Tribunal admitió demanda contra el presidente Petro por supuesta violación a la libertad de expresión y de prensa

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho en contra del presidente Gustavo Petro “por violación a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información”.

La acción popular cuestiona la forma como el primer mandatario incurre en “señalamientos y generalizaciones peligrosas contra los medios de comunicación y los periodistas del país”.

El Tribunal, además, vinculó al proceso a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

“En la demanda se realizó un análisis y recopilación de información de los mensajes en los que el presidente estigmatiza negativamente a los medios de comunicación”, advirtió la fundación, que hizo un recuento de los pronunciamientos de Petro.

“En diversos eventos oficiales, declaraciones de prensa y en redes sociales como X, el presidente ha hecho críticas injustificadas, ha agredido y ha atacado los medios, violando así, y de manera grave, derechos fundamentales y servicios públicos esenciales”, detalló en un comunicado.

Así, según la Fundación para el Estado de Derecho, las acciones del primer mandatario violaron el derecho a la libertad de expresión y de prensa, el derecho colectivo a la moralidad administrativa, además del servicio público a la comunicación y a la libertad de expresión.

En la acción popular presentada al Tribunal Administrativo, la organización incluyó indicadores de libertad de prensa, como informes publicados por la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fundación para la Libertad de Prensa.

Esta demanda se suma a otras voces que han rechazado los pronunciamientos del primer mandatario en contra de los medios de comunicación. En ese sentido, hizo varias exigencias particulares que serán evaluadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En primer lugar, la fundación instó a que el presidente Petro “se abstenga de emitir comentarios públicos que desacrediten, intimiden o etiqueten negativamente a los medios de comunicación y a los periodistas del país”, pero, además, exigió que ofrezca excusas públicas y que se garantice la protección efectiva de los periodistas en riesgo.

Finalmente, solicitó que se respete la independencia de los medios de comunicación, “prohibiéndose cualquier intento de censura directa o indirecta, incluyendo presión para retirar pautas en medios críticos del Gobierno, así como mantener la información sobre la pauta oficial disponible al público y evitar la concentración en medios afines.

Ahora será tarea del Tribunal analizar la demanda y tomar una decisión en derecho.