Las lesiones sufridas por dos agentes de tránsito luego de que les disparara un motociclista que fue requerido por invadir el carril del MÍO, en el barrio Piloto, es uno de los casos que refleja la intolerancia que se vive en las calles de Cali. Pero ¿qué tanto se ha incrementado este comportamiento? ¿Cuáles son las razones de fondo? ¿Y qué hacer para que las soluciones pasen del discurso a la acción?

La Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos reveló hace poco que siete de cada diez caleños creen que en la ciudad nunca se cumplen las normas de convivencia. Por ejemplo, durante el año pasado se instauraron cerca de 2040 comparendos por invadir el carril del MÍO y un total de 13.653 por pasarse el semáforo en rojo.

A esto se suma que de las más de 91.896 sanciones de la Policía, realizados en todo el 2021, cerca de 1873 corresponden a riñas, según la Secretaría de Seguridad.

Para el politólogo Alejandro Morales, experto en resolución de conflictos y profesor de la Universidad Javeriana, hay tres aspectos que provocan estos fuertes roces en los caleños: “Las secuelas del estallido social, la violencia urbana que llegó después del acuerdo de paz y la desconfianza a la autoridad e instituciones. Esto hace que la ciudadanía empiece a tomar la justicia por mano propia, pues cree que no va a haber una respuesta efectiva”.

Es por esto que, para Morales, primero se debe bajar la percepción de inseguridad, que es algo que afecta nuestro diario vivir, de “una especie de sentimiento de que estamos por nuestra cuenta”. Y posterior a ello se debe trabajar en recuperar la confianza de los ciudadanos.

“Yo siento que debemos divorciarnos de la idea de Cali como ciudad cívica. Eso fue un momento histórico en el que la capital del Valle todavía era muy pequeña, pero ahora somos más de dos millones de habitantes. No podemos agarrarnos de la nostalgia, pues empezaremos a buscar culpables, a señalar, a ser violentos los unos con otros. Debemos de repensarnos desde la migración, el pasado que tenemos por los narcos y un posconflicto que empieza a permear las ciudades”.

El 53,2 % de los caleños cree que los habitantes de la ciudad nunca respetan a las poblaciones vulnerables, según la encuesta de Cali Cómo Vamos.

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Una opinión similar tiene el concejal Carlos Andrés Arias, quien explica que dentro de Cali coexisten varias ciudades, lo que provoca choques culturales en los que se deben trabajar para cambiar el panorama.

“Aunque inculcar valores no es posible en un solo cuatrenio (cuatro años de la Administración), se debe empezar por un proceso formativo de los niños, quienes a su vez deben dar de ejemplo a los adultos. De nada sirve invertir en centros de reconciliación y generar proyectos que están amarrados al presupuesto, si no le damos prioridad a los valores básicos desde la familia”, dijo.

El cabildante agregó que puesto que en estos momentos hay mucha angustia por la cuestión laboral, dado que la tasa de desempleo se ubica en un 17,3 % en Cali, se deben retomar proyectos como el Fondo Solidario de la Alcaldía, que aún está en etapa de reglamentación.

Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana, aseguró que no se puede desconocer que “atravesamos unos momentos difíciles de convivencia. Por eso todos los días estamos en los territorios para fortalecer el tejido social. El año pasado capacitamos a más de 6900 niños, niñas y adolescentes en nuestro semillero de cultura ciudadana, a pesar de que no había presencialidad completa, y también formamos a más de 2000 personas con la pedagogía de cultura ciudadana desde el enfoque interespecie y de cuidado del medio ambiente”.

La Alcaldía buscará, en el primer trimestre del 2022, presentar dos políticas públicas al Concejo de la ciudad. La primera es sobre cultura ciudadana y la segunda de barrismo social. “Desde el 2020 hemos trabajado con las barras del Deportivo Cali y el América para reducir la violencia al interior y en las afueras del estadio. Esto ha sido un trabajo arduo con los líderes del barrismo social en la capital vallecaucana. Ambas políticas públicas, que están finalizando su estructuración, tendrían una vigencia de 10 años”, explicó Rentería.