Procuraduría abrió investigación a exalcaldesa de Andalucía, Valle, por presuntas irregularidades en contratos

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la exalcaldesa de Andalucía, Valle del Cauca, Ellicel Arcila Posso (2020 – 2023), por presuntas irregularidades en contratos celebrados para el mejoramiento de la infraestructura y la autorización del pago de sobrecostos en el valor de las obras.

La Provincial de Instrucción de Buga sostuvo que posiblemente la exmandataria pasó por alto, que el contratista cobró actividades no ejecutadas, por las que además hizo cobros superiores a los establecidos y que excedieron la realidad contractual, y que igualmente le fueron autorizados.

En el expediente también se vinculó por estos hechos a la secretaria de Infraestructura, Nathalia Morales Clavijo; y al representante legal de Incoes interventoría construcción y estudios S.A.S., por las supuestas deficiencias en sus deberes de seguimiento, supervisión y control a la ejecución del negocio jurídico para la mejora del municipio.

Con esta investigación y la solicitud de pruebas hecha por el Ministerio Público se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Investigaciones en curso

La Procuraduría General de la Nación también abrió un expediente contra la funcionaria en febrero de 2023. De acuerdo con el ente de control, el pliego de cargos a la alcaldesa es por, presuntamente, suscribir un contrato para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable durante la pandemia generada por el covid-19. Con esto, habría desconocido las normas que regulan los servicios públicos para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

”La Provincial de Instrucción de Buga sostuvo que para adelantar el proceso, que incluyó las redes de distribución del líquido en el sector Peñón Alto por más de $ 300 millones de pesos, se invocó la calamidad pública, con lo que al parecer se desconoció el estatuto contractual, al ser una obra que no contemplaba acciones que permitieran prevenir el contagio o los efectos del coronavirus”, informó la Procuraduría.

Según la Entidad, Arcila Posso pudo infringir los principios de responsabilidad y moralidad al no evidenciar un proceso de planeación estructurado para la escogencia del contratista.

De igual forma, la Entidad señaló que provisionalmente calificó la presunta falta cometida por la alcaldesa como gravísima a título de culpa gravísima.