Sigue preocupación por seguridad de candidatos tras ola de violencia electoral

Aunque la Unidad Nacional de Protección, UNP, cumplió la orden presidencial de resolver en 72 horas todas las solicitudes de esquemas de seguridad de candidatos que están en riesgo por la ola de violencia electoral, se mantiene la preocupación por su integridad.

Ello, debido a que la Unidad aseguró que no les puede brindar garantías a todos los políticos, debido a su alto número.

Frente esta situación, expertos en la materia avanzaron en plantear estrategias de seguridad con las que se podría garantizar la integridad de quienes aspiran a ser elegidos para cargos de elección popular el próximo 27 de octubre.

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Según el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosania, es imposible garantizar su seguridad de todos los candidatos, puesto que se evidencia un problema estructural en términos de protección, dado que la UNP ha manifestado, en muchas ocasiones, no tener los suficientes recursos económicos para operar.

Rosania agrega que el Gobierno Nacional debe focalizar los esfuerzos en los municipios donde hay mayores riesgos de presencia de grupos armados y economías ilegales, así como en las zonas de frontera (el Catatumbo, la Costa Pacífica nariñense, el Norte del Cauca, el bajo Cuca antioqueño, el Meta y el Guaviare).

También plantea crear una estrategia interagencial para apoyar a la Unidad Nacional de Protección, “así, el Ejército, la Policía y demás entidades podrían hacer acompañamiento en las zonas de mayor conflictividad”.

La UNP asegura que 496 solicitudes de esquemas de protección fueron resueltas en los plazos estipulados por el presidente Iván Duque.

Por su parte, Jorge Iván Cuervo, analista político, asegura que el Gobierno se tardó en convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, donde se tenían que tomar decisiones de carácter preventivo con base en los estudios correspondientes y no actuar sobre la marcha sin hacer investigaciones previas sobre los esquemas de protección.

“Si se comparan las elecciones pasadas en el desarrollo de las conversaciones con las Farc se redujo considerablemente la violencia. Si el Gobierno hubiese tenido un discurso distinto sobre la paz y hubiera legitimado a los defensores del Acuerdo en las distintas regiones, el escenario de riesgo sería diferente”, sostiene.

Entre tanto, Hugo Acero, experto en temas de seguridad, dice que hay que reconocer que el Gobierno Nacional está haciendo esfuerzos para tratar de garantizar la vida y la integridad de los candidatos a las elecciones regionales, pero que la cantidad de inscritos no permite una cobertura total del problema.

Hasta el momento, 1639 candidatos cuentan con equipos de seguridad, que van entre escoltas, vehículos blindados y chalecos, dependiendo de cada situación.

Para él, regiones como el sur de Córdoba, el norte del Cauca, Tumaco y el Catatumbo deberían tener mucha más presencia del Ejército, sobre todo en sus zonas rurales, que es donde se localizan la mayoría de los aspirantes que están en mayor riesgo, pero insiste en que el Ministerio de Defensa desde ya tendría que tener un plan de reacción ante un eventual recrudecimiento de esta situación y no esperar a que falten quince días para hacer un plan candado, como se hace generalmente.

Según el último informe de la MOE, desde el inicio del calendario electoral han sido asesinados siete aspirantes a cargos de elección popular a nivel local, en tanto que otros 54 han sido víctimas de otro tipo de violencia política.

En él también se indica que los partidos que más se han visto afectados por la ola de violencia son Cambio Radical, Liberal, Centro Democrático y la U.

Los analistas coinciden en que existe una necesidad de incrementar la inteligencia militar para defender a los candidatos.

Concluyen que el pie de fuerza está generando un efecto globo, es decir, “meten un batallón y los grupos armados lo que hacen es correrse del territorio para posteriormente regresar”.

Agregan que hay carencia de investigación criminal y otro tipo de intervenciones que garanticen la gobernabilidad: “Se requiere de un trabajo conjunto entre instituciones, funcionarios y comunidad”.