A partir de mañana se conocerán las empresas que están en carrera para ser las responsables del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los colegios públicos de Cali durante el 2023.
El contrato es por $ 67.554 millones y se espera que sea firmado el próximo 25 de enero, antes de que los niños, niñas y jóvenes empiecen el año lectivo el 30 de enero.
La expectativa es que se contraten, como viene siendo el promedio de los últimos años, entre cuatro y cinco empresas para prestar este servicio.
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Sin embargo, José Darwin Lenis, secretario de Educación de Cali, explicó que esto depende de algunos factores: “Tenemos que ver cuántos oferentes se van a presentar y después tendremos que hacerles una evaluación a cada uno. Sesgaría el proceso si llego a anticipar posibles resultados, pero uno dice esas cifras porque son el estándar que se viene manejando”.
El año pasado, por ejemplo, se contrataron inicialmente cinco, pero una de estas incumplió, por lo que desde marzo se hicieron cargo de la alimentación de los y las estudiantes las cuatro entidades restantes.
Al final, el año lectivo terminó satisfactoriamente con estas cuatro, pero para este año que inicia se espera que estos hechos no se repitan. “Nosotros siempre trabajamos para que las cosas se hagan bien y en las mejores condiciones. Con nuestro equipo hacemos los planes de mejora y los ajustes en los procesos para que no se presenten esas situaciones”, aseguró el secretario José Darwin Lenis.
El funcionario sostuvo que “también esperamos que las empresas que esperan ser ejecutoras sean responsables con los niños y niñas, se trata de su acceso y permanencia en el sistema educativo. Necesitamos que se presenten entidades con capacidad, idoneidad y la experiencia suficiente para poder ejecutar este programa tan importante”.
En estos aspectos estuvo de acuerdo Juan Martín Bravo, concejal de la ciudad que durante el 2022 cuestionó con severidad las irregularidades en la prestación del servicio por parte de las empresas contratadas.
“También es importante que si algunas entidades forman un consorcio, que se aseguren que ninguna integrante esté siendo investigada por corrupción, que es lo que ha venido sucediendo. Se han presentado consorcios conformados por empresas fantasma que días antes de la licitación cambian sus razones sociales para acceder al contrato”, cuestionó Bravo.
Los $67.500 millones cubrirán cerca de 118 días, aproximadamente hasta septiembre, cuando será necesario solicitarle al Confis la aprobación de recursos para los días restantes.
El cabildante hizo énfasis en lo ocurrido el año pasado, ya que la entidad a la que se le suspendió el contrato como operadora del PAE tenía denuncias por varios delitos en la Fiscalía.
“Estos son jugadas estratégicas que, por lo menos desde mi postura, son las que se han venido orquestando, pero esperamos que esto no se repita”, agregó el concejal.
Uno de los organismos que estuvo comandando las investigaciones al Programa de Alimentación Escolar durante el 2022 fue la Personería de Cali.
De hecho, el personero Harold Cortés llegó a manifestar que “tenemos dos frentes de trabajo: la investigación disciplinaria y el área de Protección de la Familia, desde el cual estamos haciendo los seguimientos y el llamado oportuno para que se tomen los correctivos de manera urgente”.
El Secretario de Educación de dijo explicó que en las primeras dos semanas se entregarán alimentos industrializados, mientras se realiza la asepsia para la preparación de alimentos en los colegios.
Sin embargo, el ente de control nunca se pronunció sobre las conclusiones de las investigaciones ni sobre las acciones correctivas a tomar. El País intentó conocer en qué quedaron estos asuntos, pero no hubo respuesta.
El PAE alimenta en Cali a más de 160.000 niñas y niños, y este año ya se han matriculado más de 157.000 en las instituciones oficiales. Muchos de los ellos viven bajo condiciones de dificultad económica y vulnerabilidad, razón por la cual la Procuraduría General de la Nación pidió a todos los organismos territoriales contratar este servicio de manera oportuna y transparente.
“Se debe garantizar que niños, niñas y adolescentes reciban oportunamente y con calidad las raciones alimentarias que requieren para garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar. También hay que evitar que se presenten las demoras y dificultades evidenciadas en el 2022”, sostuvo el organismo.
¿Qué pasó en 2022?
La Secretaría de Educación adjudicó el PAE a cinco empresas y consorcios el año pasado. Uno de ellos, el cuestionado Luz del Valle.
Las denuncias por irregularidades en el servicio, entre estas el mal estado de los alimentos y la caducidad de otros, llevaron a que se suspendiera el contrato con esta entidad el 23 de marzo.
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La Personería también indicó en su momento que en más de un centenar de visitas sorpresa a la instituciones educativas se pudo constatar la calidad de los alimentos e incluso, que estos a veces no eran entregados.
A Luz del Valle, además, se le impuso una multa de $69.000 millones.