En Jamundí, mujeres cabeza de familia que cumplen condena podrán beneficiarse con la Ley de Utilidad Pública

La Personeria de Jamundí suscribió un convenio con el Ministerio de Justicia, en el marco de la Ley de Utilidad Pública, lo que significará una oportunidad para que mujeres, jefes de hogar que cometieron un delito en contexto de marginalidad, puedan solicitar una pena sustitutiva.

Con esta normal, las mujeres podrán pagar una sación de manera restaurativa, en donde la condena se traduce en actividades de impacto social.

Es decir que en lugar de ir a prisión cumplirán con servicios comunitarios, tal como lo establece la Ley de Utilidad Pública.

Marta Isabel Gutiérrez, personaera de Jamundí, dio a conocer que conjuntamente con el Ministerio de Justicia habrían suscrito un convenio para dar aplicabilidad a la Ley 2292 del 2023.

“Esto le va apermitir a las mujeres de Jamundí que se encuentren recluidas en cárceles en todo el país, volver al Municipio, porque hemos abierto plazas dentro de la Personería para que con base en lo establecido en la ley, puedan prestar su servicio de utilidad pública en nuestra entidad”, recalcó Gutiérrez.

Una medida solo para mujeres

El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, habría explicado en el mes de agosto que “este servicio busca que la sociedad reciba un beneficio a cambio del esfuerzo de estas mujeres, y que ellas, a su vez, puedan reintegrarse a sus hogares y reconstruir las relaciones con sus seres queridos para tener una mejor oportunidad de vida”.

Las cifras del Ministerio de Justicia indican que aproximadamente 4.500 de las cerca de 17.000 mujeres privadas de la libertad en el país podrían optar por esta medida alternativa.

Características

La Ley de Utilidad Pública para mujeres cabeza de familia es un avance en la implementación de una política criminal con enfoque de género, la cual fue sancionada el 8 de marzo de 2023.

Las mujeres que accedan a este beneficio podrán conmutar su condena en libertad, a través de la prestación de servicios de utilidad pública también conocidos como servicios comunitarios.

Quienes accedan a este beneficio deben ser mujeres cabeza de familia, que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el hurto o los estupefacientes; o que su condena no exceda los ocho años de prisión, y que hayan cometido el delito en condiciones de marginalidad.

Según la ley, por cabeza de familia se define a la mujer que se haga cargo económica, social y afectivamente de otra. Esto incluye a quienes tienen hijos menores de 18 años al momento de ser condenadas.