Suspenden hasta el 9 de abril audiencia de preclusión del proceso contra Álvaro Uribe

Este martes empezó una de las diligencias judiciales más esperadas durante los últimos tiempos en el mundo político-judicial: la audiencia de solicitud de preclusión de la investigación que se surte en contra del exsenador Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos.

Aunque se esperaba que la diligencia empezara con la intervención de Gabriel Jaimes, fiscal del caso, fueron los abogados de quienes pretenden declararse como víctimas en el proceso los que fueron los protagonistas. Se trata de Miguel Ángel del Río y Roberto Rodríguez.

La diligencia, que culminó en la tarde de este martes y tardó un poco más de seis horas, empezó con la intervención del penalista Del Río, quien defiende los intereses de Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien es el testigo estrella en contra de Uribe.

Del Río dijo que Gómez debe ser declarada como víctima en el proceso, dado que fue objeto de persecuciones mientras Monsalve era asediado, a su juicio, por el abogado Diego Cadena, quien para la época de los hechos fungía como uno de los defensores del exsenador Uribe.

La audiencia fue aplazada sobre las 2:00 p.m. de este martes y se retomará a las 8:00 a.m. del próximo viernes, 9 de abril.

En medio de la diligencia, que se adelantó ante la Juez 28 de Conocimiento de Bogotá Carmen Helena Ortiz, el penalista expuso que Gómez tuvo que buscar asilo en el extranjero debido a las persecuciones que se generaron en su contra, mientras afanosamente buscaban que Monsalve se retractara de los señalamientos contra Uribe, respecto de los nexos con el paramilitarismo, y contrario a ello, que vinculara el senador Iván Cepeda, quien también hace parte del proceso como víctima.

El abogado trajo a colación que Gómez, junto con sus hijos de tres y 10 años, tuvo que abandonar el país, entre otras cosas, por persecución laboral, amenazas de muerte y seguimientos, por cuenta de la información que tenía en su poder sobre el caso que tiene ante los estrados judiciales al exsenador Uribe.

Del Río dijo que tenía en su poder transcripciones de conversaciones entre el expresidente y su entonces defensor Diego Cadena, en las que mostraban cierto interés por la vida personal y laboral de Gómez.

“Hay un hecho probado en el interior del proceso que establece una conversación entre el señor Uribe Vélez con el abogado Diego Cadena, donde quieren establecer y precisar datos de ubicación de la señora Deyanira Gómez, y tres días después de la conversación hay un despido sin justa causa por parte de la empresa Coomeva. Hay un elemento indiciario sobre una demostración de poder del señor Uribe Vélez hacia el señor Juan Guillermo Monsalve para demostrarle que sí podía tomar determinaciones específicas”, argumentó el penalista.

Del Río consideró que, en ese entonces, se evidenció una serie de persecución en contra de la familia Monsalve, por lo que Gómez se vio en la necesidad de solicitarle al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, protección no solo para su expareja, quien estaba recluido en la cárcel, sino también para sus hijos.

Con estos antecedentes, el penalista, quien también defiende los intereses de Monsalve, dijo que era necesario que Gómez fuese acreditada como víctima en el proceso, dado que no solo fue testigo de los hechos que ocurrieron en la época, sino también fue perjudicada, puesto que tuvo que huir de su país natal en busca de su seguridad y la de sus hijos.

El abogado Roberto Rodríguez, quien defiende los intereses del periodista Gonzalo Guillén, también pidió que fuese declarado como víctima, pues señaló que en una declaración hecha por el abogado Jaime Lombana, defensor del expresidente, se refirió de manera irregular a su defendido.

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No obstante, la Fiscalía respondió a las intenciones asegurando que no existía motivo por el cual tanto Gómez como Guillén, a través de sus apoderados, fuesen declarados como víctimas. Jaimes expuso que en este caso, como delegado del ente acusador, no se acreditan como lo solicitan sino que pueden llegar a desempeñarse como testigos.

“La Fiscalía estima que en los dos casos aquí planteados no se configuran los requisitos en calidad de víctima. En el caso puntual de la señora Gómez, la Fiscalía quiere resaltar que no tiene vínculo o relación directa con esos hechos jurídicamente relevante. Más resulta una acreditación como testigo, en la medida que la señora Gómez, de una u otra manera, presenció y puede dar fe de algunas cosas que son materia de investigación, en algunos casos, de manera indirecta, pero nunca como pasivo de los hechos que comprometen la conducta atribuida por la Corte al señor Uribe Vélez”, dijo el fiscal.

Con base en lo expuesto por el abogado de Guillén, el fiscal resaltó que ha revisado las menciones que se hacen del mismo y, en efecto, se hacen dentro del proceso, y allí se hacen con base en la opinión que funge como periodista.

“Ni siquiera el señor Guillén tiene calidad de testigo para decir que presenció hechos directa o indirectamente, y por tanto mal puede atribuírsele relación directa que pese sobre él como consecuencia de los hechos que vincularon al doctor Álvaro Uribe en esta investigación”, argumentó el fiscal.

Por su parte, el delegado del Ministerio Público se sumó a la postura de Jaimes, quien consideró que Gómez no tiene la condición de víctima en el proceso, no obstante, el funcionario fue más allá y dijo que debía ser la Fiscalía la que investigue, en otro proceso judicial si la exesposa de Monsalve fue víctima en la persecución y acoso laboral que denunció su defensor.

Respecto del periodista Guillén, el funcionario de la Procuraduría dijo que su abogado trajo a colación comentarios y señalamientos que se han realizado en el marco de otros procesos judiciales en contra de aforados, y que será en esos escenarios en los que se debe resolver si fue o no víctima.

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El abogado Reinaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, también expresó su postura sobre la petición de sus compañeros, sin embargo, no coincidió con las mociones de la Fiscalía y la Procuraduría, en el entendido que considera que en el caso de Gómez si se advierte que fue víctima en el proceso, debido a que se generó desarraigo por cuanto tuvo que huir del país.

Del mismo modo, advirtió que Gómez fue víctima de persecución laboral, e incluso, le quitaron su fuente de ingresos, cuando su expareja sentimental se encontraba en la cárcel y era ella quien debía hacerse responsable de los gastos de sus hijos.

Villalba reprochó de manera vehemente que el delegado del Ministerio Público hubiese “mandado” a Gómez que se le diera justicia y se le atribuyera como víctima en otro proceso y no en el que los ocupa. “Este proceso tiene una relación directa con graves violaciones a los derechos humanos. No hay que olvidar que los testigos de cargo están señalando al imputado de participar en conformación de grupos paramilitares y eso es lo que se pretende ocultar con todo este proceso. Hay una relación absolutamente directa de violación de derechos humanos. La señora fue víctima, porque la obligaron a salir del país. Tenemos que ver cuál fue la actitud del imputado hacia la víctima”, dijo Villalba.

El penalista aseguró que queda altamente sorprendido con los alcances y señalamientos que tiene el delegado de la Fiscalía y el acompañamiento que hace la Procuraduría respecto del motivo por el cual no acogieron la solicitud de declarar como víctima a Gómez. “No termino de sorprenderme de estos exabruptos que hacen de negar el reconocimiento como víctimas”. A la postura de Villalba se suma la del exfiscal Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Perdomo, quienes pidieron a la juez que se declarara como víctimas a Gómez y Guillén.

Por otro lado, Villalba, quien ha sido acérrimo opositor del fiscal Jaimes, a su juicio, por la poca imparcialidad con la que ha manejado el caso, denunció ante la juez las múltiples ocasiones en las que a través de acciones legales y con derechos de petición han tenido que hacer solicitud respecto de las pruebas que reposan en el expediente del exsenador Uribe.

“Vemos con preocupación que no se nos ha dado traslado de todo el material probatorio. Nos preocupa muchísimo que gran parte de las pruebas que hemos recibido han sido posterior a la solicitud de audiencia de preclusión”, reveló el abogado.

Aunado a la postura de su abogado, el senador Cepeda en medio de la diligencia emitió un comunicado en el que ponía de presente que no solo, el fiscal del caso no ha trasladado las pruebas, sino que además de eso, han adelantado análisis días posterior a la radicación de la audiencia de preclusión, teniendo en cuenta que esta situación no se puede presentar.

“Se presume que, cuando la Fiscalía eleva una solicitud de preclusión, previamente, ha llegado a la convicción, fundada en evidencias, de que no existe mérito para acusar, y ya cuenta con el respaldo probatorio suficiente para acreditar la causal. No existe una razón lógica para continuar desplegando actividades de investigación, que decaen en un desgaste del aparato judicial. Asimismo, se genera un escenario de inseguridad jurídica, cuando públicamente se solicita cesar la acción penal, y paralelamente, se continúa desarrollando un programa metodológico”, argumentó el senador.

El senador dejó en evidencia que una vez se presentó el radicado para la audiencia que se adelantó este martes, el fiscal Jaimes ha librado cinco ordenes de Policía Judicial, con posterioridad, al 5 de marzo, en las que ha ordenado escuchar nuevamente en declaración a dos de los internos de Cómbita, Elmo José Mármol Torregrosa y Giovanny Alberto Cadavid, y recibió ampliación de declaración jurada de Carlos Eduardo López Callejas, el pasado 24 de marzo.

También denunció que Jaimes libró nuevas ordenes de Policía Judicial para obtener información relacionada con el equipo de computo y el celular incautados al testigo Monsalve, sin contar que a juicio del senador, el fiscal recibió el resultado de actividades investigativas, con posterioridad al 5 de marzo que, en consecuencia, no sirvieron de prueba a la presentación de solicitud de preclusión.

Lo que expone el senador del Polo Democrático es que el fiscal no puede traer a colación, en una próxima diligencia judicial, las pruebas antes mencionadas ni tampoco los testimonios que recibió el pasado 8 de marzo del representante a la cámara Álvaro Hernán Prada, Carlos Eduardo López Callejas, Rodrigo Vidal Perdomo, Hernando Mauricio Marroquín García, Jaime Lombana, Victoria Eugenia Jaramilo, Ricardo Williamson, Enrique Pardo Hasche, Diego Javier Cadena Ramírez, Fabio Valencia Cossio, Roque Eugenio Arismendi Jaramillo, Juan Manuel Aguilar Echeverry, Hilda Janeth Niño Farfán, Armando Farfán, Hernando Torres Barrera, Ángela Milena López Gómez, Máximo Cuesta Valencia, Giovanny Alberto Cadavid Zapata, Carlos Enrique Vélez Ramírez, Fauner José Barahona Rodríguez y Eurídice Cortes Velasco.

El congresista dejó claro que todo este material de prueba lo recibió pasados unos días en la que a través de una acción de tutela, el Tribunal Superior de Bogotá le amparó los derechos al debido proceso, y obligó al fiscal Jaimes a enviar la información recolectada. No obstante, Villalba denunció ante la juez que la información no ha sido recibido en su totalidad y, por el contrario, la han recibido “a cuenta gotas”.

La puja sobre la situación judicial del exsenador sigue estando en manos de la juez, quien, se prevé, tome determinación el próximo viernes, no solo en sí se acepta como víctimas a Gómez y Guillén, sino si avala o no la solicitud de la Fiscalía, respecto de la preclusión del proceso contra el exsenador.