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Procuraduría abre investigación a Patricia Riascos Lourido, secretaria de Convivencia de Buenaventura
Según el ente de control, la investigación se da por presuntas irregularidades en consejo comunitario en el que se habrían vulnerado los derechos de 509 personas.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la secretaria de Convivencia para la Sociedad Civil de la Alcaldía distrital de Buenaventura, Patricia Riascos Lourido, por las presuntas irregularidades en la elección del consejo comunitario de llano bajo, en el que se habrían vulnerado los derechos de 509 personas.
La Provincial de Instrucción de Buenaventura adujo que se recibieron múltiples denuncias en las que se señala a la funcionaria de supuestamente firmar una resolución que permite inscripción del CCCN de Llano Bajo a pesar de las aparentes irregularidades, y avalar la vulneración del derecho a elegir y ser elegidos de quienes conformaban el censo interno de la comunidad.
En el mismo sentido, el ente de control resaltó que la servidora posiblemente actuó teniendo claro que por las fechas que se definieron todo lo gestionado ante la dirección de asuntos para comunidades negras quedaría sin piso jurídico y que hubo algunas que fueron consignadas con imprecisiones.
Inician indagación previa por presuntas irregularidades en contrato para construcción de 36 casas fiscales
En otro hecho, la Procuraduría General de la Nación ordenó iniciar una indagación previa contra funcionarios por determinar del Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional, por las presuntas irregularidades encontradas en dos contratos firmados entre la entidad y el Ejército Nacional que tenía por objeto la construcción de unidades residenciales en Nilo, Cundinamarca, y Buenavista, Guajira.
La Regional de Instrucción de Cundinamarca recibió información sobre una posible pérdida de recursos, producto de la suspensión de las labores de construcción de 36 casas que debían ser entregadas dentro de los nueve meses siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.
Al parecer, no hay claridad sobre la utilización de los anticipos hechos en 2019 y 2021 por más de $2.000 millones para la ejecución de las obras.
