Procuraduría reveló varias fallas en la infraestructura y seguridad de la cárcel de Tuluá; estos son los detalles

En el marco de la visita que la Comisión Especial de la Procuraduría realiza en Tuluá (Valle del Cauca) desde este miércoles, 14 de febrero, la entidad reveló que más del 70 % de las cámaras de videovigilancia del centro penitenciario de ese municipio se encuentran fuera de servicio.

La información fue expresada por el procurador delegado para los Derechos Humanos del Ministerio Público, Javier Sarmiento.

“Acabamos de sostener una reunión con el director del establecimiento penitenciario en Tuluá, así como con el comandante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, con el fin de tener información respecto de las personas privadas de la libertad que pertenecen a esta banda de La Inmaculada”, indicó, en primer lugar, el delegado.

Señaló que la red de videovigilancia del centro carcelario no ha sido recuperada, pese a las reiteradas solicitudes que se le han hecho a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que se haga cargo de la situación.

Otro de los hallazgos realizados tiene que ver con que el muro del lugar que colinda con el barrio La Inmaculada no cuenta con la altura suficiente para evitar que sean ingresados diferentes elementos prohibidos, como lo son armas, drogas y celulares, los cuales podrían simplemente ser lanzados de un lado al otro en la actualidad.

“Se ha requerido a la Uspec en múltiples oportunidades solicitando los muros perimetrales que, incluso, conectan con el barrio La Inmaculada, y no han sido construidos ni ha sido colocado ningún elemento de seguridad y protección para el establecimiento”, añadió Javier Sarmiento.

El procurador delegado no se detuvo allí y también dejó en evidencia que las más de 900 personas privadas de la libertad en el establecimiento penitenciario se encuentran en un alto riesgo frente a una posible emergencia como la que ya ocurrió en junio de 2022.

“Nos preocupa que transcurrido un año y medio del incendio que cobró la vida de más de 54 personas privadas de la libertad en este establecimiento de Tuluá, la Uspec no haya reparado el sistema contra incendios”.

Por ello, el funcionario del Ministerio Público hizo un llamado al Ministerio de Justicia y a la Uspec para que se tomen las acciones correspondientes para poner en funcionamiento el sistema contra incendios y se pueda prevenir una tragedia como la mencionada.

Lo último que evidenció el procurador delegado es la preocupación que hay en la cárcel ante las constantes amenazas de las que son víctimas los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, así como los guardias del INPEC en hechos que ya han sido denunciados a nivel nacional.

Esta situación, concluyó el funcionario de la Procuraduría, “requiere un acompañamiento de autoridades como la UNP (Unidad Nacional de Protección) y los ministerios de Justicia y del Interior”.