El País revela cómo opera la ‘industria’ del transporte ilegal en Cali y las enormes pérdidas que estas generan a los transportadores legales.Caos en entradas y salidas a manos de los informales del transporte intermunicipal.

La piratería es sin duda uno de los grandes ‘cánceres’ del transporte de Cali. En las diversas salidas de la ciudad existen terminales informales, operadas por verdaderas ‘mafias’. Así lo constató un periodista de El País que se mimetizó entre los pasajeros y usuarios del transporte intermunicipal. En este reportaje relatamos cómo opera esa ‘industria’ ilegal que genera caos en las vías y enormes pérdidas a los transportadores legales.Historia sin finEl 11 de marzo de 1974 se inauguró la Terminal de Transportes de Cali, la primera en el país, que fue la solución a la creciente demanda de transporte intermunicipal, iniciada tres años atrás con la realización de los Juegos Panamericanos.Para entonces el caos arañaba la lustrosa Calle Quinta, pues las tres flotas que enfilaban hacia la capital de la República y el sur del país tenían asiento en torno al Parque Santa Rosa. Las otras dos empresas que comunicaban la Sultana del Valle con las ciudades intermedias estaban apuntaladas alrededor de la Iglesia La Ermita.Ese kilómetro que separaba las sedes de las cinco empresas desperdigaba el flujo de pasajeros por todo el centro de la ciudad a través de la Carrera 10 y las calles 13 y 15, para luego desembocar en la emblemática Avenida Colombia. Era un tortuoso camino de doble vía que dejaba a su paso focos de inseguridad, contaminación y desaseo.La puesta en servicio de la Terminal no sólo erradicó el caos sino que forjó la leyenda del civismo caleño, al lado de las entidades responsables del aseo y el Tránsito local, cuyos logros eran imitados en toda Colombia.Cuarenta años después el caos vuelve a ser la primera impresión que el turista, viajero o visitante, e incluso el residente, se lleva de la ciudad por cualquiera de sus cuatro extremos.Justo en las ‘puertas’ de esta capital proliferan decenas de vehículos camuflados bajo el rótulo de transportadores intermunicipales, pero que en realidad son los piratas de una actividad que esquilma al Estado, bajo la mirada impotente de las autoridades locales.Para citar un ejemplo: de los $22.500 que un viajero paga para desplazarse por los 132 kilómetros que separan a Cali de Buenaventura, un promedio de $4.484 del valor de ese tiquete va a las arcas del Estado por impuestos.Ese mismo viaje realizado en uno de los automotores piratas que salen de la Portada al Mar cuesta $20.000. Pero como ningún control ha logrado frenar esa actividad, de esta cifra no le queda un solo peso a el erario, tipificándose así uno de los casos de evasión de impuestos más descomunales, hasta ahora no cuantificados por autoridad alguna.Además, el daño que ocasiona en la economía formal es inconmensurable, pues los transportadores que sí están autorizados ven reducidos sus ingresos.Es el caso de la Unión Temporal para el Sistema de Administración de la Ruta Cali-Buenaventura y Viceversa, Utcb, o consorcio Corredor del Pacífico SAS, en el que confluyen las empresas que tradicionalmente prestan el servicio de transporte de pasajeros por esa vía.En un cálculo tímido de los mismos afectados se estimó que sólo en dicha ruta la piratería produce un deterioro de 30% al 40% de los ingresos del consorcio, lo que significa unos $1.000 millones de merma al mes.Otras mafiasLa problemática que se vive en el oeste de Cali no es única. Se replica en otros puntos cardinales de la ciudad. Hacia el sur, en las calles 16 y 25 con Carrera 100, donde son captados los pasajeros a Jamundí y Puerto Tejada. Al norte en Sameco, en la salida hacia Yumbo, y en el Paso del Comercio rumbo a Palmira. Esto sin contar con lo que ocurre para Candelaria, Florida y Pradera, hacia el oriente, pues el abordaje de pasajeros se ha diseminado a lo largo de la Carrera Octava y un buen trecho de la Calle 70.En esos sitios estratégicos, decenas de vehículos informales se estacionan para captar los pasajeros que acuden hasta allí ejercitando la competencia desleal e ilegal.En La Portada un periodista constató que los vehículos piratas se parquean en las diferentes bahías que hay alrededor de la glorieta, a unos metros del sitio autorizado por el Tránsito para que los automotores del consorcio legal se detengan a recoger pasajeros. Es entonces cuando los pregoneros apostados en el sector aprovechan para ofrecer a los clientes el transporte pirata.Entre los atractivos ofrecidos está el del precio menor, pero especialmente el de que el usuario es trasladado justo hasta el sitio de destino sin que le signifique un costo adicional y de paso ahorrándose el valor del transporte local, ya sea taxi o colectivo urbano.Además, si se requiere movilizar equipaje voluminoso o mercancía, hay a disposición camionetas doble cabina con platón por un precio adicional, que de todas formas resulta menos costoso que contratar un vehículo de carga.Todas estas ventajas son ‘mercadeadas’ y voceadas en La Portada por ‘Pájaro’, la persona que atiende la clientela y el encargado de manejar los turnos y los despachos, pues los horarios no cuentan en esta modalidad, en vista de que la orden de salida depende de que se complete el cupo del automotor.Se observó que se trata de toda una organización equipada con celulares, avanteles y además conformada por una red de ‘campaneros’ e informantes. Según las autoridades, éstos alertan sobre los operativos, incluso esporádicamente antes de que se inicien.También han registrado amenazas e intimidaciones con el fin de que dichos operativos dejen de realizarse. Esta situación se ha confirmado especialmente en la salida sur de Cali.Al decir de los entendidos, La Portada es preferida por los piratas porque allí se conjuga la mayor oferta de pasajeros con un pasaje más alto: $20.000 en promedio, por eso su operación rinde mucho más que en otras rutas.Sin embargo, también se ofrece servicio a poblaciones como El Saladito, Dagua, El Carmen, Queremal y Loboguerrero. Sólo que este es atendido por vehículos menos equipados y más antiguos, incluso automóviles, pues el servicio a Buenaventura opera con camionetas Dmax de doble cabina y modelos recientes, en la mayoría de los casos, aunque también se ofrecen Hyundai Tucson, entre otros.Igualmente se constató que muchos de los automotores son de servicio público en sus diversas modalidades, pero en ningún caso autorizados para el servicio colectivo intermunicipal.Un alto porcentaje pertenece a empresas de servicio especial, que se identifican por su color blanco.El País buscó infructuosamente al representante legal de una de las empresas con mayor presencia en el sector, para establecer si cada viaje de sus vehículos afiliados se hace con autorización o por el contrario a sus espaldas y por ende a cuenta y riesgo del propietario o de su conductor.Al respecto, el conductor de la camioneta que trasladó al periodista de este diario le extendió una tarjeta de presentación en la que se registran sus teléfonos y el de la empresa de servicio especial, añadiendo que en caso de que no lo localizaran podía hacer “cualquier arreglo directamente con la oficina”, con el único fin de que no se perdiera la hipotética solicitud de servicio que se le estaba planteando.Para aclarar por qué los automotores afiliados a una empresa autorizada nacionalmente para el servicio público no puede prestar transporte colectivo a Buenaventura o a otras ciudades, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas, Luis Trinidad García, director regional del Ministerio del Transporte, precisó: “El servicio especial lo es porque puede atender público, pero para labores específicas y mediante contratos con empresas o personas, pero esos transportadores no pueden prestar servicio público colectivo, si lo hacen incurren en la informalidad y deben ser sancionados”.El Director Regional aclaró que el mecanismo de las sanciones y su aplicación por el incumplimiento de las condiciones de la licencia le compete a la Superintendencia de Puertos y Transporte, un organismo nacional que en la región no tiene un solo funcionario operativo o administrativo para acopiar las investigaciones respectivas. “Entiendo que la Súper está en un proceso de restructuración para solventar estas falencias”, agregó.Un cuestionario enviado hace dos semanas al superintendente Juan Miguel Prieto Durán, buscando ilustración sobre el panorama descrito y la falta de control en la región, no fue contestado.La falta de control también se manifiesta por la carencia del personal requerido para contrarrestar lo que cada vez más cobra fuerza de delito, pues así está contemplada la evasión de impuestos en el Código Penal.El desgreño fue corroborado por el mayor Saúl Carrillo Arévalo, jefe seccional de Tránsito y Transporte de la Policía. “A pesar de que continuamente realizamos operativos contra este flagelo, con buenos resultados, el transporte informal ha crecido”, indicó.En todo el departamento, los hombres a su cargo impusieron el año pasado 418 multas al transporte informal, que es como el sector oficial denomina la operación de los piratas. En lo que va corrido del año, hasta el 5 de agosto pasado, iban 737 comparendos, lo que significa un incremento del 66%.Para citar un solo caso, entre el 2010 y este año el organismo ha multado seis veces a un mismo conductor por transporte informal, aunque no se precisó la jurisdicción municipal.Precisamente, lo que le llama la atención al oficial es que muchos de los sancionados son reincidentes y el Código de Tránsito contempla, además de la multa, la inmovilización del vehículo hasta por 40 días, siendo esta la sanción más dura. “Por las vías hemos visto circulando algunos de esos carros un día después de sancionados”, sostuvo el mayor Carrillo.Por eso, el jefe policial, al referirse a los municipios de su jurisdicción sentencia: “Falta colaboración y compromiso de las autoridades administrativas municipales”.Ante este planteamiento del oficial, de indulgencia de las autoridades locales, Alexánder López, secretario de Tránsito de Cali desde hace ocho meses, rechazó con vehemencia cualquier suspicacia y enseñó los resultados de los operativos realizados contra esta irregularidad. “A la fecha (viernes pasado) el personal de agentes de Tránsito ha sancionado 182 vehículos de servicio público intermunicipal prestando servicio no autorizado y a 872 particulares con la misma infracción”, informó el secretario López.Para el funcionario, son varias las razones que impiden un mayor control a la piratería. La más apremiante es “el déficit de personal operativo”.Un argumento en el que coincide el diagnóstico de las entidades oficiales consultadas e involucradas con el manejo del transporte intermunicipal desde Cali, además del vacío de las normas existentes que facilitan la piratería, pero que los empresarios afectados rechazan y advierten que no para de crecer.El costo de la falta de personal para el control de los piratas lo han terminado pagando las empresas legales.TestimonioJames* es técnico mecánico, trabaja en Cali, pero vive en Jamundí, tiene 39 años y maneja un Chevrolet modelo 2006. “Nunca gasto un peso en gasolina”, advierte con sorna, “con lo que me gano pirateando me alcanza para las tanqueadas del mes y me queda para los dulces”.El testimonio de James muestra un situación generalizada porque, aunque hace parte del flagelo de la piratería terrestre, no es ese su medio de subsistencia, ya que este egresado del Sena trabaja en una empresa de alimentos en Acopi, Yumbo.“Lo pensé mucho antes de abrirle la puerta al primer pasajero. Me daba temor que la Policía me pillara o que los mismos piratas me fueran a hacer daño, es que hay grupos organizados que parecen una mafia”, asegura. Y agrega que la idea de llevar y traer gente entre Jamundí y Cali le surgió por necesidad. “Compré la nave (Chevrolet), pero la gasolina es muy cara y el millón de pesos que me gano no hace milagros”.Así fue como decidió abrirle la puerta de su 'nave' a cuatro pasajeros en la mañana y otros cuatro en la tarde. Cobra a $2.500 el pasaje y a los clientes los va recogiendo mientras sale de Jamundí o cerca a Holguines Trade Center, cuando va de regreso. En un día gana $20.000 que se gasta en gasolina. * nombre cambiado por seguridad.