Cinco meses después de adjudicarse el contrato para la construcción de un puesto de control y vigilancia ambiental, en el corregimiento de Los Andes, para la protección del Parque Nacional Natural Los Farallones, la obra quedó suspendida y la fecha para reactivarla está embolatada.
El predio El Arbolito, en la vereda El Cabuyal, era el sitio donde se proyectaba levantar la obra, que debía estar lista este 29 de diciembre (ayer). Según el Dagma, el proyecto se adelantará “en el corto plazo” en el 2018, mientras sigue concertación con la comunidad.
Entre tanto, la directora de la entidad ambiental, Claudia María Buitrago, confirmó que el Municipio tiene un predio en Quebrada Honda, con un inmueble que está en mal estado. “Como trabajamos en articulación y complementariedad con Parques Naturales Nacionales de Colombia (Pnnc), nos dijeron que ellos se encargan de adecuar el inmueble y dotarlo. Tengo entendido que Parques Nacionales ya está haciendo la contratación respectiva y en cuanto esté, nosotros pondríamos los funcionarios”, dijo a El País.
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La funcionaria explicó que otro aliado estratégico es el Batallón de Alta Montaña que va a tener un pelotón permanente ahí.
Jaime Alberto Celis, Jefe del Parque Natural Nacional Farallones de Cali, dijo que hay una situación latente con la minería ilegal, y cree que este es un sitio para hacer control preventivo estratégico frente a este fenómeno.
“Sabemos que están subiendo muchos mineros, principalmente del departamento del Cauca, y este puesto de control puede ser un buen ejercicio piloto para tratar de controlar esa situación”, dijo el funcionario.
Buitrago añadió que la medida “obedece a una petición de las comunidades, que nos buscaron para que restableciéramos ese lugar para que podamos hacer control, pero va a ser también un espacio de encuentro comunitario, para que puedan socializar temas de la comunidad y formular sus proyectos”.
Por su parte, Paola Alzate, gestora ambiental de Los Andes-Pichindé, considera que el puesto de control no aplicará solo contra la minería ilegal, sino contra todo impacto ambiental, como es la subida de material de construcción para nuevas viviendas.
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“Hay gente que vende lotes y llega gente nueva a construir o a invadir terrenos, gente que anda armada o que saquean los recursos naturales, para todos estos casos, tendrán manejo con el puesto de control”, dijo Paola.
Kunti Gallego, guía ambiental y miembro de la JAL de Los Andes, admitió que el retén es una necesidad urgente para el cuidado ambiental de la zona, pero de la mano con el corregidor y las autoridades. Además reclamó mejorar las condiciones sociales para la comunidad.
“Los resultados del puesto de control son muy alentadores para parques nacionales, pero está muy retirado, porque las minas quedan como a 20 o 30 kilómetros. Entonces quedan muchos vacíos por donde van a entrar los mineros y como se habla solo de cinco carabineros, y como es un parque nacional tan grande, pero el control es indispensable”, argumentó el líder.
Ayadid Ortegas, otra líder de la zona añadió que “si es para el control de la minería ilegal, estamos de acuerdo, pero si es que el campesino sea atropellado, entonces no”.
Buscan conservación
La directora del Dagma destacó que además del puesto de control se va a trabajar en la conservación del ecosistema, con habitantes rurales para que ellos puedan tener su sistema productivo, pero sin afectar el medio ambiente.
Asimismo, resaltó el espacio de interlocución y concertación, propiciado por Parques Nacionales, que es la Mesa de usos, ocupación y tenencia. En conjunto con los miembros el Consejo Municipal de Desarrollo Rural (Cmdr), dijo que se está llegando a acuerdos donde la gente pueda seguir viviendo en la zona del parque.
“El Alcalde fue muy claro y les dijo que no los vamos a sacar, pero nos tienen que ayudar a conservar las cuencas, cuidar los Farallones y a evitar que llegue nueva gente”, afirmó Buitrago.