Ordenan medida provisional para proteger la vida de los concejales de Tuluá, Valle

Ante las intimidaciones de la estructura delincuencial ‘La Oficina’, el Juzgado Tercero Municipal del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, ordenó medida provisional para proteger la vida de los concejales. La determinación se tomó luego de que la Defensoría del Pueblo interpusiera una tutela para reclamar que los derechos de los cabildantes sean salvaguardados.

“El Juzgado Tercero Municipal del Circuito de esa población vallecaucana, mientras emite el fallo de primera instancia, ya conminó a la Unidad Nacional de Protección a realizar un análisis de viabilidad de adoptar medidas de protección provisionales a favor de los demandantes”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Los concejales del municipio vallecaucano han sido objeto de todo tipo de ataques, amenazas y atentados. El pasado 20 de abril, fue asesinado el concejal Carlos Arturo Londoño, homicidio que se sumó al del también cabildante Eliecid Ávila, quien fue víctima de un atentado sicarial en la celebración de Año Nuevo.

Este ataque, ocurrido luego del evento de los 100 días de la administración municipal, también cobró la vida de Clarivet Ocampo, representante de una asociación de personas con discapacidad, con asiento en esa localidad del departamento.

El recurso jurídico no solo reclama acción de la Unidad Nacional de Protección, sino también de los ministerios de Defensa y del Interior y de la Policía Nacional. “Necesitamos protección especial para los cabildantes, sobre todo por el nivel de riesgo en el que ahora mismo se encuentran”, dijo el Defensor del Pueblo.

“Mientras haya inseguridad, alteración del orden público, amenazas, falta de garantías para la protección personal, es preciso que sean elaborados planes de trabajo idóneos, con la finalidad de que permitan salvaguardar los derechos fundamentales de los regidores y sus grupos familiares”, agregó Camargo.

El líder de la Defensoría del Pueblo reiteró que los grupos delincuenciales organizados y organizaciones armadas al margen de la ley no pueden estar por encima de ninguna de las instituciones. “Por eso, es imperativo acudir a la puesta en marcha de acciones contundentes, para devolverles la tranquilidad a quienes en este momento son objeto de intimidaciones”, resaltó.

El mecanismo de protección constitucional también tiene como fin instar a la Mesa Directiva del Concejo de Tuluá a estudiar la implementación de sesiones virtuales, teniendo en cuenta las amenazas contra los cabildantes.

“Ante la situación actual de peligro y riesgo extraordinario al que están sometidos estos servidores de elección popular, y teniendo en cuenta que durante el 2023 en el municipio fueron asesinadas 124 personas, es oportuno asegurar la eficacia de las medidas solicitadas. Los entes accionados deben proteger de manera integral sus derechos constitucionales”, enfatizó el Defensor del Pueblo.