Documento de Olmedo López revela cuáles serían los congresistas que habrían vendido su voto al gobierno de Gustavo Petro

Al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, se siguen sumando pruebas que salpican a congresistas, ministros, entre otros personajes de las altas esferas. Esta vez, un documento escrito sería una de las evidencias más contundentes.

Olmedo López, exdirector de la UNGR, entregó a las autoridades un documento escrito a mano por la representante Karen Manrique, en donde se pueden leer los nombres de los congresistas que presuntamente vendieron su voto al gobierno de Gustavo Petro.

SEMANA conoció este texto, el cual está escrito en una hoja cuadriculada de una libreta, y en la que se puede leer el nombre de cinco colegas de Manrique, los cuales estaban pendientes por los contratos de Carmen de Bolívar, Cotorra y Saravena, según manifestó Olmedo López.

En total, los contratos anteriormente mencionados sumaban alrededor de $ 92.000 millones, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades.

Los nombres que se pueden leer en el documento son: Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y la propia Karen Manrique.

En la hoja cuadriculada, al lado de la letra de Manrique, aparece otra caligrafía. Según López, es la de él. Allí se lee: “Créditos aprobados en diciembre (15), país no se quedará sin energía. Doy fe”. Al lado, para descartar cualquier de duda, estampó su firma.

Asimismo, Semana conoció que en la próxima página estaba un escrito de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, en la que da respuesta a Olmedo López sobre los contratos corruptos.

“1) El Salado, del municipio de Carmen de Bolívar, $11.700. 2) Cotorra, departamento de Córdoba, $46.000. 3) Río Bojabá, en el municipio de Arauca, $34.000. Total: 91.700″, decía Pinilla al referirse al valor de dichos contratos.

Estas serían las pruebas reinas del entramado de corrupción entre el Gobierno Nacional y algunos congresistas. De hecho, a los seis congresistas que anteriormente se nombraron se les abrió una investigación desde la Corte Suprema de Justicia.