Fiscalía ocupó bienes en el Valle del Cauca pertenecientes a presunto narcotraficante español

La Fiscalía General de la Nación informó de la aplicación de extinción de dominio a varios inmuebles y predios en distintos municipios del Valle del Cauca, propiedad de un presunto narcotraficante español.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de Fiscalía informó sobre la operación en Tuluá, Buga y Yotoco en el Valle del Cauca, de cuatro inmuebles, una camioneta, un tractocamión, y una motocicleta, presuntamente adquiridos por posibles integrantes de una red dedicada al tráfico de estupefacientes.

“Ocupó siete bienes, entre inmuebles y muebles, que habrían sido adquiridos con dineros productos de actividades del narcotráfico. El ciudadano Otoniel Villafañe Montoya fue condenado por un tribunal de Navarra por delitos relacionados con la distribución y tráfico de estupefacientes”, explicó Liliana Donado, directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

De acuerdo con el ente acusador, estas acciones se dieron en el marco de una investigación en contra del ciudadano español Otoniel Villafañe Montoya, presuntamente relacionado con el delito de tráfico de estupefacientes que habría desarrollado en España. El presunto narcotraficante ya fue condenado por un tribunal de Navarra.

La pesquisa en curso que involucra a Villafañe Montoya tuvo su inicio en enero del año 2020, en la localidad de Orcoyen (España), donde se llevó a cabo la incautación de un cargamento de cocaína y una suma significativa de dinero en efectivo en euros. Al parecer, se presume que dicha sustancia estupefaciente estaba destinada a ser distribuida en cantidades reducidas en el territorio europeo.

Basada en estos acontecimientos, la embajada del Reino de España formalizó la solicitud de extradición de Villafañe Montoya, quien fue detenido el 4 de noviembre de 2022, en virtud de una notificación roja emitida por Interpol.

El valor de estos activos superarían los 1.300 millones de pesos. A partir de ahora, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estas propiedad con las respectivas medidas cautelares de embargo, suspensión del poder dispositivo y secuestro.

Ocupación de bienes por millonario robo a Ecopetrol

La red criminal conformada por el ELN y diversas empresas, que logró obtener autorizaciones del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Medio Ambiente para la extracción de crudo, ha acumulado una considerable fortuna que ahora ha sido incautada por el Estado.

Mediante una operación llevada a cabo por la Fiscalía, se ha logrado la localización y decomiso de más de 100 propiedades con la intención de someterlas a un proceso de extinción de dominio. Estas propiedades estaban vinculadas a esta organización delictiva que perpetró fraude contra Ecopetrol al llevar a cabo el robo de crudo, posteriormente mezclado con hidrocarburos provenientes de Venezuela.

Después de una exhaustiva investigación, se ha logrado la detención de los responsables del hurto y la identificación de los líderes de esta red criminal, además de la exposición de los ostentosos estilos de vida que adoptaron durante su auge como traficantes de hidrocarburos.

“De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional, ocupó 101 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes del andamiaje ilegal de apoderamiento y comercialización de hidrocarburos”, explicó el ente investigativo.

La lista de bienes incautados incluye nueve propiedades rurales y quince urbanas, así como treinta y siete vehículos, siete embarcaciones, dieciocho empresas y quince establecimientos comerciales. La Fiscalía, en sus medidas cautelares, ha implementado acciones como la suspensión del poder de disposición, el embargo, el secuestro y la toma de posesión.

Estos bienes, tanto muebles como inmuebles, han sido ocupados con el fin de someterlos a un proceso de extinción de dominio, lo que implica su traspaso a la administración estatal a través de la Sociedad de Activos Especiales. Esta entidad tendrá la facultad de proceder a su liquidación en efectivo o de asignar depositarios para su gestión. Según las estimaciones de la Fiscalía, el valor total de estos activos se aproxima a 1,3 billones de pesos.

“Están ubicados en Barranquilla y Galapa (Atlántico); Chivatá (Boyacá), Cartagena (Bolívar); Flandes, Espinal y Lérida (Tolima); Chía y Madrid (Cundinamarca); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes”, señaló la Fiscalía.