Cali tiene una historia de invasiones que data de los años 50, es decir, lleva 70 años en un proceso permanente de invasión.
La ciudad ha tenido un ritmo acelerado de crecimiento: desde el año 31 hasta el 2019 creció 36 veces sin ningún tipo de planificación o gestión del control de territorio, lo que ha llevado a un problema estructural que se mantiene en el tiempo.
Según el Plan de Acción de la Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat (Acuerdo 0411 de 2017) el 44, 36 % de los hogares caleños están localizados en asentamientos humanos precarios, y el 39% de ellos en zonas de alto riesgo no mitigable.
Sin embargo, uno de los grandes inconvenientes es la falta de cifras actualizadas.
En ese sentido, mientras en Idesc (Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali) aparecen 195 asentamientos humanos precarios; el acuerdo 0411 de 2017 de la política pública habla de 210 y en el empalme de Gobierno del período 2020-2023 se identificaron 221.
Un estudio de la Universidad del Valle realizado para la Secretaría de Vivienda, hace aproximadamente 3 años, plantea que serían 280 los asentamientos irregulares, según el Comité de Invasiones de 2023.
El año pasado, durante un debate de control político a la Secretaría de Vivienda, los concejales cuestionaron la falta de controles a las invasiones, el poco avance en temas de legalización de predios, además de las limitantes del POT vigente para la ladera y corregimientos.
En esa oportunidad, la concejal Alexandra Hernández Cedeño, dijo que Cali tiene 70 años de invasiones, con 132 asentamientos subnormales para el año 2019 y 193 para el año 2023, con más de 2 mil intentos de invasiones que ponen en riesgo los cerros tutelares y más de 200 puntos críticos, “pero no tenemos control para ello”, subrayó.
También cuestionó que “hemos invertido $144 mil millones en legalización de predios, en los últimos cuatro años, y más de 8 mil en estudios y solo cinco legalizaciones”, pidiendo un aumento de esta meta en el Plan de Desarrollo del 2024- 2027.
Crecimiento informal
El déficit de vivienda cuantitativa y cualitativa, sumado a intereses privados que quieren lucrarse o ven una oportunidad de brindar estos espacios de vivienda a la población que lo necesita, y “seguramente la falta de control por parte de las autoridades” ayuda a que se realicen este tipo de actividades ilegales en la ciudad, aseguró por su parte, el arquitecto Harold Medina, profesor de la Facultad de Creación y Hábitat de la Universidad Javeriana de Cali.
Algunos de los puntos más críticos o zonas calientes en el municipio se ubican en los ecoparques Bataclán, Cristo Rey, Pance, al igual que en el Parque Nacional Natural los Farallones, donde además hay un proceso fuerte de minería ilegal.
“Aquí hay unas macroinvasiones que vienen creciendo, por ejemplo, La Betulia, toda esa loma hacia arriba, todo este sector es un crecimiento irregular ilegal. Allá puede haber hasta 1000 construcciones”, dijo un experto en el tema de asentamientos irregulares, quien omitió su nombre.
Asimismo, Siloé ha venido creciendo de tal forma que ya ha ido invadiendo el corregimiento Los Andes, en el occidente de la ciudad. También hay graves afectaciones en Altos de Menga, La Buitrera, Golondrinas, Brisas de los Cristales, Navarro, Pilas del Cabuyal y El Saladito (Pinera y Montañuelas), entre otros, que ponen en riesgo ecosistemas vitales de la ciudad.
La Política Pública Mi Hábitat, muestra un panorama muy problemático para “alrededor de 300.728 hogares que habitan en asentamientos humanos precarios, los cuales corresponden al 44,36% del total de hogares del Municipio que aún no tienen las condiciones adecuadas de calidad de vida”, es decir, acceso a servicios públicos, vías, y equipamientos básicos en educación, salud, bienestar, al igual que espacios para recreación.
Según cifras del censo del Dane de 2018, el déficit cuantitativo de vivienda de Cali está en 11.773 y el déficit cualitativo en 74.240.
Impacto en infraestructura clave
Algunas invasiones están poniendo en grave riesgo el desarrollo de infraestructura estratégica para la ciudad.
Es el caso del corredor férreo por donde se desplazaría el Tren de Cercanías, el proyecto más importante de la región cuya construcción arrancaría en el 2028. No obstante, en este sector, desde la zona rural de Jamundí hasta el municipio de Cali, habría más de 90 afectaciones, dos de las más grandes en la parte de atrás del Cementerio Metropolitano del Sur y el cabildo indígena de la etnia Páez.
“Estas invasiones siguen creciendo cada día y no las están conteniendo. Esto podría llevar a fracasar el Tren de Cercanías como pasó en su momento con el Mío”, sostuvo el experto.
De igual forma, también se vienen presentando cierre de vías públicas que se han convertido en parqueaderos privados, que se conectan de manera fraudulenta a los servicios de agua y energía generando enormes pérdidas para Emcali.
En la zona verde que comunica Santa Teresita con los barrios Arboleda y Bellavista, también se ha identificado una invasión y aunque ya hay una acción popular que obliga al municipio a ejecutar el desalojo, pero no lo han hecho, así como tampoco han hecho la restitución del predio en la invasión La Torre, en Navarro, al oriente de la ciudad.
En 2021, durante el estallido social, también hubo una explosión de mega invasiones que hoy están afectando el oriente de la ciudad, y son alrededor de siete u ocho: Dalia, Cauquita, El Pondaje, los humedales Ibis y Pacheco, y se consolidaron otras como las que están en Mojica.
Pero los denominados cambuches también se han extendido por la ciudad, especialmente sobre la Autopista Suroriental, antes del Puente de los Mil Días, donde hay una gran cantidad de estos asentamientos, además de muchas otras zonas de Cali.
Las estrategias de los tierreros
Detrás de la conformación de los asentamientos precarios también existen verdaderas empresas criminales que a través de triquiñuelas jurídicas invaden predios en toda la ciudad.
Sobre este tema, el experto indicó que una muy utilizada es cuando las personas que están en áreas protegidas se hacen invadir para poder lotear el predio.
Otra modalidad, agregó, es cuando vendo en común y proindiviso (un bien pertenece a varios propietarios en común, pero ninguno tiene derecho pleno sobre la propiedad).
“Usted no puede vender porque no puede lotear entonces vende derechos del lote. Un lote de mil metros se lo vende a 10 personas de 100 metros en común y proindiviso. Es una forma de ponerle trampa a la ley, entonces cada uno hace una casa en su lote de 100 metros, pero esas construcciones son ilegales”, dijo.
Hay gente que también ha titulado con Acuerdos del municipio: cogen el Acuerdo, lo escanean, lo convierten a Word, lo modifican y lo vuelven nuevamente documento, entonces lo imprimen con todas las firmas y lo llevan a una notaría y dicen, “vea yo vengo a escriturar este predio que es mío, aquí está adjudicado, de estos también se han encontrado gran cantidad de documentos apócrifos”, manifestó el experto.
Otra artimaña jurídica es que la oficina de catastro apertura cédulas catastrales de forma irregular que se sobreponen en predios de propiedad privada sin verificar la tradicion de inmueble.
Con la apertura de la cédula catastral lo invasores adelantan procesos judiciales de pertenencia para ser declarados dueños y luego apropiarse del predio argumentando que tienen una decisión judicial que los ampara.
Sin una base de información
Por su parte, Javier Garcés, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, reconoció que la ciudad no tiene un sistema de información actualizado que le permita hacer un monitoreo real de las invasiones.
Precisó además que hay unos procesos priorizados y reiteró que las quejas “las agendamos y atendemos”.
El año pasado hicieron 136 visitas de monitoreo, que correspondían a igual número de quejas y atendieron 178 actividades operativas. Este año llevan 78 operativos y han retirado 115 cambuches de las calles, tema recurrente en 2025, sobre todo en la Autopista Suroriental, en el tramo que inicia sobre el puente de la 25 delante de Comfandi y que va hasta la 70 en el Puente de los Mil Días.
Aclaró que la Unidad de Control de Invasiones, se trata de un equipo operativo conformado por 12 personas, que trabaja con inspectores y corregidores, no solo en el tema de invasiones sino también en el control a construcciones ilegales en el espacio público.
La entidad cuenta con el correo espaciopublico@cali.gov.co para que la ciudadanía denuncie.
Sin embargo, la comunidad se queja que cuando denuncian no hay una respuesta efectiva pues la Policía dice que lo debe atender la Alcaldía y esta a su vez remite los procesos a inspectores y o corregidores, según sea el caso.
Andrés Santamaría, quien se desempeñó como Personero de Cali, interpuso un derecho de petición ante la Secretaría de Seguridad por unos cambuches en la Avenida 4 oeste entre calles 10 y 11, vía al mar, pero para su sorpresa la inspectora de Terrón Colorado, donde trasladaron el proceso, lo designó a él como querellante cuando el predio es propiedad del municipio. Por esta razón, interpuso una tutela que fue fallada a su favor.
“Lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad es dando traslado a las solicitudes por invasión para que luego el particular y el peticionario tenga que hacer un desalojo cuando no le corresponde cuidar los bienes públicos de la ciudad porque el primer respondiente, en este caso, es el municipio”, enfatizó Santamaría.
Juan David Muriel, vecino también de Santa Rita, coincidió con Santamaría, en que “nadie se quiere hacer responsable y la problemática sigue creciendo”.
“Nos dijeron que venían el 17 de febrero a tumbar el cambucho pero la inspectora no dio la orden, solo hasta el pasado miércoles fue que hicieron la diligencia, pero ya habíamos hecho varias denuncias por la afectación de los incendios, este año ya habían hecho 3″, manifestó Muriel.
Un líder del corregimiento Los Andes, expresó que en lo rural no son invasiones sino viviendas irregulares, porque la zona rural estuvo acéfala por más de 40 años y hubo una desplanificación del territorio.
Añadió que la solución es hacer un POT real para planificar mejor a la ciudad, pero para eso se requiere “voluntad política”, insistió.
Las invasiones y construcciones ilegales siguen ganando terreno cada día en la ciudad, en medio de múltiples denuncias de ciudadanos que exigen controles reales a este flagelo.
Temen otro Siloé
En Golondrinas, al norte de la ciudad, los invasores no se limitan a cambuches, allá hay grandes construcciones, como la casa que aparece en la foto y cuyo valor podría superar los $3000 millones, que fue levantada en predios del municipio y no pasa nada, pese a que habría una orden de demolición.
En esta zona, donde se construiría el proyecto urbanístico más importante para revitalizar el norte de la ciudad, cada día se cierra más el cerco sobre estos terrenos, algunos privados y otros públicos.
Un vocero de algunos de los propietarios, que omitió su nombre, aseguró que “cada vez que van a ejecutar la restitución salen hombres, al parecer armados, y llegan gran cantidad de ‘abogados’ a torpedear el proceso”.
Según dijo, la falta de intervención del municipio ha facilitado el desarrollo de todo tipo de invasiones, ejemplo de esto “es Alto de Menga”, subrayó la misma fuente.
Agregó que desde hace cuatro o cinco años han logrado desalojar más de 10 invasiones puntuales, pero estos asentamientos estarían siendo promovidos por dos personas, las cuales ya están plenamente identificadas, una de ellas con antecedentes judiciales y hasta denuncias en Fiscalía. Pero, a pesar de todo esto, siguen llegando retroexcavadoras, deforestando y construyendo en áreas protegidas.
“Tememos otro Siloé en Golondrinas”, afirma el vocero.