Violencia política en Colombia aumentó un 346 %, advierte la MOE

En lo que va del 2024, se han registrado 58 hechos de violencia contra funcionarios electos en octubre del año pasado, así como se conocen 858 acciones armadas por parte de grupos ilegales en contra de la población civil en 26 departamentos, advierte la Misión de Observación Electoral, MOE.

“De acuerdo al seguimiento que esta organización hace a violencia política, en los primeros cuatro meses del año se registraron 58 hechos de violencia contra funcionarios electos en el 2023, mientras que en ese mismo periodo del 2020, fuero 13 el total de los hechos que se presentaron contra los mandatarios recién posesionados, lo que significa un incremento del 346%”, indicó Alejandra Barrios, directora de la entidad.

Entre esos hechos de agresión se registran los asesinatos de los concejales Carlos César Camacho, de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño; Bryan Duván Medina Ospina, de Viterbo, Caldas, y Carlos Arturo Londoño Marín, de Tuluá, Valle del Cauca, todos ellos del partido Conservador.

Así como los de John Fredy Gil Franco, de Jamundí, Valle del Cauca, y de Eduardo Cedeño García, de San Vicente del Caguán, Caquetá, de los partidos Mais y Liberal, respectivamente.

Además, el año inició con el asesinato de Eliecid Ávila, presidente electo del Concejo de Tuluá, quien fue atacado a disparos por menores de edad para posteriormente perder la vida en un centro asistencial.

Asimismo, la MOE expresó su preocupación por la desaparición de la concejal del municipio de Argelia, Cauca, por el partido Alianza Verde, Sandra Milena Mosquera, de quien no se tiene información desde el pasado sábado, luego de haber recibido amenazas por su trabajo político y social.

Algunas versiones aseguran que salió de casa de su madre a las 5:00 p.m. de ese día y momentos después la vieron a bordo de un carro con tres hombres desconocidos.

De otro lado, la organización indicó que la situación de violencia no solo afecta a los liderazgos políticos, sino que estos casos se presentan en un contexto de recrudecimiento de las acciones de los grupos armados ilegales que atentan contra la seguridad de la población.

De hecho, en este periodo del año se tiene el registro de 858 acciones armadas o de amedrentamientos por parte de grupos armados ilegales en 26 departamentos, lo que representa un incremento del 91 % respecto a los primeros cuatro meses del 2023.

Según el informe de la MOE, estos hechos se han concentrado particularmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca y Nariño.

Una de esas acciones que recientemente se presentaron fue entre el 18 y el 26 de mayo, cuando miembros del Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), llevaron a cabo al menos 24 acciones armadas que afectaron a la población civil en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

A su vez, el 26 de mayo, en la vereda Las Palmeiras del municipio de San José del Fragua, Caquetá, se produjeron enfrentamientos entre grupos disidentes de la antigua guerrilla de las Farc, donde la estructura ‘Carolina Ramírez’ y ‘Comandos de la Frontera’, dejaron un saldo de once víctimas fatales, entre ellas dos menores de edad.

Dos días antes, el 24 de mayo, en la zona rural de Remedios, Antioquia, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central, EMC, en alianza con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, dejaron 13 muertos.

En ese sentido, la organización le solicitó al Gobierno Nacional priorizar en las agendas de diálogo con grupos armados el respeto por la vida y la dignidad de la ciudadanía, los liderazgos y los procesos de los territorios.

Al respecto, Barrios señaló que “estos eventos subrayan la necesidad de que en los diálogos con los distintos grupos armados ilegales se ponga como primer lugar de la discusión el respeto por la vida y la dignidad de la ciudadanía, los liderazgos y los procesos organizativos de los territorios”.