La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció que, mediante el Auto 11665 de 2024, asumió la competencia como autoridad ambiental para la operación del Muelle 13, ubicado en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. Hasta ahora, la responsabilidad estaba en manos del Establecimiento Público Ambiental del Distrito de Buenaventura (EPA), que transfirió el expediente del proyecto el pasado 18 de diciembre de 2024.

Esta decisión, sustentada en el Decreto 1076 de 2015, se debe a que el Muelle 13 presenta características propias de un puerto marítimo de gran calado, según informó la ANLA con base en datos de las autoridades portuarias y marítimas.

Como parte de sus funciones, la ANLA emitió la Resolución 00004 del 2 de enero de 2025, que establece la suspensión preventiva de la operación del Muelle 13, gestionado por la sociedad Grupo Portuario S.A. “la ANLA impuso una medida preventiva de suspensión de la operación del Muelle 13 a cargo de la sociedad Grupo Portuario S.A.. Esta medida se adoptó debido a que los manejos ambientales actuales desconocen presuntamente las medidas de manejo ambiental que deberían implementarse frente a los impactos ambientales actuales y a la necesidad de tener claridad frente a las circunstancias reales y materiales del proyecto”.

En el comunicado continúa con: “Asimismo, es necesario que las medidas de manejo para prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos ambientales correspondan a la realidad actual del proyecto y del territorio en el que opera en los medios físico, biótico y socioeconómico”.

Esta medida se tomó ante presuntos incumplimientos en las diferentes medidas de manejo ambiental necesarias para mitigar los impactos en el medio biológico y socioeconómico del proyecto.

Grupo Portuario S.A. responde a la medida de la ANLA

El Grupo Portuario S.A. responde a la decisión tomada por la ANLA y envía un mensaje a la opinión pública, “Grupo Portuario S.A. rechaza la resolución emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de ordenar la suspensión provisional de las operaciones del Muelle 13 del Puerto de Buenaventura, por tratarse de un acto desproporcionado ya que exige un nuevo estudio ambiental, desconociendo la vigencia del Plan de Manejo Ambiental de 2002, que el concesionario ha implementado cabalmente”.

También la sociedad manifiesta que es “arbitraria la interrupción inmediata de la operación, sin un aviso previo, considerando que se trata de un servicio público esencial, con grandes repercusiones sociales, económicas y laborales”, ya que la empresa ha tomado las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre los involucrados.

En lo que llaman la atención es que “hay almacenadas 90.000 toneladas de carga, cuya movilización ha quedado suspendida, afectando tanto a importadores como a exportadores”, dejando la responsabilidad a la autoridad ambiental.

El País se comunicó con el vicepresidente de asuntos corporativos del Grupo Portuario S.A., Luis Fernando Rueda, y explicó lo siguiente con respecto a la medida tomada por la ANLA, “Nosotros acatamos la medida, en este momento no estamos operando, estamos en la obligación de direccionar los barcos que vienen en tránsito, porque esta medida es de aplicación inmediata”.

“Nosotros hacemos un llamado a la ANLA para que nos reciba unas solicitudes de modulación que hicimos de esa medida de suspensión provisional, que no es nada más que: proteger la continuidad del servicio público portuario, para efectos de no detener una cadena logística”, argumenta Luis Fernando Rueda sobre las implicaciones de esta decisión.

El vocero explica que el hecho de detener una cadena logística de transporte hace que los importadores van a tener que pagar las demoras en la mercancía y agrega que implica “un mayor costo de las materias primas de agro insumos para el agro, costos que en últimas se le traslada al consumidor final”.

Algo en lo que enfatiza su vocero y que se expresa en la comunicación es que “la decisión de la ANLA fue emitida de manera infundada, arbitraria y fuera de su competencia. Es uno más de los ataques de las autoridades que injustificadamente han intentado impedir la prórroga de la concesión de Muelle 13, a través de medidas que carecen de sustento técnico y legal. El 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Superior del Valle del Cauca emitió una medida cautelar en favor de Grupo Portuario S.A., tras un año de controversias con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ordenando a la entidad firmar un Otrosí para extender la concesión por 20 años. A la fecha, la ANI no ha cumplido la medida cautelar”.

La ANLA expresa que para levantar esta suspensión se debe “contar con el instrumento de manejo y control ambiental que esté en armonía con las condiciones actuales del proyecto, sus impactos ambientales y la legislación ambiental aplicable”.

Con respecto a la medida, su vocero expresa que: “Consideramos que esta situación refleja una articulación destinada a evitar la firma del otrosí del contrato de concesión portuaria por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Solicitamos que se garantice nuestro derecho a la igualdad, tal como se hace con todos los sujetos de vigilancia en el marco de un plan de manejo ambiental. Es fundamental que, como administrados, se nos brinde el mismo trato y las mismas garantías que se otorgan a otros actores bajo supervisión ambiental”.