Aunque se creía que el escándalo por becas para los empleados había muerto en el 2005, El País comprobó que no fue así. Esta es la historia.

El fantasma del mal manejo de los recursos que destinan las Empresas Municipales de Cali, Emcali, para la educación superior de los trabajadores y sus grupos familiares no logra disiparse.

Cuando la justicia aún no ha logrado cerrar el caso del peculado cometido en el 2005, por el que se han librado órdenes de captura contra varios funcionarios, algunos de ellos aún prófugos, la Unidad Investigativa de El País tuvo acceso a la documentación que soporta los auxilios educativos otorgados entre 2012 y 2015, en los que es evidente que persisten las irregularidades.

Inconsistencias en los pagos, falta de documentos que soporten los desembolsos, entrega del dinero directamente al trabajador, el pago por carreras no afines a la actividad de la empresa, estudios que no se habrían realizado y el otorgamiento de varios auxilios educativos a un mismo empleado, son algunos de los hechos que tienen el programa de becas de nuevo en el ojo de la tormenta.

Entre el 2012 y el 2015 las Empresas Municipales de Cali destinaron $40.215 millones para el pago de beneficios educativos a los trabajadores, a sus hijos y a sus cónyuges, pero el desorden al interior de la empresa hace casi imposible hacerle seguimiento efectivo a esos recursos.

Hay 26 casos de auxilios de becas en los que las cifras solicitadas no concuerdan con los valores pagados por Emcali entre los años 2012 y 2015 o donde no aparecen los soportes que avalen los pagos; diferencias que suman en total $102.809.894.

Entre ellos el de Julián A. Elejalde, en cuya documentación no figura el formato de solicitud de un pago por más de cinco millones de pesos; o Harold Ibarra, a quien le pagaron $5.607.600 para la maestría de su cónyuge y por ningún lado aparece el soporte de pago, como tampoco aparecen en el expediente de Héctor Fabio Osorio los dos últimos recibos de la maestría que realizó su hija en economía y que suman $9.430.562.

O incongruencias en los pagos como ocurre con Luz Stella Mora, una empleada que recibió tres auxilios educativos para ella, su hijo y su esposo y presentó una solicitud por $11.285.568 y Emcali realizó el pago por $13.500.000; a Diego Alexánder Montealegre le dieron un beneficio por $2.281.500, pero en el formato de solicitud figura por $7.605.000. O casos como el de Ramiro Zamora, que no solo se desapareció un soporte de pago por $5.540.800, sino que la cifra para la especialización de su hija dice que es por $16.532.942, pero Emcali le habría pagado $18.557.280.

Donde mejor se refleja esa realidad que no ha logrado superar la empresa, pese al escándalo que se originó con las becas en el 2005 (ver nota anexa), es en las cifras totales que maneja Emcali. De acuerdo con el sistema de recursos humanos, Emcali pagó en el 2013 $10.381 millones en auxilios educativos, pero según la oficina de registro laboral, lo que se pagaron en ese año fueron $9.485 millones. Una diferencia de $896 millones.

Lo que nada nos cuesta...

Ante la falta de claridad en los procesos internos de Emcali con los auxilios educativos para especializaciones y maestrías, la Unidad Investigativa de El País consultó con las universidades sobre la situación de los estudiantes y el resultado es poco alentador.

La información obtenida a través de 17 derechos de petición enviados a igual número de universidades en todo el país, en las que figuran como estudiantes trabajadores de Emcali o alguien de su grupo familiar, permite concluir que la falta de control abrió un boquete al despilfarro de recursos.

Promediando las 12 respuestas que entregaron varias universidades en Cali, Bogotá, Medellín, Santander y Manizales, el 10 % de los beneficiarios se matriculó y cursó uno o dos semestres y luego suspendió el estudio o terminó y nunca se graduó.

Más grave aún son casos como el de Valentina Vergara, quien en los documentos conocidos por este diario aseguran que cursa una especialización en neurodesarrollo de la Universidad CES, cuya sede está ubicada en Medellín, pero en respuesta a un derecho de petición, la jefe de Admisiones y Registro de esa entidad educativa, Beatriz Elena Guzmán Arismendy, asegura que allá no existe una alumna con ese nombre.

“Una vez consultada la base de datos de los egresados, el CES da respuesta a la solicitud hecha por usted, en la que solicita la verificación académica” y una persona con ese nombre no figura inscrita.

Sin embargo, en los documentos de la empresa figura un pago en beneficio de William Vergara por $5.445.000. Consultada también en redes sociales, la joven figura como estudiante de la Universidad San Buenaventura, pero en la página web de esa sede educativa no figura la especialización en neurodesarrollo y esa universidad se negó a certificar si existen o no los alumnos de Emcali.

Y aunque también las convenciones colectivas son muy claras al asegurar en el Artículo 4 que los beneficios educativos no se extenderán a estudios de doctorado, ese parágrafo tampoco se estaría cumpliendo.

Pese a que en el 2012 la empresa le otorgó una beca a Carolina Botero para una maestría en administración, ese mismo año le fue asignado un auxilio de $ 28.020.000 para que su cónyuge, Fredy Gualy Rubio, adelantara un doctorado en gestión en la Universidad EAN de Bogotá. Más curioso aún es que Emcali le entregó en 2012 los $ 28 millones y según la coordinadora de Registro Académico de la Universidad, Fredy Gualy Rubio apenas se matriculó en el 2014.

O uno de los dirigentes sindicales a quien le pagaron toda la maestría en 2012 y 2013 y en la Universidad del Valle apenas está inscrito para el periodo agosto-diciembre del 2016.

Revisando documentos, encontró este diario que Javier Carabalí, uno de los involucrados en el caso de peculado en el 2005, mintió al pedir auxilio educativo para una supuesta esposa que no lo era y en este momento se investiga al menos un caso más donde un sindicalista habría presentado una falsa cónyuge para que Emcali le pagara una especialización.

Durante una semana El País intentó hablar con Juan Martín Mancera, jefe del Departamento de Gestión Laboral de Emcali, pero leyó los mensajes y no los respondió.

“Carrusel sindical”

Más allá de quién deba responder por el desorden administrativo o la pérdida de dinero de las becas sea la Dirección de Gestión Laboral de Emcali, directivos de la empresa aseguran que hay también una responsabilidad grande de parte de los sindicatos.

Uno de los abogados que ha hecho parte en las negociaciones entre Emcali y los sindicatos explicó, bajo reserva de su identidad, que “lo que sucede es que la convención colectiva es un colador y ya los trabajadores tienen muy claro cómo sacar provecho de un documento que se presta para muchas interpretaciones”.

“En Emcali hay un carrusel sindical en el que el trabajador cuando le conviene se va a USE y luego se pasa para Sintraemcali. Es un tráfico permitido porque los dos sindicatos tienen diferente convención y la de Sintraemcali es de enero a diciembre y la de USE va de septiembre a agosto entonces hay una migración de trabajadores cada cierto tiempo para obtener provecho de ambas”.

Sin embargo el presidente de la Unión Sindical Emcali USE, José Roosvelt Lugo, condenó que se quiera culpar al trabajador “cuando la empresa debe tener un esquema y una organización que permita hacer las cosas bien. El mismo contralor nos dijo: ‘no es culpa mía cuando voy a pedir algo y me lo entregan porque no estoy causando dolo ni necesito conocer a la saciedad el tema’ porque los trabajadores han sido juiciosos con eso de las becas”.

Pero son esas mismas convenciones colectivas que firmó Emcali con los sindicatos las que señalan que “se pagará un solo posgrado por grupo familiar” durante la vigencia de la convención; y aún así, la empresa le otorgó más de una beca a 63 de sus trabajadores entre 2012 y 2015 por un valor de $ 909 millones.

De acuerdo con José Roosvelt Lugo, del sindicato USE, todo parte de un error que comete la Contraloría de Cali al interpretar la resolución que reglamenta la convención colectiva de trabajo y que emitió unos hallazgos que a su modo de ver no existen.

“En ningún punto dice que era un solo auxilio por trabajador. El primer error craso que cometió la Contraloría en una auditoria previa fue decir que las Empresas Municipales han dado más de un auxilio porque las convenciones colectivas hablan de dos auxilios; el derecho que tiene el trabajador y alguien más de su grupo familiar como un hijo o la cónyuge”, aseguró el dirigente.

Sin embargo, en los documentos que conoció El País hay siete trabajadores (cuatro de ellos afiliados a Unión Sindical Emcali, USE, y los otros tres a SintraEmcali) a quienes se les entregó hasta tres auxilios educativos para ellos, sus hijos y sus esposas por valores que van entre los $ 12 millones y los $ 71 millones.

Esos siete trabajadores sindicalizados recibieron auxilios educativos para especializaciones y maestrías en menos de dos años por una suma superior a $147 millones.

La explicación a situaciones como esa, según Roosvelt Lugo, es un tema de vigencias; porque hay trabajadores que pertenecían a un sindicato y tenían ya el auxilio, pero cuando se cambian a otro sindicato “asumen los derechos de la otra convención y eso es absolutamente legal”.

“No existe en la norma colombiana ni en la norma internacional un artículo que diga que los trabajadores cuando se afilian a una organización sindical no tienen derecho al disfrute de la convención colectiva del trabajo”, insistió.

Al respecto, directivos y exdirectivos de Emcali cuestionan que en medio de la crisis económica que hace largo rato atraviesa la empresa, no se hayan demandado esas dos convenciones colectivas demasiado generosas con los trabajadores.

“Es absurdo que en el presupuesto de Emcali se destinen cada año $5.000 millones para el pago de estudios a los afiliados al sindicato de la USE, cuando no se gastan más de $2.000 millones. ¿Cuántos metros lineales de tubería se compran con esos $3.000 millones sobrantes, o cuántas obras no se realizan con esa plata en telecomunicaciones o energía?”, indicó un exdirectivo.

“En tiempos de vacas gordas para todos hay bonanzas, pero si hoy Emcali está en una crisis y no tiene ni con qué garantizar el servicio, tenemos que ajustarnos en gastos y no puede ser que los únicos que siguen como en las épocas de vacas gordas sean algunos trabajadores”, agregó.

Los sindicatos de Emcali también rechazaron que la Contraloría u otros organismos hablen de un detrimento patrimonial con el tema de becas porque las convenciones colectivas, según ellos, tienen un presupuesto fijo y los recursos no se han desbordado.

“Lo que vemos con preocupación es que se quiera hacer protagonismo por parte de la Contraloría con la supuesta pérdida de mil millones de pesos y se vuelva objeto de hallazgo a los trabajadores, cuando en Emcali hay cosas terribles, en contratos multimillonarios inoficiosos y en nómina paralela”, señaló el sindicalista Lugo.

“Más grave que la supuesta pérdida de mil millones de la convención colectiva, es que no se les cobre los $75.000 millones a las empresas de telefonía que está de agache pegados de la infraestructura de Emcali”, dijo.

Una extraña pasión por la gastronomía

Si algo quedó claro en las resoluciones 1743 y 1744 del 2 de noviembre del 2012, firmadas por Sintraemcali y el sindicato de la USE con el entonces gerente de las Empresas Municipales, Sabas Ramiro Tafur, es que las becas se otorgarían para estudios afines a las funciones que cumple Emcali.

Resulta por eso inexplicable que la empresa adjudicaran entre el 2012 y el 2014 beneficios educativos a varios empleados que optaron por carreras como diseño de modas, ebanistería o gastronomía.

El País consultó los certificados de Cámara de Comercio y actas de junta de la Escuela Gastronómica de Occidente y encontró que ese centro de formación pertenece a Dora Molano, sus dos hijos y su esposo, Orlando Tafur Reyes, hermano del entonces gerente de Emcali, Ramiro Tafur.

En los últimos días este diario hizo varios intentos por hablar con alguno de los hermanos Tafur sobre esta coincidencia, pero no obtuvo respuesta. Incluso, visitó la sede de la escuela de gastronomía EGO para preguntarle a Orlando Tafur sobre el tema y la condición de estudio de los empleados de Emcali en su institución, pero fue imposible.

A través de su secretaria, por vía telefónica, el director de la Escuela Gastronómica de Occidente le hizo saber a El País que no responderá a ninguna pregunta relacionada con becas de Emcali y que tampoco certificará si las personas becadas por esa empresa terminaron o no sus carreras porque “la información de los estudiantes es clasificada”.

Ramiro Tafur había llegado al cargo como agente especial de Emcali en el mes de julio del 2011 y siete meses después, en el mes de febrero del 2012, es que aparecen matriculados varios empleados de las Empresas Municipales en la institución educativa de su hermano.

Consultados los documentos de las becas de la empresa, fueron cinco los empleados que recibieron auxilios de parte de Emcali por valor de $66.055.122 para adelantar estudios de chef entre el 2012 y mediados del 2014 en la Escuela EGO.

Entre ellos Graciela López Delgado, quien se habría graduado como chef técnico y en cuya documentación se puede ver claramente lo que algunos abogados han calificado como un ‘carrusel sindical’ en Emcali.

El primero y tercer semestre los estudió con el beneficio de la convención colectiva de Sintraemcali, según los dos pagos que hizo la empresa por $9.615.762. Para el segundo y cuarto semestre usó la convención colectiva de USE y recibió los restantes $9.154.653.

Situación similar a la de Beatriz Elena Taborda, quien el primer semestre lo curso con el beneficio de Sintraemcali y los tres restantes fueron a través de la Unión Sindical Emcali (USE).

Ya había sido advertido

Pero gastronomía no es la única carrera no afín al objeto social de Emcali y por la que las Empresas Municipales terminó pagando auxilios. En los listados figuran también recursos por $9 millones con los que se pagaron estudios en ebanistería y diseño de modas a cuatro trabajadores más de la empresa.

Tres de ellos de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, donde certificaron que dos se han graduado y hay uno que terminó materias y está pendiente su grado.

Una persona más estudió ebanistería en la Universidad Obrera, Fundaobrera, en el barrio Alfonso López y culminó con éxito su preparación, según esa entidad.

Ya en el 2015 ese pago de auxilios educativos por parte de la empresa a trabajadores que realizaban carreras que nada tenían que ver con las funciones que realiza Emcali había sido advertido por la Contraloría Municipal de Santiago de Cali.

En ese entonces, el ente de control se percató de la situación y calificó el hecho como un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal.

Pero desde el 25 de septiembre del 2014 se había firmado un acta extraconvencional entre los sindicatos y las directivas de Emcali, que para la fecha ya tenía como gerente a Óscar Armando Pardo, y que argumenta que: “pensando en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, las partes acuerdan efectuar el reconocimiento y el pago del beneficio educativo” a otra cuatro carreras no afines a la actividad de la empresa.

Esas carreras permitidas desde finales del 2014 son enfermería o auxiliar de enfermería, chef, criminalística y azafata o auxiliar de vuelo.

Mucho cacique

Una de las críticas que se hacen en el interior de Emcali es que hay personal de bajo nivel salarial y que tiene hasta dos maestrías y siguen como operarios o manejando un vehículo.

Entre otras cosas porque muchos de esos trabajadores poseen niveles de estudio muy superiores a los de sus jefes y no tiene oportunidad de ascender dentro de la empresa porque hay una estructura en Emcali que hace difícil que un empleado pueda llegar a ascender.

Resultado de ello, es que son muy pocos los empleados que están dispuestos a fungir como operarios y a realizar reparaciones en las calles.