Defensoría alerta por falta de atención en salud a más mil mujeres en la cárcel de Jamundí

La Defensoría del Pueblo realizó una nueva jornada de verificación de derechos en el Centro Penitenciario de Media y Alta Seguridad ubicado en Jamundí, donde luego de cuatro días pudo evidenciar las críticas condiciones que enfrentan 1013 mujeres.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, indicó que en el centro carcelario hay insuficiencia de medicamentos para los tratamientos de pacientes crónicas y no se realizan valoraciones médicas en proporción necesaria para el número de internas.

“Tampoco se realizan las cirugías pendientes, incluso, algunas mujeres llevan esperando más de un año para poder recibir los procedimientos, esto por la falta de dragoniantes disponibles para el traslado de las internas a los centros médicos”, dijo el Defensor del Pueblo.

Además, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo encontraron que también hay problemas de abastecimiento de agua, líquido que solo les llega una vez al día y es turbio, y a esto se suma que un alto porcentaje de las baterías sanitarias están en mal estado, lo que genera malos olores y vertimiento inadecuado de desechos orgánicos.

Ante este panorama, la Defensoría expresó que es indispensable que se tomen medidas de manera prioritaria que garanticen el goce efectivo de los derechos de estas mujeres y de la población con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIGD) privadas de la libertad.

“Es evidente que en el Centro Penitenciario de Media y Alta Seguridad de Jamundí existe una grave vulneración de los derechos, por eso reitero mi llamado a las autoridades locales y a las autoridades penitenciarias y carcelarias a tomar las medidas necesarias para brindar condiciones de dignidad a esta población privada de la libertad, conforme a lo que establece la Corte Constitucional en cuenta al estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia”, aseguró Camargo.

En los cuatro días en que la entidad estuvo en el centro carcelario, brindó atención en salud para 486 mujeres, quienes recibieron consultas de medicina general, odontología, muestras de laboratorio, entrega de medicamentos para quienes requieren continuar con tratamientos crónicos. Además, 540 mujeres recibieron atención psicosocial.

El equipo de la Defensoría del Pueblo también atendió y tramitó 107 quejas relacionadas con presuntas vulneraciones de derechos humanos. “Vale destacar que se registran escasas oportunidades de trabajo, estudio y aprovechamiento del tiempo para la redención de penas de las privadas de la libertad”, sostuvo la entidad.

Hay que recordar que la semana pasada la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra varios alcaldes del país por las malas condiciones en las que viven los privados de la libertad de sus ciudades.

Entre los los mandatarios investigados se encuentra Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, por posible omisión de sus funciones frente a la atención que se debe brindar a las personas privadas de la libertad que se encuentran en las estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata, URI, ubicadas en la ciudad.

“Las investigaciones fueron iniciadas a partir de un informe con fines disciplinarios rendido por la Delegada para la Protección de los Derechos Humanos, luego de efectuar múltiples visitas a los centros de detención de esas ciudades”, explicó la entidad.

De igual manera, manifestaron que con respecto a este caso, el órgano de control le abrió investigación disciplinaria tras encontrar un hacinamiento del 477 % en las estaciones de Policía, además de detectar que las personas privadas de la libertad enfrentan problemas para recibir sus alimentos, así como presentan enfermedades en la piel y tienen dificultades para recibir sus visitas.