Contraloría advierte graves afectaciones económicas y ambientales ante una terminación anticipada del proyecto vía Mulaló-Loboguerrero

Este jueves, la Contraloría General de la República lanzó una advertencia a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Hacienda sobre las consecuencias que podría tener la terminación anticipada del contrato de concesión del proyecto vial Mulaló-Loboguerrero, una obra estratégica en el Valle del Cauca.

Según el ente de control, la posible cancelación del contrato no solo tendría graves implicaciones económicas para el Estado, sino que también afectaría el desarrollo regional y las condiciones ambientales.

No obstante, la Contraloría también advirtió que, de cancelarse el contrato, la Nación enfrentaría un gasto de aproximadamente $700.000 millones. Este monto, según se informó a través de un comunicado de prensa, “sin haber recibido a cambio ni un metro de vía, por unos Estudios y Diseños en Fase III, que podrían quedar desactualizados con el paso del tiempo; unos predios adquiridos a lo largo de los 32 km que tendrá está vía que habría que resguardar y que podrían verse afectados por algún cambio posterior del diseño; y una Licencia Ambiental en cabeza del actual concesionario, que tendría que ser cedida a la Nación, sin que se hayan evaluado adecuadamente los costos de sus compromisos y los pasivos actuales”.

La cancelación del contrato afectaría también una inversión potencial de $2,8 billones, proyectada para impulsar el desarrollo del Valle del Cauca. Este proyecto vial, declarado de importancia estratégica por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), busca mejorar la competitividad de la región al reducir en 52 kilómetros y 1,5 horas el trayecto entre Cali y el corredor vial Mediacanoa-Loboguerrero, clave para el transporte de carga hacia el Pacífico.

Ahora bien, además de los impactos económicos, la Contraloría señaló que la no realización del proyecto tendría repercusiones ambientales. El nuevo trazado ayudaría a reducir las emisiones de gases contaminantes debido al acortamiento del trayecto, lo que beneficiaría al medio ambiente al disminuir la huella de carbono generada por el tráfico en la región. La entidad de control subrayó que, sin esta infraestructura, se pierde una oportunidad significativa para contribuir a la reducción de la contaminación en el Valle del Cauca.

Por estas razones, reza la misiva, “La Contraloría General hace un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que estudien la posibilidad de promover y ejecutar un plan a través del cual se definan acciones efectivas que permitan que el concesionario inicie la fase de construcción del proyecto, sin perjuicio”.

Finalmente, el organismo de control manifestó que las entidades involucradas deben tomar decisiones orientadas a la continuidad del proyecto, salvaguardando tanto los intereses económicos del Estado como el bienestar de la región y el medio ambiente.