La oferta ilegal de transporte público en Cali está desbordada. A diario, en horas pico y valle, cientos de carros y motocicletas recorren, en busca de pasajeros, vías principales como las autopistas Sur y Simón Bolívar, las avenidas Roosevelt, Pasoancho y Ciudad de Cali, la Carrera 1, las calles 5 y 70.

Aunque oficialmente no hay una cifra de cuántos automotores están dedicados al transporte informal de pasajeros en Cali, concejales advierten que en las vías de la capital del Valle del Cauca están rodando 1500 vehículos particulares que prestan ese servicio.

Es por esto que la Secretaría de Movilidad conformó desde esta semana un cuerpo integrado por 30 agentes dedicados a ‘cazar’ a los ilegales en todas sus formas: Uber, taxis colectivos y los carros particulares que hacen rutas. A esta estrategia, la dependencia la denominó como un ‘grupo élite’ contra la informalidad.

“Antes había un grupo operativo de 60 agentes que se dedicaba a sancionar diferentes comportamientos, pero este es un grupo de 30 funcionarios que se dedicarán específicamente al control de la ‘piratería’. Ellos van a utilizar diversas estrategias para localizar y detectar la prestación de servicio informal en toda la ciudad, con el fin de tomar correctivos para minimizarla”, explicó el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio.

Dichos agentes se encargarán de atacar las zonas más críticas en las que los informales han logrado quedarse con los pasajeros que le faltan al sistema de transporte masivo, como el oriente y la periferia de la ciudad, dijo Orobio. El acompañamiento en los operativos será brindado por miembros de la Policía o del Ejército, con el fin de evitar enfrentamientos y agresiones contra los funcionarios.

La conformación de este escuadrón dedicado a ‘cazar’ a los informales se produce luego del llamado por parte del viceministro de Transporte, Alejandro Maya, a arreciar los operativos contra las modalidades de transporte ilegal que actúan en la ciudad, con el objetivo de impulsar el retorno de los pasajeros al MÍO. “Esto hay que trabajarlo todos los días, con toda determinación, dedicación y, sobre todo, con voluntad política. Las autoridades estamos en la obligación de combatir con determinación todo lo que sea ilegal”, señaló Maya.

De acuerdo con Orobio, durante el primer trimestre de este año se han impuesto 1400 comparendos por transporte informal. Cabe anotar que la sanción por prestar el servicio de transporte público en un vehículo que no esté habilitado para ello es de un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, $737.717.

Esta no es la primera vez que la Secretaría de Movilidad implementa la figura del ‘cuerpo élite’ para hacerle frente a la informalidad en la ciudad. En el 2015, el entonces secretario de Movilidad, Alberto Hadad, conformó un grupo especial -también integrado por 30 guardas de tránsito- para inmovilizar las busetas que circulaban por la ciudad con la tarjeta de operación vencida.

En ese entonces, explica uno de los agentes que conformó dicho escuadrón, los resultados “fueron positivos. Se logró inmovilizar buses de empresas que ya no tenían porqué estar rodando, como Coomoepal y Verde San Fernando. Sumamos más de 60 vehículos inmovilizados, ese año”.

No obstante, el concejal Carlos Andrés Arias señaló que “según estimados, diariamente se están haciendo entre 300.000 y 320.000 pasajes diarios en transporte informal en Cali. Hay aproximadamente 1500 vehículos de gama alta, media y baja prestando servicio de transporte informal; sin contar los ‘moto ratones’, bicitaxis, taxis colectivos, Uber y demás plataformas. Los 30 agentes que destinan para controlar esto, son insuficientes”.

Por su parte, el analista en movilidad, Fernando Quintero, indicó que “esta es una medida de presión para que la gente utilice el MÍO, pero con estas decisiones se está afectando la calidad de vida de ciudadanos que necesitan el transporte no regulado, precisamente, porque el masivo no satisface sus necesidades”.

Para la concejal Alexandra Hernández “es importante combatir la piratería y procurar que los pasajes que se pagan a informales pasen al MÍO, para que el sistema salga de la crisis en la que está. Sin embargo, la Administración debe buscar opciones para que no se genere un problema social con la salida de los informales de las calles y garantizarle a la gente que se pueda movilizar en un medio legal y con un servicio oportuno”.