Indígenas del Valle del Cauca asesinados habían denunciado amenazas de grupos armados

La comunidad indígena Nasa en el Valle del Cauca denuncia el recrudecimiento de hechos violentos en contra de sus líderes. El más reciente fue el crimen del gobernador indígena José Arley Cruz Chocue, quien fue atacado a disparos en el municipio de Miranda, Cauca.

El líder de la comunidad indígena de Granates Kwe’sx Yu Kiwe del municipio de Florida, Valle del Cauca, fue asesinado en la noche del domingo 17 de septiembre en Miranda, cuando se movilizaba por la vía a Corinto.

Cruz Chocue tenía 30 años y era autoridad tradicional de la comunidad indígena de Granates y cursaba tercer semestre de la carrera profesional revitalización de la madre tierra en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIN.

“Denunciamos y rechazamos energéticamente a todos los grupos armados que quieren confundir para callar las voces de nuestros líderes que defienden los derechos a la vida de madre tierra y pueblos originarios del Valle, Colombia y América”, se lee en un comunicado de la Consejería de Gobierno Propio del pueblo Nasa del departamento del Valle del Cauca.

Luego de este hecho sangriento que enluta a la comunidad indígena, se conoció que Cruz había sido víctima de amenazas de la ‘Segunda Marquetalia’, de las disidencias de las Farc, y de las ‘Águilas Negras’.

El pasado 18 de marzo, la comunidad Nasa del Valle del Cauca denunció que los nombres de autoridades indígenas de los resguardos Triunfo Cristal Páez, Kwe’sx Yu Kiwe, Nasa Kwe’sx Kiwe, cabildo Mayor San Juan Páez, Tata Kiwe y Nasa Tha aparecían en un panfleto amenazante de la ‘Segunda Marquetalia’.

Sobre José Arley, el grupo al margen de la ley aseguraba conocer “lo que hace a escondidas de la comunidad”. “Muy pronto sabrán nuevamente de nosotros”, advertía el Comando de esta disidencia en el comunicado que mencionaba a al menos 20 líderes de la comunidad Nasa.

En el amenazante panfleto estaban los nombres de Tiberio Chepe y Luis Eduardo Timaná, líderes que también fueron asesinados en los últimos meses. Luis Eduardo Timaná fue asesinado en la noche del viernes 4 de agosto, cuando se desplazaba en moto hacia el resguardo indígena Kwet Wala, en el corregimiento de El Nogal, a un kilómetro del municipio de Pradera.

“Fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y a quemarropa le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte de manera instantánea. Nuestro compañero había sido amenazado a través de panfletos de las ‘Águilas Negras’ y la ‘Nueva Marquetalia’”, denunció entonces la Consejería de la comunidad Nasa.

Timaná era autoridad tradicional indígena del resguardo Kwet Wala y candidato al Concejo del municipio de Pradera por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). En su momento, se conoció que el líder pretendía viajar al departamento de Putumayo, en el sur del país, para participar en un encuentro de autoridades ancestrales.

Tiberio Chepe, por otro lado, fue ultimado en horas de la tarde del pasado domingo 23 de julio en el corregimiento de Llanito, en el municipio de Florida. La víctima era The Wala en la comunidad, es decir, era médico tradicional y autoridad ancestral del territorio Kwe’sx Yu Kiwe, también de la comunidad Nasa.

“Estos hechos se suman a las amenazas presentadas el 17 de marzo donde el grupo armado denominado Segunda Marquetalia declaraba a la víctima objetivo militar junto a otros líderes”, expuso el resguardo luego de su homicidio.

Ante los recurrentes crímenes que enlutan a este grupo indígena, la comunidad Nasa exigió al Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, como también a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Fiscalía General de la Nación y a otras entidades, investigar estos casos.

“Solicitamos a los organismos competentes que se investigue e intervenga en la protección inmediata de nuestros líderes consejeros”, dice el más reciente comunicado de los Nasa en el Valle. La comunidad advierte que las amenazas de muerte, asesinatos, desplazamientos forzados y otros hechos de violencia perpetrados por grupos armados “ponen en vía de extinción a los pueblos indígenas”, por lo que piden el respaldo del Gobierno y de organizaciones defensoras de derechos humanos.