La guerra del centavo entre los vehículos de transporte informal y los taxis llegó a las puertas de los edificios y conjuntos residenciales de Cali. Allí, en las porterías de las unidades se están entregando comisiones a los guardas de seguridad, que oscilan entre $500 y $10.000, para que soliciten los servicios con el mejor postor: ‘piratas’ o ‘amarillos’.

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La denuncia la hacen voceros de empresas de vigilancia privada, exvigilantes de las unidades residenciales y taxistas de la ciudad, quienes refieren que el fenómeno se ha intensificado en los últimos meses y se está presentando, sobre todo, en los sectores de Valle del Lili, Ciudad Bochalema, Capri, La Flora, Prados del Norte, El Peñón y Normandía.

De acuerdo con un exguarda de seguridad de una unidad residencial del sur de Cali, quien prefirió omitir su nombre, “en principio llegaron los taxis ofreciendo $700 por cada servicio y así se trabajó durante un buen tiempo, pero desde este año llegaron los carros particulares dando $1000 si uno los llamaba para una carrera. Luego, los taxistas pasaron a ofrecer $1000 y los particulares, $2000. Los taxis ofrecen $5000 cuando hay un viaje al aeropuerto, pero los ‘piratas’ pagan $7000 o $10.000 si uno les da las carreras que van para allá”.

Según explicó el exvigilante, “para ganar más dinero toca decirle mentiras al usuario: que los taxis no llegan, que no están trabajando, que no contestan en la central. Con ese pretexto se dice que hay una persona de confianza que vive en la unidad de al lado y que puede prestar el servicio, como un Uber, pero sin usar la aplicación. Los carros que se utilizan para esto son gama media, como Chevrolet Optra, Chevrolet Spark, Kia Picanto”.

Johnny Rangel, líder del gremio de taxistas en Cali, aseguró que “algunos guardas de seguridad han montado un negocio para lucrarse con el mejor postor. Se están ganando hasta $1.300.000 mensuales solo recogiendo el dinero que les ofrecen los particulares para quedarse con las carreras, aún sabiendo que no son vehículos autorizados para prestar el servicio público de transporte de pasajeros y que están exponiendo a un riesgo a las personas que deberían proteger”.

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Rangel añadió que “se está viendo que los guardas de seguridad son muy vulnerables ante el dinero, sin importar que estén promocionando la ilegalidad. ¿Cómo estas personas pueden garantizar que mañana no sucumbirán ante unos ladrones para que los dejen entrar a un apartamento a cambio de unas monedas?”.

El líder del gremio taxista se quejó, además, de que “no se ven resultados contundentes contra la piratería en la ciudad. Los controles se están quedando cortos en los bares, restaurantes, discotecas y hoteles, donde el servicio de transporte especial y los particulares están prestando ilegalmente el servicio individual, que está llevando a la quiebra a los conductores de taxi”.

No obstante, el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, aseguró que los controles contra la piratería no han aflojado y dijo desconocer que se estén registrando anormalidades en cuanto la solicitud del servicio de transporte público individual en las unidades residenciales.
“Las empresas de seguridad deben estar más atentas a estas situaciones, porque hay una responsabilidad adquirida al colocar a sus protegidos en un riesgo al enviarlos en vehículos que no tienen ninguna garantía.

Además, las personas deben ser conscientes que los servicios ilegales carecen de respaldo, porque no hay una póliza que los cubra, una empresa que responda ante un incidente o siquiera una identificación de la persona que les va a transportar”, indicó Orobio, quien señaló que este año se han inmovilizado más de 3500 vehículos que se dedicaban al transporte informal.

Cabe anotar que en septiembre del 2016, la cifra de vehículos ‘piratas’ inmovilizados era de 2300, según la dependencia.

Por su parte, el gerente de Servicio al Cliente de Seguridad Omega, Rodrigo Rivera, indicó que para contrarrestar el efecto de esta guerra del centavo en las unidades residenciales “instalamos carteleras en las porterías en las que expresamos que nuestros guardas tienen prohibido exigir o recibir dinero por este tipo de servicios”.

Rivera indicó que “la competencia desleal es una realidad en la ciudad; hay casos en los que los guardas ni siquiera intervienen porque los carros ‘piratas’ se están parqueando fuera de los edificios ofreciendo el servicio y la gente lo toma. Por eso empezamos una campaña con los administradores de los conjuntos residenciales para que definan cuál es el servicio que prefieren usar, para evitar malos entendidos; de esta forma el guarda solo podrá llamar a ese tipo de transporte, pero la recomendación para los clientes es que, por seguridad y comodidad, cada quien pida el servicio que prefiera”.