Este jueves, se continuó en el Concejo de Cali el debate de control político a las exoneraciones que se otorgan en la actualidad a los denominados bienes de interés cultural de Cali (BIC).
Hace algunos días, el órgano le solicitó a la Alcaldía, revisar el listado de los 9.024 bienes que reciben esos beneficios, entre los cuales se encuentra el Club Campestre; para verificar si realmente cumplen con los requisitos necesarios.
Este debate había sido propuesto por diferentes concejales, entre los que se encontraba Roberto Ortiz, quien insistió en la necesidad de realizar esta verificación “porque seguramente muchos de ellos no tendrían derecho a esa exoneración”.
Ortiz solicitó aclarar cuántas peticiones de exoneración se habrían tramitado en la vigencia 2024, debido a que se hablaba de 1200 solicitudes, de las cuales 590 habrían tenido trámite, pero solo 81 habrían recibido la compensación.
En respuesta los requerimientos emitidos, Edison Lucumi Lucumi, presidente del Concejo, anunció que, dentro de la revisión, será vital la instalación de una mesa técnica, propuesta desde el departamento de Planeación y Jurídica de la Administración distrital, para evaluar todos los predios BIC, con la finalidad de tener claridad sobre dichos bienes y las exoneraciones que reciben.
Asimismo, instó en revisar los Acuerdos vigentes que otorgan esos estímulos a fin de ajustar posibles vacíos jurídicos.
Los funcionarios de Planeación Andrés Giraldo Arboleda, Leidy Yohana Higidio, secretaria de Cultura y John Jairo Ceballos Quinchua, director del Departamento Administrativo de Hacienda, hicieron presencia en el debate de este jueves para, nuevamente, ratificar que la actuación que se hizo está amparada en Acuerdos Distritales vigentes.
Las concejales que citaron el debate, entre los que se encuentra María del Carmen Londoño Sanna, volvieron a insistir en que, desde el gobierno distrital, se habrían otorgado beneficios al Club Campestre de Cali relacionados a la exoneración del 100% Impuesto Predial Unificado y la devolución de $2.242 millones.
Sin embargo, Quinchua, aseveró que esta medida se tomó con base en el Acuerdo 232 de 2007, artículo 69 y su parágrafo. “No fue el Alcalde Alejandro Eder, quien dio esa autorización, porque ya estaba y así lo hizo el gobierno anterior”, afirmó el director.
Por su parte, la concejal Londoño, reiteró que, en el artículo 69 y el parágrafo del Acuerdo 232 de 2007, no daría tal autorización porque lo que habría un vacío jurídico.
Esta discusión se dio al tiempo que se pidió avanzar en las reformas al Plan de Ordenamiento Territorial POT, al igual que revisar aquellos Acuerdos vigentes que permiten dichas exoneraciones.