¿Hay problemas en la reincorporación de las Farc?, responde director de ARN

Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ANR, dice que la entidad es técnica y que por eso los procesos con los excombatientes de Farc se han cumplido paso a paso.

"Tenemos una frase: ‘la reintegración, al igual que la reincorporación, no están sujetas a un espacio territorial’. Donde esté el excombatiente llegamos con la oferta pública vinculando a municipios y gobernaciones", asegura sobre la labor realizada y cuestiona que "siempre nos miden en negativo".

Según Stapper, a la Agencia siempre la "crucifican" por el tema de tierras para los proyectos productivos de los excombatientes, "pero eso no quedó en ninguna parte del Acuerdo".

De todos los funcionarios del Gobierno Santos, usted es el único de alto nivel que ratifican. ¿Por qué?

Algo que ha caracterizado esta política es que es de carácter técnico. Entonces, los directores que hemos tenido la oportunidad de estar ahí tenemos esa característica y es así como hemos tratado de blindar el proceso. Es un tema técnico, no político y siempre enmarcado en las necesidades de la población. Creo que eso, más que una decisión política, es técnica.

Pero el presidente Duque habló en campaña de hacer cambios en la Paz y justo es usted al único funcionario del sector que ratifican...

Eso es muy particular porque lo que ha hecho el Presidente es darle una planeación ordenada al proceso de reincorporación y lo hemos logrado. El mensaje en su posesión era el de mantener la reincorporación, los proyectos productivos. La visita que hizo al ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de Pondores (La Guajira) fue para darles ese mensaje de aliento.

Sobre ese anuncio en La Guajira a los excombatientes, ¿cómo se ve reflejado ese apoyo en el terreno?

En los dos últimos consejos de reincorporación se aprobaron doce proyectos productivos que benefician a 957 excombatientes. Llegan con una apuesta para resolver los temas de infraestructura de los espacios territoriales y hacer la planeación de lo que pase el próximo año. Es una parte esencial porque se acaban los espacios territoriales y se comienza a condicionar los beneficios económicos, entonces es cómo estructuramos una apuesta organizada para llegar con una respuesta efectiva.

Muchos de los espacios de reincorporación están vacíos. ¿Cómo entregan ayuda a los exguerrilleros que se acogieron a la Acuerdo?

Nosotros tenemos una frase: ‘la reintegración, al igual que la reincorporación, no está sujeta a un espacio territorial’. Donde esté el excombatiente, llegamos con la oferta pública vinculando a municipios y gobernaciones. Tenemos más de 230 profesionales en los ETCR revisando las necesidades y articulando la pequeña oferta para que llegue a la zona. Para mí no es necesario que los excombatientes estén en los espacios, sino que se estén educando, haciendo un proyecto de vida en la legalidad.

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En mayo usted dijo que la reincorporación iba en un 80 % de implementación. ¿Cinco meses después, en cuánto va ese porcentaje?

Quiero generar claridad porque creo que solo copiaron esa parte del mensaje. Cuando miras el Acuerdo —esas hojas que definieron el tema de reincorporación— la primera pregunta es qué parte de lo que está definido en el Acuerdo no se ha cumplido. Tenemos la política social, el Consejo Nacional de Reincorporación, los consejos territoriales, el programa de atención para los menores, el censo de la Universidad Nacional, estamos pagando rentas básicas, afiliados a salud; de lo que se definió en el Acuerdo no se ha cumplido un ápice, pero también he expresado que el Acuerdo nunca estableció una ruta de largo plazo, solo estableció cimientos como la estructura básica de lo que tenía que pasar con una política de largo aliento. Creamos el Conpes 3931, que es el derrotero, el indicador en un proceso de ocho años, planificado, sobre cómo vamos a lograr la reincorporación. Entonces, ¿de lo definido en el Acuerdo en qué porcentaje va?: en el 80 % y más, pero obviamente, es un proceso de reincorporación de largo plazo, hasta ahorita estamos iniciando.

Dado que la Agencia tiene quince años de experiencia, ¿cree que no dejar clara la duración de los procesos fue un error?

Hay cosas en las que uno no está de acuerdo con el Acuerdo obviamente, pero lo que sí hemos hecho es tratar de enderezar en este plazo las cosas para que sea un proceso sostenible. A nosotros, como Agencia, nos crucifican por el tema de tierras para los proyectos productivos, pero eso no quedó en ninguna parte del Acuerdo. Entonces, lo tenemos que ir enderezando con el marco normativo existente, necesidades del proceso, esas pequeñas cositas que necesitamos para poder sacar adelante la reincorporación.

¿Cuáles son los niveles de reinserción o deserción según los estándares internacionales?

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz de 2014 dice, más o menos, que ocho de cada diez personas que ingresan al proceso de reintegración, teniendo en cuenta que es voluntario, permanecen en la legalidad. O sea, es una deserción de 20 % o 24 %. Nuestros informes tienen cifras más altas: El 99,9 % de la población que termina los procesos de reincorporación está en la legalidad. De los 23.000 culminados, si hay 30 investigaciones, son muchas. Pero no estoy de acuerdo con que nos midan por las cifras de reincidencia o deserción. A mí mídanme por cuántas personas logré capacitar, superar sus condiciones de vulnerabilidad o de pobreza, que esos son los objetivos de desarrollo del país, hacia allá es donde se orientan los compromisos estatales, pero siempre nos miden en negativo.

¿Cómo hacer para garantizar la seguridad de los exguerrilleros? En dos años han asesinado a más de 80.

Solo uno fue asesinado en un ETCR, el resto ha sido por fuera de los espacios territoriales. El compromiso se ha cumplido. En lo que se definió en la seguridad del Acuerdo, fortalecer la unidad de protección a través de una subdirección técnica, se hizo; se emplearon más de 1200 escoltas para la protección de su partido y los miembros de Farc. Hay que generar muchas medidas en materia de prevención, pero no solo mecanismos rudos de prevención, camionetas y escoltas. También mecanismos de protección colectiva y autoprotección de la población. Es un camino en el que se ha venido avanzando, se está articulando a través de la mesas de garantías de las medidas de seguridad y nosotros, como Agencia, cuando conocemos un caso de riesgo, remitimos a la autoridad competente, a través de la Unidad Nacional de Protección, de la Policía, de las Fuerzas Militares. La idea es que como ente articulador generemos garantías mínimas para la población. Lo que menos queremos es que se victimicen, teniendo en cuenta que son sujetos de especial protección constitucional.

¿No cree que 80 asesinatos es una cifra muy alta? En Farc dicen que muchos de ellos estaban relacionados con tareas políticas…

Ahí sí digo: el ciento por ciento de los casos están en investigación y ahí se definirá si el componente fue político o porque la persona estaba en una actividad diferente.

El sector privado es fundamental para la reincorporación, pero muchos exguerrilleros dicen que de algunas empresas los han excluido...

El sector empresarial cumple una labor esencial en el marco de ese tipo de procesos y modelos de políticas públicas. Tenemos una matriz de relacionamiento con ellos, dependiendo de las necesidades que tengan. Es un compromiso que hay que hacer con ellos. Nosotros llevamos quince años de corresponsabilidad con todo el sector, pero nos falta trabajar mucho. No solo es por el sector privado sino que ese sector que ha sido muy afectado por el conflicto pueda generar procesos de reconciliación.

Un error que cometimos en el pasado era decirle al sector privado: ‘tenga diez excombatientes, empléelos’. Ellos decían, ‘pero por qué si me hicieron tantas cosas’. Lo que hemos logrado a través de un abanico de posibilidades es vincularlos a procesos comunitarios o de generación de oportunidades de encadenamiento productivo para estas personas.

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El alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, anunció un nuevo desembolso por $2818 millones destinados a financiar 34 nuevos proyectos productivos de excombatientes para responder a quienes han cumplido los compromisos al retornar al camino de la legalidad.

Según el funcionario, el Gobierno sigue cumpliendo los compromisos con los exfarianos que se han plegado a los términos estipulados.
Los recursos benefician a 279 excombatientes.

En el nuevo gobierno, ya fueron validados 15 proyectos productivos, los cuales benefician a 1263 excombatientes y tienen un valor total de $17.930 millones.