Registraduría: ¿qué interés especial tiene el Gobierno Petro en el órgano electoral?

Hay un tema que viene incomodando al registrador nacional, Hernán Penagos: la retórica insistente que se ha venido construyendo desde la Casa de Nariño sobre la posibilidad de un fraude que se gestaría desde esa entidad para las elecciones del 2026.

Ese será un año fundamental para que el progresismo, la tendencia política que lidera Gustavo Petro, pueda mantener las mayorías electorales que ganó en el 2022, comenzando por la propia Presidencia de la República y por ser la bancada más fuerte al menos en la Cámara de Representantes, algo que nunca se había visto en ese sector.

Hablar de un eventual fraude no ha sido ajeno al actual Mandatario. Incluso, al revisar los comicios de los últimos años se encuentra que lo ha tenido como un referente permanente, aunque a la postre los resultados han exitosos para él y el Pacto Histórico.

Precisamente, el 13 de marzo de 2022, cuando tuvieron lugar las elecciones legislativas, el entonces precandidato presidencial llamó a sus seguidores a estar atentos a un robo de votos: “Estamos siendo testigos de un masivo fraude electoral, tal como lo advertimos previamente. Decenas de miles de mesas de votación no reportan ningún voto a favor del Pacto Histórico, debido a irregularidades, como se ha demostrado en el proceso de escrutinio. Hacemos un llamado a cuidar masivamente los votos, no nos robarán el futuro de Colombia”.

La voz de Petro en ese momento contrastaba con la de su alfil en la lista al Senado, Gustavo Bolívar: “Tenemos que aceptar que nos han dado garantías, nos han dejado nombrar un auditor para que esté presente en el escrutinio y, sobre todo, tenga acceso a los códigos fuente de la Registraduría”.

Los posteriormente senadores María José Pizarro y Roy Barreras tampoco consideraban que hubiese fraude.

Justo dos años después, en marzo pasado y cuando posesionaba a magistrados del Consejo de Estado, Petro volvió a hablar del tema: “...el software de la Registraduría con el que se hacen los escrutinios es maleable, modificable, débil, manipulable desde adentro, desde afuera, y fue a través del software que se hizo el fraude al partido Mira, en beneficio de otros, que no vale la pena recordar. Esa sentencia mostró una debilidad profunda del sistema electoral colombiano”.

Y complementó: “Tenemos una enorme vulnerabilidad en nuestro sistema electoral, que es proclive al fraude y, por tanto, un enorme peligro de la democracia. Esa fue una luz hecha con esfuerzos, con horas, con dedicación, que se irradió del Consejo de Estado”.

La inspección

Poco después, la superintendente de Industria y Comercio, SIC, Cielo Rusinque, ordenó la realización de visitas administrativas de inspección a la sede del órgano electoral, las cuales se fecharon los días 12, 13, 14, 15, 18, 20 y 22 de marzo de 2024.

El propósito de la SIC era reunir información relacionada con el cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal. Es decir, la Superintendencia pretendía encontrar las supuestas irregularidades que se habrían dado en la contratación con la multinacional Thomas Greg and Sons.

Fue tal la molestia e intimidación que suscitó esa visita, que los funcionarios de la Registraduría reclamaron la presencia de la Procuraduría General de la Nación, sobre todo porque, como se vio en un video grabado ese día, una funcionaria de la SIC les aseguró que no había una investigación en concreto ni la certeza de que se estuviera cometiendo algún delito.

Pero en el que ha sido llamado por algunos sectores como ‘el plan de intimidación del Gobierno a la Registraduría’, también habría intervenido el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien interpuso una denuncia contra el registrador Penagos “por entregarle un millonario contrato a Thomas Greg para la realización de las elecciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL)”.

Esto porque, según el funcionario, el contrato por $ 40.000 millones “se diseñó a la medida de la empresa que es ‘reina’ de la contratación para los procesos adelantados por el órgano electoral de Colombia.

Penagos, quien el primer semestre de su gestión había guardado silencio frente a la situación, pidió el acompañamiento de la Procuraduría al momento de contratar la logística necesaria para las elecciones atípicas, con el fin de que se constatara la legalidad de todo lo actuado.

Precisamente por ello, el Registrador Nacional contestó en su momento: “Los funcionarios responden ante los órganos de control, no ante funcionarios de un gobierno. Un funcionario de un gobierno no puede sentenciar quién comete actos legales o ilegales”.

Último episodio

Pero como para que no queden dudas de que la operación del órgano electoral se ha convertido en un interés prioritario para la Casa de Nariño, el pasado 10 de noviembre el Mandatario colombiano replicó en su cuenta de la red social X un mensaje de Cielo Rusinque en el que defendía la función de vigilancia que la SIC puede tener sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esto, a propósito de que la Superintendencia imputó cargos a nueve funcionarios de la entidad encargada de organizar los comicios en el país por no haber entregar información durante las visitas de marzo pasado.

Además, el presidente Petro comentó: “¿Por qué algunos sectores políticos y de la prensa, al lado de (exfiscal general) Barbosa, no quieren que la Superintendencia cumpla su función constitucional en la contratación de la Registraduría? Aquí se explica la función constitucional de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

De igual forma, otro capítulo de las que serían acciones del Ejecutivo en contra la Registraduría tuvo lugar cuando, al momento de presentar la ponencia del Presupuesto General de la Nación para el primer debate en el Senado, el monto solicitado para esa entidad se fijaba en $ 800 mil millones, cuando desde la administración de Penagos se habían solicitado cerca de $ 3,3 billones, fundamentales, según se dijo, para empezar a contratar la organización electoral del 2026.

Aunque desde el Gobierno se calificó esa situación como una equivocación, el Registrador ha asegurado de que estará muy pendiente de que cuando se expida por decreto el Presupuesto General del 2025 se incluya la cifra completa que requiere el órgano electoral para cumplir sus funciones.

“Yo no siento persecución, lo que creo es que en algunas entidades no tienen claridad sobre cómo funciona la estructura del Estado colombiano, la Registraduría es un órgano autónomo, independiente”, respondió Penagos al ser interrogado por lo actuado por funcionarios de la Casa de Nariño.

Y añadió: “el Gobierno no puede investigar a entidades autónomas, como la Registraduría. Aceptar que una entidad del Gobierno pueda investigar a la Registraduría es aceptar que puede investigar a la Procuraduría, a la Fiscalía y a las Cortes y así no está diseñada la estructura colombiana”.

Además, Penagos sostuvo que no sabe por qué el Primer Mandatario ha hecho diversas declaraciones en contra del sistema electoral, pero reconoce algo positivo en ello: “Yo, la verdad, no tengo la menor idea de por qué lo dice, pero en Colombia es muy importante explicar permanentemente cómo funciona el proceso electoral, y con eso, sin duda, debe haber garantía y tranquilidad de los ciudadanos”.