Operadores del ICBF en el Valle podrían dejar de operar tras el aumento insuficiente en su remuneración

La atención de más de siete mil niños en el Valle del Cauca, muchos de ellos con capacidades especiales, está en riesgo, debido al insuficiente aumento de recursos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, dará en el 2025 a sus prestadores de servicio.

Dichas entidades manifestaron su inconformidad por las decisiones tomadas por el Icbf, que manifestó que para el próximo año subirá el 3 % al pago que vienen recibiendo los prestadores de servicios.

“Ya sabemos que el salario mínimo subió 9,54 %, y que seguramente el costo de vida va a estar en el orden del 6%. Nuestro ideal es que suba el mismo porcentaje del salario mínimo o, por lo menos, la inflación, porque ha sido muy difícil que haya sostenibilidad de las instituciones”, afirmó Eduardo José Victoria, miembro de la junta directiva del Tobías Emanuel, uno de los prestadores de Bienestar Familiar.

Comentó también que esta es una situación que se presenta año tras año, y que, en cambio, los operadores cada vez tienen más responsabilidades, lo que ha llevado incluso a que muchos tengan que cerrar.

“Tengo entendido que hay 86 organizaciones sociales que prestan este servicio en el Valle del Cauca. Por ejemplo, en el Tobías Emanuel prestamos servicios a personas con discapacidad cognitiva, alguna de ellas permanentes, porque hay muchos niños que tienen síndrome de Down y es muy difícil que alguien adopte a una persona con estas condiciones, por lo que tenemos esos niños por muchos años, brindándoles alimentación, droga, vestido y afecto”, agregó Victoria.

Tan solo en esa organización social con sede en Cali se atienden más de 200 niños con discapacidades.

“Cada vez más estamos viendo que la utilidad operacional es en pérdida y que tenemos que recurrir a donaciones y a otros ingresos no operacionales, pero también estamos notando que cada vez es más difícil que estas se den por la situación económica de las empresas”, argumentó el directivo del Tobías Emanuel.

Otra de las preocupaciones que tienen los operadores es que se deberá aumentar la planta de trabajadores de algunas instituciones para poder cubrir la reducción de una hora en la jornada laboral a la semana establecida por el Gobierno Nacional, lo que significa mayores gastos.

Por su parte, Doris García Botero, presidenta de las ONG Unidas del Valle del Cauca, explicó que en el departamento se atienden 7008 niños por parte de los operadores.

“El aumento de un 3 %, hasta el momento, sabemos que es para la población en protección. Aún no se ha pronunciado el Icbf con relación a las otras modalidades. Las consecuencias se verán mes a mes, en el proceso de atención”, recalcó.

Los operadores calificaron esta situación como preocupante, por lo que ya han reiterado la necesidad de una reevaluación por parte de Bienestar Familiar.

No obstante, indicaron que hasta el momento no se ha entregado ninguna respuesta por parte de esa entidad.

Por ello, García reveló que se espera que “haya participación del mayor número de instituciones y sus líderes en Bogotá, a principio de enero, en las peticiones. Además, se invitará a una rueda de prensa al Icbf y al Gobierno Nacional para plantear la situación”.

Hasta el momento, las organizaciones operadoras del Valle del Cauca son las que están tomando la iniciativa de visibilizar sus peticiones ante los escasos recursos, pero se conoció que la situación se está presentando a nivel nacional, por lo que la atención de cientos de miles de niños, un gran porcentaje con discapacidades, podría estar en riesgo para el próximo año en todo el país.