¿Se tensan las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Petro? Análisis

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la condecoración con la Cruz de Plata promovida por el Gobierno y la inédita posesión del magistrado José Joaquín Urbano sin la presencia del presidente Gustavo Petro, pusieron sobre la mesa el debate sobre si se trató de un acto de reafirmación de la autonomía judicial o una respuesta a los desplantes del mandatario hacia las altas cortes

Jueces, exmagistrados y expertos coinciden en que estos episodios no representan una confrontación abierta, sino a un ejercicio de separación de poderes en un sistema democrático.

El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández aseguró que la decisión de la Corte de rechazar el homenaje del Gobierno no debe ser vista como una respuesta al presidente Petro, sino como una medida destinada a preservar la independencia judicial.

Según Hernández, la condecoración estaba dirigida a reconocer a los magistrados de la Corte, quienes fueron víctimas de ‘chuzadas’ por del extinto DAS, pero “el rechazo no tiene nada que ver con un ataque o confrontación con el presidente, sino con el respeto a la imparcialidad del poder judicial”.

En este sentido, destacó que la Corte actuó dentro de los límites de un sistema democrático, donde las ramas del poder público son autónomas y no pueden verse comprometidas por homenajes o acciones externas.

Para el presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera, la Corte demostró con esta acción su firme postura frente a cualquier tipo de interferencia de otros poderes del Estado, destacando que es esencial que la independencia judicial sea protegida y que no haya espacios para la injerencia política.

Asimismo, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Darío Lara, destacó que las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte son parte de las “estructuras constitucionales” que permiten un “sano equilibrio” entre los poderes del Estado, sin que ello implique una confrontación directa.

También llamó la atención la inédita posesión del magistrado Urbano ante la Corte Suprema de Justicia, sin la presencia del presidente, levantando cuestionamientos sobre la relación entre la Casa de Nariño y la Corte.

Este evento, que se dio en el marco de una reforma a la Ley de Administración de Justicia de 2023, que condicionó la posesión ante el jefe de Estado, fue interpretado por varios expertos como una manifestación de la voluntad de la Corte por reafirmar su independencia frente al Ejecutivo.

Hernández explicó que esta decisión se basa en una sentencia de la Corte Constitucional que permitió a los magistrados decidir si se posesionaban ante el mandatario o la propia Corte.

“No se trató de un desafío al presidente, sino de un acto de autonomía dentro del marco de una ley estatutaria”, afirmó.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry argumentó que este acto tiene un claro objetivo: evitar posibles malentendidos, retrasos o incomodidades derivadas de la presencia del Ejecutivo en el proceso.

“El tema de la posesión de magistrados ante el presidente merece una reflexión, pero cuando hay incumplimiento en la delegación de funciones, la mejor opción es que los magistrados se posesionen directamente ante la misma corporación. De esta manera, se hace énfasis en la independencia y autonomía de la institución”, subrayó.

“En el espíritu y el ánimo de los magistrados y todos los funcionarios judiciales, lo que existe son estas ganas de ejercer su tarea de manera independiente, con rigor y certeza jurídica”, sentenció Herrera, quién explicó que no se puede atribuir el comportamiento de la Corte a ningún otro factor que el “defender la dignidad judicial”.

Así las cosas, el presidente de la CEJ pidió “mesura” al Ejecutivo y que “recupere el poder” que le otorga la Constitución de “proteger el equilibrio de poderes, defender la división de las diferentes ramas y rendirle tributo a la independencia judicial”.

Petro y la crisis institucional

Para Herrera, las declaraciones del mandatario sobre los magistrados han sido descalificadoras y han socavado la institucionalidad judicial.

“El presidente Petro ha utilizado un lenguaje grosero, obsesivo y altisonante contra la Corte, lo que pone en peligro la unidad nacional y la estabilidad institucional”, señaló.

El constitucionalista, también opinó que la posición de la Corte refleja la necesidad de mantener su independencia en medio de un ambiente enrarecido por las críticas del Ejecutivo.

Charry destacó que la Corte Suprema de Justicia está investigando varios escándalos que involucran al Gobierno, como el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, lo que aumenta la necesidad de marcar distancias claras entre la política y la justicia.

Según él, la independencia de la Corte se ve no solo en su rechazo a la condecoración, sino también en su postura frente a las investigaciones y decisiones judiciales en curso.

En relación con las recientes críticas del presidente Petro a las decisiones judiciales, Charry señaló que no es algo inédito en el contexto colombiano.

“No ha sido extraño que los presidentes critiquen decisiones de las corporaciones judiciales. Lo importante es que, a pesar de las críticas, el Ejecutivo debe acatar las decisiones judiciales”, apuntó.

Además, hizo énfasis en que, aunque el mandatario ha utilizado un lenguaje más confrontativo que los gobiernos anteriores, hasta ahora su administración ha acatado las decisiones de la Corte, pese a los desacuerdos.

De acuerdo con él, el magistrado Lara destacó que lo esencial es que ambas ramas respeten los límites establecidos por la Constitución.

A su juicio, “las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte son parte del sistema democrático colombiano, pero deben mantenerse dentro de los márgenes constitucionales para no socavar la estabilidad del Estado de derecho”.

La relación entre el poder judicial y el Ejecutivo en Colombia no es nueva, y las tensiones entre ambos poderes siempre han sido parte del debate constitucional del país.

Sin embargo, la intensidad de los recientes intercambios entre Petro y las altas cortes ha puesto en evidencia las fricciones existentes, especialmente en el contexto de las investigaciones judiciales que involucran al Gobierno.

Lara recordó que la Constitución de 1991 establece un sistema en el que las ramas del poder público deben actuar de manera autónoma, pero dentro de un marco de respeto mutuo.

En su opinión, “las tensiones entre el Ejecutivo y las Cortes son parte de la dialéctica constitucional, pero lo fundamental es que se mantenga el equilibrio entre los poderes”.