Sigue la polémica política y jurídica en el país, tras la investigación del CNE al presidente Petro

La controversia política, los alegatos jurídicos y los tiempos que tomará el proceso siguieron escuchándose ayer en el país, después de que el Consejo Nacional Electoral decidió investigar la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Precisamente, temprano el Jefe de Estado aseguró: “Ni me asusto, ni el pueblo tiene que asustarse, ni nos vamos a dejar tumbar, porque esto se dirime con la movilización popular en las calles de Colombia”, luego de que el día anterior insistiera en que “ha comenzado el golpe de Estado”.

Además, desde su cuenta en X, respondió al presidente del CNE, César Lorduy, quien sostuvo que “en ningún momento la competencia del tribunal ataca ni puede atacar el fuero del Presidente” y que este solamente es competencia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

“Esta es la trampa de Lorduy: Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario”, agregó Petro.

Sin embargo, la cabeza del tribunal electoral le reiteró a la revista Semana que “es solamente formular cargos y abrir investigación, no es una sanción, sino es precisamente para que se inicie una investigación que permita demostrar o no si los hechos presuntos, que se mencionan en el pliego de cargos, son ciertos o no lo son”.

Lo cierto es que la Casa de Nariño no se quedó quieta e hizo efectiva la solicitud expresada por el Mandatario para que la Comisión de Acusaciones levante la reserva existente sobre el expediente que le sigue esa instancia, al tiempo que, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió medidas provisionales para el Mandatario colombiano.

A su vez, el gabinete ministerial suscribió en una carta que el proceder del CNE “puede traer graves consecuencias a los principios democráticos que protegen la función presidencial y el Estado de Derecho”, asegurando que la decisión del tribunal “es contraria a la jurisprudencia constitucional, lo que evidencia la pérdida de objetividad e imparcialidad de los magistrados”.

“No hay golpe de Estado”

“Presidente: en vez de denunciar un Golpe de Estado, que no existe, el Gobierno debe promover activamente la propuesta de acuerdo nacional que presentó su Ministro del Interior, contribuyendo así a moderar la polarización política, que es uno de los principales problemas del país”, escribió ayer en X el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo.

De igual forma, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia sostuvo que “en Colombia no hay ningún golpe de Estado. Lo que pasa es que el Presidente ve golpes todas las semanas: blandos, duros, pagados, financiados. Lo grave no es que se investigue la campaña, lo grave es que haya violado los topes electorales, violando la ley”.

Y su colega por la Alianza Verde Angélica Lozano reiteró que “Petro no es tumbable ni por el tiempo ni por la política”, pero sí llamó a que “es crucial” que el entonces gerente de la campaña presidencial y hoy jefe de Ecopetrol, Ricardo Roa, salga del cargo para hacer su defensa jurídica ante el CNE sin afectar la empresa.

Entre tanto, el analista político Germán González consideró que lo actuado por el tribunal electoral “no vulnera el fuero presidencial, ya que este protege al Presidente en ejercicio de ciertas investigaciones judiciales, pero no lo excluye de investigaciones relacionadas con su campaña electoral”.

Según él, las reacciones de Petro parecen ser “una combinación de estrategia política y defensa legítima”, mientras que el abogado Hernando Herrera, sostiene que “las palabras incendiarias del Presidente ponen en combustión toda la institución”, descartando que la investigación del CNE implique una injerencia en el ámbito penal, competencia del Congreso.

¿Alcanzará el tiempo?

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, MOE, si, como se ha anunciado, la defensa del Jefe de Estado interpone una acción de tutela para reversar la decisión del CNE, se iniciaría un largo proceso jurídico que impediría que haya una definición del caso antes de que expiren los tres años que la ley contempla para que se investigue una campaña.

Esto porque, como se muestra en el gráfico de arriba, es de esperarse que los abogados del Mandatario interpongan todos los recursos a su disposición para dilatar el estudio del caso, incluyendo la consulta ante la Corte Constitucional que, a diferencia del Consejo de Estado, no se ha pronunciado puntualmente sobre la investigación a la campaña presidencial. Precisamente, la investigación del CNE se basa jurídicamente en un concepto positivo del Consejo de Estado.