Once beneficiarios del programa Llano Verde, en Cali, arrendaron las viviendas a pesar de que las familias deben residir en ellas. Gobierno Nacional estudia medidas.

Para ser un sector que cuenta con ruta del MÍO, calles pavimentadas, todos los servicios públicos (tienen hasta DirecTV), un arriendo de $150.000 puede resultar barato, más si es una casa para estrenar de dos pisos.Cualquiera diría que no hay nada particular en ello, pues es un propietario de una vivienda alquilando su bien a otro a un precio favorable.Pero en este caso, las casas en arriendo están ubicadas en Llano Verde, urbanización del programa de las cien mil viviendas gratis que otorga el Gobierno Nacional “a los hogares que quieren salir de la pobreza extrema”. Y uno de los requisitos que aceptaron los nuevos dueños de las viviendas regaladas por el Estado fue el habitar por diez años, como mínimo, la propiedad entregada por la Nación. Así está consignado en las escrituras del bien. De no hacerlo, el Fondo Nacional de Vivienda les puede aplicar la revocatoria del subsidio, que en este caso es la devolución total de la casa, tal como está estipulado en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012 (de la Vivienda Gratis). Pero para once familias beneficiarias de Llano Verde, esta cláusula no ha sido impedimento para arrendar la casa a familiares o a amigos cercanos.Como se recordará, se han entregado hasta la fecha 2300 viviendas en tres etapas: en mayo 22 del 2013 se otorgaron 500; en agosto 22, 900 más y en noviembre 7, las siguientes 900. Quedan pendientes 1171 casas para igual número de familias y así completar la asignación de 3471 unidades habitacionales que fueron otorgadas a Cali para familias que se consideran pobres.¿Un subsidio bien asignado?El alquiler ilegal de estas viviendas, que en promedio en este barrio oscila entre $120.000 y $150.000, tiene preocupadas a las autoridades. Según la secretaria de Vivienda de Cali, Amparo Viveros, las primeras visitas se realizaron en diciembre del año pasado, tras escuchar rumores de beneficiarios que no estaban residiendo en las casas y, que yendo en contravía de la ley, las estaban arrendando.Esas visitas fueron reanudadas esta semana y en la inspección a 149 predios se encontró que once viviendas están arrendadas y nueve más están desocupadas, pasados entre tres y nueve meses de haberse realizado la entrega material del bien.“Me pregunto si le estamos dando el subsidio de vivienda a personas que realmente lo necesitan, porque no se entiende que piden la ayuda, se les otorga y lo primero que hacen es arrendar el bien o dejarlo desocupado, como si no les hiciera falta”, sostiene la Secretaria de Vivienda.El despacho reconoce que estos casos son la excepción y no la norma. En la verificación, 129 beneficiarios viven en la propiedad entregada por el Estado.Los propietarios que tienen las casas arrendadas o desocupadas aseguraron a las autoridades que problemas de salud y la permanencia en el colegio de los hijos han impedido que se haga posesión de la vivienda.Igual comenta Elber Chacón, presidente de la recién creada Junta de Acción Comunal de la urbanización Llano Verde. “Hay familias que tienen los hijos en el colegio y como acá no hay oferta educativa, no se han podido pasar porque el desplazamiento es muy largo, otras personas trabajan lejos, en fincas, y solo vienen los fines de semana y hay casos de grupos familiares muy numerosos que no caben en la casa, que solo tiene dos habitaciones, por eso siguen viviendo en otros lugares”.Otros vecinos, que prefirieron omitir sus nombres, dijeron que hay familias que no necesitan la vivienda y que se la han arrendado a familiares, algunos con malas costumbres.“Hay una señora que vive en Buenaventura y le dejó la casa a un sobrino, no sé si pagará arriendo, pero ese muchacho tiene malas amistades, consumen drogas dentro de la casa y en la calle y eso está dañando el ambiente en el barrio”, comenta uno de los beneficiarios.Según los rumores de los vecinos, a los residentes de dos viviendas les quitaron la propiedad, precisamente por ser expendedores de sustancias alucinógenas. Al parecer, estas personas eran arrendatarias de los predios, porque desocuparon rápidamente, tras las quejas de los habitantes de Llano Verde.El Presidente de la Junta Comunal dice que es importante que sean los propietarios los que residan en las viviendas, “porque cuando se es dueño le duele el barrio, le interesa que haya seguridad y buenas costumbres. A una persona que arrienda no le importa si hay progreso porque en cualquier momento se va”.Frente a la situación de las viviendas arrendadas, el Ministerio de Vivienda, como la Secretaría del ramo, dicen que las causas para no vivir en las casas tienen que ser de fuerza mayor, tales como problemas de seguridad, de salud que pongan en riesgo la vida o demostrar que trabajan en otra ciudad.“Pero antes de ir arrendando deben informar al Fondo Nacional de Vivienda, en el caso de las casas de Llano Verde; o a la Secretaría de Vivienda, cuando hay un subsidio municipal, como por ejemplo en Altos de Santa Elena, donde también hay denuncias. Si tienen justificación, se otorga un permiso temporal, pero ni en este despacho ni en el Ministerio hay solicitudes para aplicar a la excepción”, afirma la arquitecta Viveros.Las visitas, según indicaron las autoridades, continuarán en Llano Verde este mes. Adicional al grupo social de la Secretaría de Vivienda, un equipo de diez cogestores (una especie de visitadores sociales asignados a las familias pobres que hacen parte de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, Anspe, y el Departamento de Prosperidad Social, DPS) hará inspección a las casas que no han sido verificadas.¿Qué pasa?La experta en Políticas Públicas y docente de la Universidad Icesi, Lina Martínez, dice que si una familia arrienda una vivienda, sabiendo que no lo debe hacer, es porque está segura que el Estado no ejerce el control suficiente y puede burlar la ley.Pero el Gobierno Nacional aseguró desde que anunció el programa el 23 de abril del 2012, que se haría vigilancia permanente, debido a que las familias estarían vinculadas a los programas de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Anspe, y el Departamento de la Prosperidad Social, DPS. El seguimiento se hace a través de las visitas que los cogestores realizan a los grupos familiares para verificar, además de que residan en las viviendas, que los menores asistan a clases y que tengan acceso a la salud, y que los adultos tengan generación de ingresos.“Lo que no se entiende es que si existe una red de acompañamiento, no se detectase el problema antes. A dónde están haciendo las visitas el personal del DPS, porque al parecer a las casas no van”, dice Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas, Cienfi, del Icesi.Agrega Alonso que es evidente que hay un problema de ejecución. “Los controles previos, antes de la asignación de la vivienda, están fallando”.El asesor de la Dirección del Departamento de Prosperidad Social, DPS, Pablo Ariel Gómez, dice que ese acompañamiento no lo hace el DPS inmediatamente se entrega la vivienda, que no es permanente y que la función de la entidad no es vigilar si las familias viven allí o no. “Eso lo hacen las administraciones municipales, que le reportan al Fondo Nacional de Vivienda si encuentran irregularidades, como las del arrendamiento”, explica.El viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, dice que de comprobarse que los beneficiarios están haciendo mal uso del bien, se les revoca el subsidio, tras adelantar un proceso administrativo. “Perder el subsidio, en este caso, es perder la casa”, afirma.Lina Martínez, de la Icesi, dice que la entrega de una casa no es la solución para sacar de la pobreza a una familia, que además no está acostumbrada a pagar impuestos o servicios. “Los ingresos de ellos no aumentan por tener una vivienda y por eso, para muchos será más rentable arrendar la propiedad y seguir en otro sitio de peores condiciones o incluso invadir”.En otros proyectos con subsidiosEn el programa Altos de Santa Elena, donde los beneficiarios recibieron subsidios cercanos a los $20 millones entre los gobiernos municipal y nacional, se encontró que 53 viviendas están arrendadas, a pesar que sus propietarios no pueden ni vender, ni alquilar en los primeros cinco años (a partir de la entrega). El alquiler en ese barrio está en promedio entre $280.000 (apartamento básico) y $350.000 (con acabados). Como se recordará, los apartamentos fueron entregados entre 2010 y 2012. El Viceministro de Vivienda dice que si las familias no justifican motivos de fuerza mayor, que sean verificables, deberán devolver el dinero del subsidio. “Además, no pueden volver a pedir un subsidio de vivienda, quedan reportados de por vida”, asegura el funcionario.Las irregularidades en Altos de Santa Elena fueron detectadas por la Contraloría General de la República, a donde llegó una denuncia en noviembre del año pasado, sobre el alquiler de los apartamentos. Según corroboró el ente de control, hay apartamentos arrendados en las torres 4, 7, 10, 11, 69, 76, 90 y 91. Vecinos dicen que de 920 viviendas entregadas, 270 estarían arrendados y algunos tienen opción de compra.En Barrio Taller, de 296 soluciones entregadas a desplazados, 13 estaban alquiladas, dos en manos de cuidadores y 2 más desocupadas. Debido a las irregularidades, la Alcaldía extenderá las visitas de verificación a los programas Altos de la Luisa y Loma Linda.