Un grupo de ciudadanos, liderado por el abogado caleño Luis Carlos Giraldo, presentará una tutela en contra de la medida que restituye la prohibición de circulación del parrillero hombre en la ciudad de Cali, impuesta por la Alcaldía el pasado 15 de julio.

De acuerdo con el jurista, con esta determinación se perjudica a muchos caleños que no pueden transportar a sus familiares en moto y se vulnera el derecho a la igualdad.

"El parrillero no es el delincuente, no lo va a matar ni lo va a robar. Este es un tema de cultura que no va a cambiar de la noche a la mañana. En otras ciudades, como Bogotá, hay parrillero hombre y no se tiene la percepción de inseguridad. Cali es una ciudad violenta, pero para eso están los órganos de seguridad, para bajar esas cifras", destaca Giraldo.

Según el abogado, el recurso será presentado entre este viernes y el próximo martes. El grupo de ciudadanos analizará el decreto firmado por el alcalde Maurice Armitage y, en los próximos meses, presentaría una acción de nulidad en contra del mismo.

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"Considero que la decisión del alcalde fue precipitada y fue infundada por algunos sectores que lo critican. El tema de la percepción de inseguridad es de cultura y de prontitud de los organismos judiciales y la rama judicial en general", opina Giraldo, quien comenta que ha sido duramente criticado en redes sociales por la iniciativa que encabeza.

La medida de restringir la circulación de parrillero hombre mayor de 14 años en Cali fue adoptada por primera vez en 1995. El pasado 9 de julio, la Alcaldía decidió no renovar la norma dado que no tenía mayor incidencia en la reducción de delitos en la ciudad.

Luego de varios hechos de inseguridad, como el intento de robo al futbolista Juan Carlos Caicedo y el robo a la Directora de Gestión Humana de la Universidad Icesi, sumado a las críticas de la ciudadanía a la no renovación de la norma provocaron que el Alcalde, este lunes, anunciara que se restituye la prohibición y quienes la infrinjan deberán pagar una multa de $414.045 y se les inmovilizará el vehículo.

Cabe destacar que en Medellín la medida fue aplicada desde el 30 de noviembre de 2012 y hasta el 10 de agosto de 2015 cuando se anuló tras la demanda del abogado Nicolás Arango Vélez, quien la consideró inconstitucional y alegó que no afectaba directamente a los delincuentes sino a toda la ciudadanía.

El decreto fue anulado por el tribunal que argumentó que “la norma resulta ser contraria a la Constitución, pues el derecho del gran número de personas que se desplazan como acompañante en una motocicleta y que lo hacen sin el ánimo de cometer algún ilícito no puede verse afectado por el hecho de que algunas personas utilicen este medio para fines delictivos”.