La desventura de Buenaventura: cuatro alcaldes tumbados por corrupción... y contando

El fantasma de la corrupción en Buenaventura, el mismo que ha llevado a prisión a cuatro de los últimos cinco alcaldes elegidos por voto popular, y que tiene en el ojo del huracán al quinto y actual mandatario, Víctor Hugo Vidal, sigue asustando al puerto.

En los últimos 18 años los bonaverenses han visto desfilar, uno a uno, a los alcaldes Saulo Quiñónez, José Félix Ocoró, Bartolo Valencia y Eliécer Arboleda de la mano de agentes del CTI de la Fiscalía, capturados por delitos contra de la administración pública.

Saulo Quiñones (2004-2007) fue condenado por peculado en la celebración de contratos. José Félix Ocoró (2008-2011), por cobertura educativa y la venta irregular de un lote. Bartolo Valencia, (2012-2015) por contratar educación con fundaciones sin colegios, y Eliécer Arboleda (2016-2019) por el mal manejo de los recursos del hospital Luis Ablanque de la Plata.

Pero no son solo los dineros de la salud y de la educación por los que han tenido que responder los mandatarios bonaverenses. En la ciudad portuaria poco se ve la millonaria inversión en infraestructura, los chorros de dólares no han logrado llevar agua potable de forma permanente a los barrios y muchos procesos contractuales estuvieron plagados de irregularidades.

Finalmente, la gente se cansó y en lo que parecía un despertar de la comunidad bonaverense, entre el 16 de mayo y el 6 de junio del año 2017 hubo una enorme movilización ciudadana conocida como el Paro Cívico de Buenaventura, en el que miles de personas en las calles manifestaron su descontento por la escasez de agua, el alto nivel de desempleo y la corrupción y malversación de recursos.

La movilización, considerada una expresión ejemplar, dejó importantes resultados y permitió que el mismo Comité Promotor del Paro, con la fuerza lograda, le arrebatara la ciudad a los sectores políticos tradicionales con su candidato para las elecciones del 2019: Víctor Hugo Vidal.

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El sueño de hacer de Buenaventura una ciudad distinta, de superar la crisis política y de hacer justicia por el atraso que en materia social y económica permanece la ciudad, se apagó el pasado 2 de octubre cuando una comisión del CTI de la Fiscalía llegó con las órdenes de captura contra varios de los funcionarios y contratistas, incluido el Secretario de Educación Distrital.

Contrariando toda lógica, la Alcaldía de Buenaventura contrató el 20 de octubre de 2020, en plena pandemia, el internet por dos meses para 80 sedes educativas, por un valor de $1341 millones, con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, Emtel.

Un contrato, según fuentes consultadas por El País, “absurdo” porque para entonces los estudiantes se encontraban recibiendo clases de manera virtual desde sus viviendas.

Además de ello, “se logró establecer que el contrato fue cumplido solo en un 66% y al parecer se habría alterado algunos documentos haciendo creer que el Ministerio de Educación avaló la firma del convenio”, dijo Diana Hernández Sánchez, directora seccional de la Fiscalía en el Valle.

Llama también la atención que la empresa Emtel, contratada en Popayán para llevar internet a Buenaventura, subcontrató con otras dos entidades en un intento por cumplir un contrato que le dejó ganancias superiores a los $206 millones, según la Fiscalía.

Ayer fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público agravado e interés indebido en la celebración de contratos el exsecretario de Educación de Buenaventura, Hamington Valencia Viveros; el representante legal de Emtel, Jorge Hernán Gómez Timaná, y los contratistas Vladimir Torres, Elsa Gamboa, Daniceth Yaneth Asprilla, Clemente Viáfara, Heny Yohana Candelo y Deisy Cecilia Ortega.

Lo que sucede en Buenaventura con la dirigencia política es una tragedia, asegura el senador Carlos Fernando Motoa. “Alcaldes del Partido Liberal, de la U y ahora un alcalde muy sintonizado con el Pacto Histórico también señalado e investigado por actos de corrupción”.

“Lamentable y preocupa. La ciudad más importante del Pacífico colombiano, una de las ciudades más importantes de Colombia, sumida en este caos de corrupción y de violencia. Yo pensaría que muchas de las causas tienen que ver con la compra de votos”, señala el senador Motoa.

Uno de los políticos que acompañó todo el proceso del Paro Cívico de Buenaventura y fue artífice de la candidatura Víctor Vidal a la Alcaldía fue el senador Alexánder López, del Pacto Histórico, quien en una carta pública pidió a los entes de control “profundizar y avanzar con celeridad en las investigaciones, a fin de proteger el patrimonio público y los derechos del pueblo bonaverense”.

“Siento profundo dolor que esto suceda en un gobierno popular, el cual confiamos y, por lo tanto, le exijo al alcalde Víctor Vidal que, una vez supere sus quebrantos de salud y su incapacidad médica, de manera pública, junto a todo su gabinete, se presente ante la ciudadanía y rinda cuentas sobre estos hechos y otros que son motivo de investigación por los órganos de control”, expresó López.

El congresista aseguró que el Alcalde de Buenaventura no le ha querido entregar información precisa que le fue solicitada desde su curul en el mes de junio de 2022, con el fin de intervenir y vigilar las actuaciones de este gobierno. “No permitiremos que funcionario alguno de Buenaventura o del país, se burle miserablemente de los ciudadanos. La lucha contra la corrupción no tiene color o tinte político”.

Entre tanto el politólogo Gustavo Orozco indicó que la corrupción en este país no es un tema de partido. “Lo que necesitamos realmente es fortalecer la justicia para que la respuesta contra el crimen tenga una consecuencia; sea de izquierda o de derecha... Lo que demuestra Buenaventura es que el crimen no es solo de regiones apartadas y que nuestras ciudades principales también son cunas de impunidad porque nadie paga por lo que hace”.

En los días previos a que se rumorara sobre la captura de funcionarios de la Alcaldía de Buenaventura, y que Víctor Hugo Vidal podría ser el quinto de cinco alcaldes que no terminen su periodo por líos de corrupción, el mandatario local fue internado en la Clínica Imbanaco de Cali por problemas de salud.

Vidal fue líder del Paro Cívico que paralizó a Buenaventura por 22 días en 2017 y hace parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN). Tanto la Fiscalía como la Procuraduría adelantan procesos de investigación a contratos realizados en su gobierno.

Elegido para el periodo 2004-2007, pero fue destituido antes, condenado e inhabilitado por los delitos de peculado en la celebración indebida de contratos para construir, reparar y adecuar sedes educativas en el Puerto.

Según la investigación, en la que fueron detenidos tres interventores, entre el 6 y 7 de diciembre del 2004 se firmaron 190 contratos para mejoramiento de sedes educativas por más de $11.000 millones; pero al revisar varios de esos contratos, se encontró que se modificaron obras y variación de los materiales, dejando un millonario detrimento.

Elegido por el Partido PIN para el periodo 2008-2011. Fue destituido y hallado responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso con interés indebido en la celebración de contratos durante su administración.

Fue condenado a 18 años de prisión por el no cumplimiento de las normas al negociar un terreno de $3.200 millones, por el que recibió a cambio dinero en efectivo y un lote de $500 millones que en realidad costaba $150 millones. También por la construcción de la Secretaria Vial por $1.200 millones, pero el costo real fue $1050 millones.

Elegido por el Partido Liberal y fue destituido e inhabilitado por diez años por el caso de los ‘estudiantes fantasma’ a los que destinó $3.492 millones para subsidios de alumnos que, según el sistema de matrículas del Ministerio de Educación, jamás existieron, lo que generó un detrimento patrimonial por $2.088 millones.

También fue enviado a la cárcel por la obra de construcción del acuaparque de Buenaventura en el que firmó un contrato en el 2015 por $3.800 millones que había sido suscrito por Wilmar Garcés, ex secretario de Planeación de Buenaventura.

Llegó con el aval del Partido de la para el periodo 2016-2019, pero tampoco pudo terminar su mandato.

Los procesos en su contra obedecieron a malos manejos en el hospital Luis Ablanque de la Plata, donde habría obligado a Pedro Pablo Cortés, su gerente, a firmar letras de cambio en blanco y 13 cartas de renuncia con fechas diferentes, a cambio de nombrarlo.

El juez decidió la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Arboleda, a su hijo Eliécer y a un funcionario del hospital por delitos contra la administración pública y tráfico de influencias.