60 familias fueron desplazadas del río Naya, en Buenaventura, por enfrentamientos entre grupos armados

60 familias que pertenecen a la comunidad afro Joaquincito Libre, del consejo comunitario de la cuenca del río Naya, fueron desplazadas de su territorio hacia la zona urbana de Buenaventura por el accionar de la columna móvil ‘Jaime Martínez’, del Bloque Occidental del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Y los habitantes de otras 65 viviendas del resguardo indígena Epedara Siapidara debieron confinarse para salvaguardar sus vidas.

Así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo, que informó también que habría una tercera comunidad, del sitio conocido como Chamuscado, en proceso desplazamiento por las conductas violatorias del mismo grupo armado.

Ante este panorama, el organismo defensor de los Derechos Humanos reiteró la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023.

Adicionalmente, la Defensoría expresó que es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades del Departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada.

La entidad agregó que es apremiante que a los núcleos familiares confinados y a todas las personas desplazadas se les brinden las ayudas humanitarias de emergencia para que sus derechos fundamentales —como la vida, integridad, salud, alimentación, libre movilidad, al trabajo, entre otros— no continúen siendo vulnerados.

“Dados los riesgos a los que están expuestas las comunidades, es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinador de las autoridades locales, ponga en marcha las acciones que protejan a la población afectada. También es apremiante que los núcleos familiares confinados y quienes llegaron les brinden ayuda humanitaria de emergencia”, dijo el defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta.

”Las estructuras amadas ilegales no pueden seguir atacando a la población civil, por tanto, las fuerzas de seguridad del Estado deben prestar una mayor seguridad en las zonas convulsionadas por el conflicto, particularmente donde los actores armados insisten en sembrar el miedo y la zozobra a través de acciones bélicas y con el control territorial y social”, concluyó la entidad.

*Con información de Colprensa.