Contraloría alerta que $225.549 millones se perderían en contrato de la vía Mulaló-Loboguerrero

El país estaría al borde de una inminente pérdida de por lo menos de $225.549 millones, en caso de una terminación y liquidación del contrato de concesión del proyecto de construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del corredor Mulaló-Loboguerrero, cifra que se obtiene de la diferencia entre lo que sería el pago de la liquidación del contrato menos el costo de la actualización de los precios para continuar su ejecución

Así se lo advierte el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, quien en una comunicación a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, les advierte de esa posibilidad, además de recordarles que este es un contrato de concesión 4G suscrito en 2015 entre la ANI y Covimar, para la construcción de la nueva vía entre los corregimientos de Mulaló y Loboguerrero, de los municipios de Yumbo y Dagua respectivamente, en el Valle del Cauca.

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Resalta la Contraloría que hay un proyecto de conciliación sobre la mesa que implica un pago al concesionario de $415.000 millones, para lo cual el Ministerio de Hacienda no está de acuerdo con la fuente
de pago por considerar que los recursos no pueden salir de la fiducia, en tanto esa es fuente de pago solo para la ejecución de la obra y sostiene que no puede dar vigencias futuras sin que se convoque un nuevo CONFIS.

De la misma forma precisa que se está adelantando un Tribunal de Arbitramento, en el que se está solicitando por parte del concesionario dar por terminado y liquidar el contrato, pero que no obstante, se mantiene la intención de llegar a un acuerdo.

“La pretensión puede prosperar en tanto las suspensiones por fuerza mayor no le son atribuibles y así lo han reconocido 2 amigables componedores y la interventoría. La suma de $22.549 millones puede ser mayor si luego de la liquidación se mantiene la decisión de continuar con la obra, pues esto supondría un sobrecosto, por el doble pago de su estructuración, actividad que se estima en más de $9.133 millones, lo que significa una pérdida total de $234.683 millones”, expresó el contralor.

Rodríguez formuló este Control de Advertencia, bajo los criterios de trascendencia social, alto impacto ambiental y alta connotación económica, la alternativa que queda es optar por un acuerdo, lo que requiere efectuar un ajuste al equilibrio económico del contrato por un valor de $415.000 millones de diciembre de
2012, que es una suma inferior a aquella que deberá desembolsar el Estado en un escenario de terminación anticipada, que podría llegar a ser de más de $684.000 millones.