Ordenan detención domiciliaria contra Diego Cadena, uno de los abogados de Álvaro Uribe

El Juzgado 35 con función de Control de Garantías ordenó detención domiciliaria contra el abogado Diego Cadena, investigado por la presunta manipulación de testigos en el proceso que tiene al senador Álvaro Uribe Vélez en casa por cárcel.

El abogado Cadena deberá firmar un acta de compromiso en el que se establece comparecer ante los requerimientos de la justicia, y permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.

La determinación no cobija al otro jurista Juan José Salazar, que también está vinculado en el proceso. Sin embargo, el penalista seguirá bajo investigación y deberá comparecer ante las autoridades cuando sea requerido. El delegado de la Fiscalía apeló la decisión.

Lo que dijo la Fiscalía es que los abogados habían ofrecido dinero y asesorías jurídicas a cambio de que exparamilitares condenados cambiaran los testimonios rendidos ante la Corte Suprema de Justicia que vinculan al senador Uribe con el paramilitarismo.

El juzgado en su decisión final aseguró que "se puede inferir que sí hubo un ofrecimiento de dinero. Para el despacho no resulta de recibo que se trataba de viáticos", esta aseveración la hizo el juez debido a que Cadena ha hecho mención que el dinero entregado a Vélez ha sido producto de "ayudas humanitarias y viáticos".

Los abogados Cadena y Salazar han mencionado que luego de realizar la entrega de dinero se produjo una presunta extorsión por parte del confeso exparamilitar, situación que para la Fiscalía resultó cuestionable debido a que no denunciaron tal delito.

El delegado de la Rama Judicial también le reprochó la omisión de Cadena en ese caso y, por su parte, le recordó que lleva ejerciendo como abogado penalista desde hace 10 años por lo que le es reprochable que incurriera en acciones irregulares como lo fue "falsear elementos y engañar a la Corte Suprema de Justicia".

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El fiscal Daniel Hernández expuso en audiencia de imputación de cargos, ante el juzgado que la investigación se remonta a julio de 2017, cuando Cadena abordó a Carlos Enrique Vélez, confeso paramilitar condenado y preso en la cárcel de Palmira, para ofrecerle $200 millones a cambio de que anunciara ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda lo había buscado previamente y le había solicitado cambiar la versión de la declaración que iba a entregar contra el también senador Uribe Vélez.

“De los $200 millones, solo se hizo entrega de $48 millones con el fin de que Vélez declarara falsamente ante la Corte Suprema de Justicia, y cambiara su versión respecto de que el senador Iván Cepeda lo había abordado para que cambiara su versión sobre el senador Uribe Vélez”, señaló el fiscal.

Hernández reseñó que la investigación hecha por el ente acusador da cuenta que estaban frente a una “división de trabajo” por parte de Cadena y Salazar, con el que pretendían enmarcar unos hechos de soborno.

Otro suceso que relató el fiscal vincula al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien según el delegado del ente acusador, también fue abordado en febrero de 2018, para ofrecerle apoyos y asesorías jurídicas con el fin de que este declarara de la misma manera como se lo ofrecieron a Vélez.

“A raíz de esto se desprenden actividades encaminadas a generar engaños en contra de la Corte Suprema de Justicia, por parte de los dos ciudadanos. Para surtir estos efectos, el doctor Cadena se presentó con documentos realizados con su membrete, en el cual únicamente necesitaba la firma de los exparamilitares”, reseñó el fiscal.

Sin embargo, lo que expuso Hernández es que era extraño que dos personas que no se conocían que estaban en cárceles totalmente diferentes, fueran abordados bajo los mismos parámetros que, presuntamente, fraguó Cadena para que el proceso de Uribe Vélez saliera bien librado.

Lo que dijo el fiscal es que pese a que el abogado Cadena quien, presuntamente, llegó con documentos membretados para que estos fueran firmados, los condenados se rehusaron a hacerlo y, por su parte, reseñaron que los documentos, con testimonios falsos, llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia hechas a mano, e indujo en error al alto tribunal.

El fiscal explicó que el error al que indujeron a la Corte es porque, inicialmente, se adelantaba una investigación en contra del senador Cepeda por tales hechos, sin embargo, al corroborar que la información carecía de pruebas, el alto tribunal determinó cerrar el proceso investigativo contra el senador del Polo Democrático y avanzar otro contra el senador Uribe.

No obstante, lo que reprocha el fiscal es que los abogados Cadena y Salazar tenía conocimiento que sus actuaciones estaban fuera de lo enmarcado en lo legal.

“Doctor Cadena, doctor Salazar estos hechos que le acabo de narrar los encuadra en dos escenarios judiciales: el de soborno en concurso con fraude procesal. Ustedes sabían y conocían que le estaban pagando 48 millones con el fin de que atestiguaran falsamente. Ustedes con su actuar violentaron el bien jurídico contra la eficacia, sin que existiera justa causa. No se ha podido vislumbrar en el proceso la causa por la que lo hicieron”, argumentó el fiscal.

De acuerdo con Hernández, para la época de los hechos, hasta agosto de 2018 los abogados tenían capacidad en su actuar y determinación. “Reitera este despacho: decidieron cometer la falta. Ustedes son abogados para ustedes era conocible saber que el ofrecer sumas para que una persona declare falsamente es un delito, ustedes sabían y conocían que eso es un delito en el territorio nacional”, reseñó el fiscal en la audiencia.

Por estos hechos, el delegado del ente acusador decidió endilgarle los delitos de soborno y fraude procesal.