Los cargos contra Rodolfo Hernández por irregularidades en su campaña presidencial

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández y su esposa, Socorro Oliveros, deberán responder en un nuevo proceso judicial por la acusación de financiación de campaña electoral con fuentes prohibidas, luego de que ambos se declararan inocentes sobre ese delito imputado por la Fiscalía General que hace referencia al ingreso indebido de 127 millones de pesos.

“Declarada efectuada la imputación a los señores Rodolfo Hernández Suárez y Socorro Oliveros de Hernández. Asimismo se les hace saber que a partir de este momento no podrán enajenar bienes sujetos a registro que tengan a su nombre”, señaló la jueza de control de garantías.

La denuncia por esos delitos fue presentada por dos abogados que indicaron que en la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, avalado por su partido, Liga de Gobernantes Anticorrupción, se presentaron varias irregularidades, especialmente en relación con la violación de la Ley 1475 que regula la financiación de las campañas políticas.

Según se dijo, se aportó una cifra cercana a los 127 millones de pesos a su aspiración a la Casa de Nariño por parte de una de las empresas del ingeniero de la cual, la representante es su esposa. La cuestión es que Hernández ya había sido vinculado a un proceso penal por delitos contra la administración pública, por lo que tenía una expresa restricción para aportar a su propia campaña.

En la actualidad, el excandidato enfrenta un juicio por el caso de corrupción de Vitalogic que ocurrió mientras se desempeñaba como Alcalde de Bucaramanga, en el que, según la Fiscalía General de la Nación, habría exigido sobornos para entregar un millonario contrato.

“Juntaremos el testimonio de José Manuel Barrera Arias, computado y testigo de los hechos, quien conoció del direccionamiento o favorecimiento del contrato de consultoría a favor de Jorge Alarcón por parte del ingeniero Rodolfo Hernández, al cumplir sus órdenes como directivo de la Emab, además de saber el direccionamiento facilitándole los estudios previos al futuro contratista Jorge Alarcón para que los corrigiera, revisara y modificara a su favor”, indicó el fiscal quinto de administración pública de la Fiscalía de Santander al respecto.

Por esos procesos en los que se hallaron los hechos de corrupción, la Procuraduría General lo sancionó con destitución e inhabilidad de doce años para ejercer cargos públicos.

En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria estableció que el ingeniero utilizó su cargo, en el que además era presidente de la junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), para ejercer presiones para la adjudicación del contrato: “Se apartó de la función pública en cuanto no desempeñó sus funciones de actuar en beneficio del bien general, sino que, por el contrario, usó el poder otorgado con su cargo o investidura para buscar beneficios personales, transgrediendo el fin último del servicio público que es servir a los demás y no a sí mismo”.