“Tenemos nuestros ojos puestos en Buenaventura desde hace diez años”, dice embajador de la Unión Europea en Colombia

Por Olga Lucía Criollo, Editora de Política y Paz

“Nos parece muy importante que los ceses al fuego que se han podido construir, en particular con el ELN y el EMC (Estado Mayor Conjunto), y también las treguas urbanas en Buenaventura, se transformen en ceses de las afectaciones a las poblaciones”, dice Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia, quien está muy comprometido con la consolidación de la paz en nuestro país.

Pero también tiene asuntos económicos en su agenda: “La esperanza es  que nuestra relación comercial siga evolucionando a una diversificación amplia de las exportaciones y en esto el Valle del Cauca, con su base industrial, puede jugar un papel importante”.

De estos temas, además de los aportes que está haciendo la Unión Europea en Colombia, en materia de paz, Bertrand habló en entrevista con El País.

¿Qué proyectos está apoyando la Unión Europea en Buenaventura?

Tenemos nuestros ojos puestos en Buenaventura desde hace diez años y hemos trabajado mucho con la sociedad civil y el sector privado para tratar de expresar el potencial enorme que tiene la ciudad y el Distrito. Desde la llegada del presidente Petro y la apertura de varios diálogos de paz en el país, la Unión Europea ha apoyado esas dinámicas. Tenemos varios países miembros que son acompañantes del proceso con el ELN: Alemania, España y Suecia, y la delegación de la Unión Europea e Irlanda acompañamos el proceso con el EMC, y tuvimos, desde la Unión Europea, un compromiso específico con Quibdó y Buenaventura, en sus  procesos de paz urbana. Queremos rodear el proceso, trabajar con la Alcaldía, la Gobernación, el Gobierno Nacional, pero también con el sector privado y las comunidades, para tener una dinámica  que vaya más allá de la negociación entre los dos grupos locales y permita  un dinamismo económico, social y de desarrollo para Buenaventura.

¿Y en el resto del país, dónde están trabajando?

A través del Fondo Europeo para la Paz y de varios programas, hemos trabajado en prioridad con los territorios que, después del Acuerdo de Paz, se liberaron de la presencia de las Farc y era necesario tener unas dinámicas de desarrollo y perspectivas económicas para las comunidades y la llegada del Estado. Entonces, la Unión Europea y los Estados miembros hacemos presencia en todo el país, pero en el arco de deforestación que va del Guaviare al Putumayo, y en la Costa Pacífica, es donde se encuentra el mayor esfuerzo de política de cooperación.

¿Qué recursos destina la Unión Europea al desarrollo de estos programas en Colombia?

Es difícil decirlo, pero en los últimos 5 o 10 años, en términos de sociedad civil, llegamos a alrededor de 10 millones de euros, que han sido proyectos trabajando con la sociedad civil. Lo que queremos, a través de este esfuerzo de rodear el proceso de paz urbana, es llegar a un momento donde también se pueda hablar de inversión privada, porque una de las paradojas de Buenaventura es que, por su ubicación geográfica, tendría que ser la ciudad más rica de Colombia: todas las empresas tendrían que pelearse para tener una fábrica o un almacén en Buenaventura por la cercanía al puerto, y no quiere decir que el puerto mismo pueda crear empleos, porque los puertos modernos no crean muchos empleos, pero sí generar esa dinámica de que cada fábrica de transformación de productos químicos tiene un interés de estar tan cerca de él.

Una conversación, por ejemplo, que tenemos con muchas ciudades del país es que quieren hacer la transición al transporte sostenible, a los buses eléctricos, y si Colombia decide tener su propia industria de buses eléctricos, el mejor lugar para fabricar baterías eléctricas sería Buenaventura, porque ahí llegarían directamente los minerales. Es un ejemplo para decir que hay que hacer este trabajo con el sector privado nacional, empresas internacionales y las comunidades, para que ese dinamismo económico se pueda dar.

Usted se entrevistó con la comisión de la Comisión Interamericana de DD. HH. que estuvo hace poco en el país. ¿De qué hablaron?

Fue una conversación de cómo la paz y el mismo Estado colombiano pueden llegar a territorios apartados del país donde la situación de seguridad puede ser muy precaria y donde la presencia del Estado es mínima. Nos parece que esos dos años, que son el periodo de implementación para cualquier Gobierno en Colombia, cuando se sabe con cuáles alcaldes y gobernadores uno está trabajando, son cruciales para implementar esa llegada de servicios a los ciudadanos de  muchas zonas de conflicto del país donde la salud, la educación, la justicia, los servicios fundamentales del Estado a veces no están presentes.

Es lo que el Alto Comisionado para la Paz llama la territorialización de la Paz Total, y esos experimentos de paz urbana en Buenaventura y Quibdó son un buen ejemplo de ello: un diálogo entre las bandas, pero, más allá, la construcción de una dinámica económica que da perspectivas a la gente, y en particular a los jóvenes.

¿Y puntualmente con respecto a los procesos de paz que ustedes acompañan en el país?

Que nos parece muy importante que los ceses al fuego que se han podido construir, en particular con el ELN y el EMC, y también las treguas urbanas en Buenaventura, se transformen en ceses de las afectaciones a las poblaciones. Es decir, las comunidades tienen que ver los beneficios de esos ceses, y eso quiere decir un trabajo más profundo sobre extorsiones, violaciones de Derechos Humanos, asesinatos y otras afectaciones. Pero lo que hemos visto desde hace cuatro o cinco años es que, con la presencia territorial de esos nuevos grupos armados, hay estrategias de un control social más estrecho con las comunidades  y eso son violaciones de los Derechos Humanos de campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Entonces, llegada la paz, el tema es cómo el Estado puede articular esa llegada a territorios enteros. Creo que la experiencia de Buenaventura o la de Quibdó, teniendo a políticos que están tomando el liderazgo de las mesas socio jurídicas, como Alejandro Ocampo en Buenaventura,  y David Rasero en Quibdó, es un buen ejemplo, porque ellos tienen capacidad de articular entre poderes locales, sociedad civil y el Gobierno, para  buscar las inversiones que son indispensables en cada ministerio.

¿Pero qué opina de que se haya suspendido el cese con la facción del EMC que lidera ‘Iván Mordisco’?

Por ahora, el cese está suspendido solo en Cauca, Valle y Nariño, y una parte significativa del EMC sigue en voluntad de estar sentados en la negociación con el Gobierno y acelerar procesos de transformación territorial y protocolos firmaron con ellos. Sería positivo que el resto del EMC o una parte lo más amplia posible se volviera a sumar a esas dinámicas, son conversaciones que están en curso y veremos en qué dirección van, pero lo que hay que ver es que las partes del EMC que siguen con este compromiso por la paz lo hacen también porque es lo que las comunidades mismas les dicen que hay que acelerar este proceso para que ellas vean los beneficios de la paz y la inversión pública y privada necesaria para tratar de doblar la página de la violencia en muchas regiones.

¿Cómo ve la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana?

Creemos que el Acuerdo de 2016 sigue siendo la piedra angular de los esfuerzos de paz, en el sentido de que todo lo que está en él va en la dirección de tratar las causas profundas del conflicto colombiano. De hecho, mucho de lo que acabo de decir sobre la llegada del Estado ya está, también la sustitución de los cultivos ilícitos, y creemos que es fundamental seguir trabajando la implementación integral del Acuerdo, que es como un programa de país. Tiene un término de quince años y apenas llegamos a la mitad del periodo de implementación que se fijó en La Habana. Muchas cosas han cambiado: el mejor ejemplo es la reforma rural, que está ganando mucho dinamismo, y hay otros aspectos, el Capítulo Étnico y todas las previsiones de Género, que tienen que acelerarse, pero es el momento de implementar el Acuerdo en los territorios adonde no ha llegado la Paz que se pensaba en La Habana.

A propósito, ¿cómo se podría solucionar las diferencias entre la JEP y los miembros del antiguo secretariado de las extintas Farc?

Es natural en cualquier proceso de paz que se generen inconformidades y que sea necesario tener diálogos sobre esos temas. Nosotros siempre hemos mantenido un diálogo muy abierto con Comunes, de hecho todos los embajadores de los países europeos nos reunimos con ellos la semana pasada, y también tenemos una relación de apoyo férreo a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Creo que la JEP es mucho más fuerte que hace unos años, pero todavía está en la mitad del camino. Viene el momento de las primeras sanciones y es el momento para el país y para nosotros de ver el impacto directo. A través del sistema de justicia transicional y del trabajo que hizo la Comisión de la Verdad se están dando ciertos debates en este país que casi eran impensables hace unos años y hay que saludar ese trabajo de verdad y de búsqueda de la justicia que, al final, es una búsqueda de la no repetición que hace el país.

Siempre digo que muchos de nuestros países miembros, por ejemplo después del trauma de la Segunda Guerra Mundial, nos demoramos mucho más tiempo para enfrentar nuestro pasado y me impresionante la forma como Colombia, tan cerca de los hechos y teniendo todavía a muchos responsables en posiciones de poder, está tratando de conocer la verdad sobre el conflicto para no repetirlo.

Y sobre los elementos de desacuerdo entre la JEP y Comunes, tienen que ser los más concretos posibles. Es decir, si hay dificultades, son cosas que se pueden dialogar, y si ese diálogo es a puertas cerradas, es mejor para el país, para la credibilidad del proceso y para el trabajo de verdad y de justicia en el país.