por la movilidad humana proveniente de Venezuela en agosto de 2015, la respuesta del Estado colombiano se concentró en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como si se tratara de un desastre natural que obligaba una respuesta de emergencia.

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Ddicha dependencia fue la responsable de la coordinación de la institucionalidad nacional y local para atender a los miles de colombianos que llegaban huyendo de la persecución que el Gobierno de Nicolás Maduro desataba en la zona de frontera con las Operaciones para la Liberación del Pueblo.

Por eso, la Ungrd terminó asumiendo durante los primeros años parte de las responsabilidades en el abordaje y atención de los migrantes y retornados provenientes de Venezuela.

Incluso, en el primer semestre de 2018 fue la institución responsable de desarrollar el Registro Administrativo de la Migración Venezolana (Ramv) con el apoyo de la cooperación internacional y articulado a las personerías. Entre tanto, surgía la figura de la Gerencia de Frontera con Venezuela, a la que le correspondería articular las diferentes instancias del Estado colombiano en una crisis que se prolongaba en el tiempo.

Sin presupuesto, sin funciones claramente definidas, con un pequeño equipo de asesores pago por la cooperación internacional, en una oficina sin ventanas en el Palacio de Nariño, le correspondió a Felipe Muñoz, asumir la gestión de la migración. Sobre todo, empezar a construir espacios de diálogo entre ministerios, cuerpos de seguridad, gobernadores, alcaldes, funcionarios nacionales y locales, actores de los sectores públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil, migrantes venezolanos y comunidades receptoras, para ir resolviendo el día a día de la migración.

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En el momento que se creó la Gerencia de Fronteras, la migración creció 290 %, pasando de 403.702 venezolanos en el 2017 a 1.174.743 en 2018.

Las capacidades personales del entonces gerente Muñoz le permitieron al Estado colombiano sobreaguar el tema migratorio, avanzar en dirección a la construcción de una política pública e iniciar la discusión de la primera ley migratoria, que solo se materializaría en agosto del año pasado.

Tal era la complejidad del tema que el recién llegado Iván Duque dio continuidad a los funcionarios que venían trabajando el tema en la administración de Juan Manuel Santos: Felipe Muñoz en la Gerencia de Frontera; Christian Krüger, en Migración Colombia, y Víctor Bautista, responsable de Fronteras en la Cancillería.

Fue la continuidad una de las claves que permitió madurar las ideas e ir construyendo una respuesta colombiana, que hoy es punto de referencia global. Por ejemplo: el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Etpv), la primera vez que se empezó a plantear fue en 2017, como una idea de una funcionaria de carrera diplomática. Luego fue trabajada por algunos grupos académicos, entre los que se incluye el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, como queda evidenciado en el documento ‘Retos y oportunidades de la movilidad humana venezolana en la construcción de una política migratoria colombiana’, que coordinó la profesora María Clara Robayo.

El tema continuó evolucionando hasta que en febrero de 2021 fue anunciado por el presidente Iván Duque, a quien se debe reconocer la voluntad política para materializarlo y ejecutar su primera parte, el registro.

El segundo y último gerente de Fronteras, Lucas Gómez, concentró su gestión en la integración socioeconómica, tanto que se cambió el nombre por el de Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante.

Su papel se desdibujó por el protagonismo que adquirió Juan Francisco Espinosa como director de Migración Colombia, a quien le correspondió ejecutar la primera parte del Estatuto: el registro, la identificación y la regularización de la población venezolana en condición de movilidad humana.

Pero a diferencia de lo que muchos creen, el tema de la migración venezolana no se ha resuelto. El Estatuto y la ejecución de su primera etapa son sobresalientes a nivel internacional, pero lo más difícil que es la integración de la población con la comunidad receptora y el acceso a derechos aún está pendiente.

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El protagonismo que ha jugado Migración Colombia se desvanece en el proceso de integración migratoria. El nivel de articulación que demanda el tema implica que la persona responsable y su equipo sean la voz no del Gobierno sino del Estado en la materia. El responsable del tema migratorio venezolano debe coordinar la cooperación internacional y anteponer los intereses de Colombia, pero, sobre todo, debe coordinar a las autoridades y responsables del nivel nacional y local.

De hecho, su trabajo es mayor en la política doméstica que en la internacional, por eso es un error transferir las competencias a la Cancillería.

Trabajar con alcaldes, secretarios, cuerpos de seguridad, reuniones con comunidades y organizaciones sociales, canalizar demandas, apoyar el diseño de políticas públicas, convencer a los gremios y sectores privados, actores que tienen alta injerencia en la integración efectiva, como por ejemplo el sector financiero que se niega a dar acceso a los servicios como el crédito a los migrantes venezolanos por más regularizados que se encuentren, son algunas de las funciones que han quedado acéfalas con la decisión de cerrar la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, más conocida como Gerencia de Fronteras.

El argumento de los costos o la duplicación de funciones, que se usó para la transformación del Dapre, no aplica para la Gerencia de Fronteras. El único funcionario era el gerente, el resto del equipo lo pagaba la cooperación internacional y las funciones del gerente, aunque difusas, no las desarrolla ningún otro funcionario en el Estado colombiano.

Incluso, el director de Migración Colombia no tiene competencia ni capacidad para desarrollar esas actividades. Si se las quieren otorgar, se debería hacer una reforma que implicaría sacar a Migración Colombia de la Cancillería y elevarla a un departamento administrativo.

La migración venezolana no está regresando a su país. Por el contrario, el fenómeno se ha complejizado con las medidas asumidas por la Administración norteamericana. Al iniciar el Estatuto de Protección en 2021 la diáspora era de 5,6 millones, hoy llega a los 7,1 millones y más de la tercera parte de ellos están en Colombia.

El camino recorrido en institucionalización de la respuesta del Estado queda en riesgo con la última decisión del Gobierno. Se debe trabajar en una respuesta integral para la migración venezolana.