Exalcalde de Roldanillo, Jorge Mario Escarria, se enfrenta a un nuevo pliego de cargos por la Procuraduría

Por segunda vez, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del exalcalde de Roldanillo en el periodo 2020 – 2023, Jorge Mario Escarria Rodríguez, por presuntas irregularidades en un proceso de contratación adelantado para el mejoramiento de vías urbanas.

En esta ocasión, el ente acusador señaló que Escarria, al parecer, ordenó inicialmente la apertura de una licitación pública para lo que expidió una resolución y se socializó el pliego de condiciones para la selección objetiva del contratista con unas fechas distintas a las que con posterioridad quedaron registradas en el Secop II.

El disciplinable habría establecido que entre el 23 y 24 de noviembre de 2021 se adelantaría la audiencia de adjudicación, se daría apertura del sobre con las propuestas económicas, se publicaría el acto administrativo o se haría la declaratoria de desierto, acciones que solo tuvieron lugar entre el 9 y el 11 de marzo de 2022, con lo que pudo alejarse del cumplimiento de sus deberes según manifestó el ente de control.

Para el Ministerio Público, Escarria Rodríguez, con su supuesta actuación, pudo incurrir en una falta disciplinaria por la presunta vulneración de los principios de transparencia y economía que regulan la contratación estatal, por esa razón, de manera provisional, la calificó como gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Este es el segundo pliego de cargos que enfrenta el exmandatario, pues a inicios de septiembre del año en curso, la Procuraduría lo relacionó con presuntas irregularidades en la publicación de la información sobre un proceso de contratación en dicho municipio.

Según lo informado por el Ministerio Público, los hechos se basan en la publicación de la información sobre un proceso de contratación para la compra de equipos de cómputo para las sedes oficiales de Roldanillo, esto durante el mandato de Escarria Rodríguez en 2020 – 2023.

El ente de control señaló que con el supuesto retraso, el disciplinable pudo desconocer los principios de selección objetiva, transparencia, responsabilidad, publicidad y economía que regulan la contratación estatal.