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Alerta en el Valle por la ola de violencia que estaría generando el regreso de los narcos extraditados
Buscan recuperar a sangre y fuego los bienes en manos de testaferros y, en alianza con bandas criminales, retomar rutas de tráfico de drogas e ingresar en delitos como la extorsión y el microtráfico.
Entre 15 y 20 años después de su extradición a los Estados Unidos, el 80 % de los antiguos capos del cartel del Norte del Valle que se sometieron a la Justicia norteamericana ya obtuvieron su visa de regreso a Colombia.
Una situación que eleva las alertas de seguridad en el departamento porque si bien algunos de ellos se quedaron viviendo en Miami y otros han sido asesinados, el grueso de los antiguos capos retornó a municipios del centro y norte del Valle del Cauca para recuperar su poder, cobrar viejas venganzas y retomar actividades similares a las que generaron su extradición.
El primer y principal objetivo de ellos, según advierten los organismos de inteligencia y los expertos consultados por El País, es recuperar todos los bienes y las propiedades adquiridas producto del narcotráfico, y que lograron ocultar por años del radar de las autoridades gracias a que fueron registrados a nombre de testaferros.
El segundo interés, y es el que genera ya un clima de tensión en el departamento, es la conformación de alianzas con jefes de bandas criminales establecidas para recuperar rutas de droga, ahora en manos de una nueva generación de narcos; entrar en la lucha por el control territorial, e ingresar mediante la violencia en el mercado de economías ilícitas como la extorsión y el microtráfico.
De acuerdo con el docente y analista Diego Luis Sánchez, no es fácil entender “cómo estos grandes capos del narcotráfico, que disputaron el poder y fueron jefes de carteles como el de Cali y del Norte del Valle, con tantas muertes encima, solo han pagado 15 años de cárcel en Estados Unidos, algunos menos, y nunca han sido procesados por un delito de homicidio u otra falta grave en Colombia”.
Algunos de esos capos fueron extraditados a finales de los años 90 y comienzos de los 2000 en medio de la llamada Operación Milenio, liderada en Colombia por el entonces fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, quien considera “muy preocupante lo que está pasando con la extradición porque Colombia se ha dado muchas pelas, como dicen popularmente, por mantener la extradición de nacionales y hubo una lista muy larga de colombianos asesinados por defender esa figura como Luis Carlos Galán, Carlos Mauro Hoyos, Rodrigo Lara Bonilla”.
“De otro lado está la actitud de la Justicia americana porque después de que Colombia ha hecho todos los esfuerzos que nos han pedido, muchos narcos se van allá a negociar, entregan bienes y les aplican unas penas incluso menores que las que reciben en Colombia y regresan al país con consecuencias en dos vertientes: una, para quienes participamos en las acciones del Estado para extraditarlos, y dos, para la población en general que vuelve a ver, como creo que está pasando, que se están rearmando bajo unas formas mucho más solapadas, pero que están causando tanto o más daño que el que causaban antes de ser extraditados”.
Los ciclos de violencia
Desde el anuncio de que quedaban en libertad los primeros capos extraditados a EE.UU. hasta los más recientes, como la presunta llegada al Valle de Ramón Quintero, alias RQ, el temor y la zozobra se van apoderando de ciertos municipios donde crearon sus imperios y mantienen ocultas varias propiedades.
Sobre todo porque muchas de esas personas que se prestaron para adquirir bienes a su nombre ya los han vendido, otros se niegan sencillamente a devolverlos o, incluso, hay casos de personas ya fallecidas que heredaron esas propiedades a sus familiares. En todos los casos, es la violencia la única forma de que los antiguos capos puedan salvar algo de lo que tenían.
Lo demostró Henry Loaiza Ceballos, ‘El Alacrán’, capturado en octubre pasado y que según la Fiscalía General de la Nación: “Habría dispuesto de un plan criminal para recuperar predios que presuntamente adquirió mientras hizo parte del extinto ‘Cartel de Cali’ y que perdió luego de permanecer varios años en la cárcel”.
Por esa razón el ente acusador lo llevó ante un juez, señalado de ser uno de los cabecillas de la banda La Inmaculada, la temida organización criminal que tiene como centro de operaciones el municipio de Tuluá y que controla el microtráfico y la extorsión en el centro del Valle.
A través de esta organización criminal, advirtió la Fiscalía, ‘El Alacrán’ presionaba, en alianza con otras bandas criminales, a los dueños de algunos predios a devolverle bienes que fueron suyos desde 1995. Igualmente, cobraba millonarias extorsiones y generó fenómenos de desplazamiento.
Un hecho similar se registró con William Herrera López, sobrino de Elmer ‘Pacho’ Herrera, quien en una presunta alianza con el Clan del Golfo intentaba mediante el uso de la violencia recuperar más de 320 bienes del extinto capo en los departamentos del Valle, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Risaralda y Bogotá.
A cambio, la estructura criminal recibiría el 30 % del valor de cada propiedad. Esa ‘comisión’ le serviría al Clan del Golfo para fortalecerse en hombres y armas. Alias W fue capturado en Cali, en Pance, en agosto del 2019 y su captura fue clave para detectar el plan criminal para recuperar los bienes del clan.
El sobrino de Pacho Herrera, de nacionalidad americana, había sostenido una guerra a muerte y con varios atentados contra sus tíos Ramiro y Arturo de Jesús Herrera, alias Bananas, y contra otros miembros de su familia por quedarse con los bienes del extinto capo del cartel de Cali.
La mayoría de esos bienes se encontraba, según los registros, en Cali, Cerrito, Jamundí, Tuluá, Yumbo, Ginebra, Calima-El Darién, Palmira, Candelaria y Dagua. Ya 318 de esas propiedades fueron ocupadas y están en procesos de extinción de dominio.
Pero lo que más preocupa es que en el reacomodo que buscan algunos de los capos extraditados y que están de vuelta en el Valle, ya ha empezado el departamento a sentir los efectos de esa mayor violencia orquestada en alianza con esas bandas criminales en algunos municipios del Departamento. Incluso, con los grupos armados.
A esa nueva alianza entre excapos y bandas criminales se les atribuye al menos dos de las cuatro masacres registradas este año en el Valle del Cauca, y que dejaron a 17 personas asesinadas en los municipios de Toro (dos casos), Candelaria y Ansermanuevo.
Víctimas de la paz
El momento político que vive el país también juega en contra de la seguridad y la tranquilidad de los vallecaucanos, coinciden los analistas. Porque varios de los extraditados han regresado o regresarán en el marco del proyecto de paz total del gobierno de Gustavo Petro y encontrarán terreno fértil para seguir sus andanzas.
En palabras del exvicefiscal general Francisco José Sintura, “la realidad es que hoy los instrumentos del consenso de la búsqueda de la paz por la vía, no del sometimiento a la justicia sino del sometimiento de la justicia al crimen, está produciendo este fenómeno de violencia porque evidentemente no hay persecución de las autoridades que están destinadas a ese propósito”.
En la lucha violenta en el centro y norte del Valle, y a raíz de las masacres recientes, se hace referencia a estructuras como Los Flacos y Nueva Generación, dos organizaciones criminales que operan en alianza con excapos.
Hoy tenemos una disputa muy fuerte, asegura una fuente de inteligencia, entre Pipe Montoya, sobrino de Diego Montoya, con el ‘Flaco Jerson’, en la que están involucrados otros excapos como ‘Palustre’ y ‘Chocolate’. Los Flacos, que tienen mucho que ver con el Flaco Jerson, es una ramificación de ‘Los Machos’ y junto a Nueva Generación están relacionados con organizaciones de Pereira y Medellín.
“En este momento, está prácticamente en libertad el 80 % de los narcotraficantes que fueron extraditados y muchos de ellos se encuentran en Miami como son ‘Comba’ o ‘Asprilla’, pero también hay unos en Cali como el caso de ‘06′, ‘Pacho Garra’, ‘Palustre’, ‘Capachivo’, ‘Negro Orlando’, ‘Chocolate’, entre otros”, asegura la Fuente.
La preocupación de comunidades en algunos municipios del Valle no es infundada, advierte el exvicefiscal Sintura, porque “hoy no existen estructuras piramidales como en los carteles, sino grupos armados que obedecen a diferentes órdenes y distintos intereses, donde hay una disputa entre todos ellos por captar el negocio del microtráfico. Hoy tenemos organizaciones multicriminales dedicadas no solo al tráfico de drogas sino a otros delitos como el tráfico de migrantes, tráfico de menores, trata de blancas, etc.”.
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