“Esto es lo más difícil que me ha tocado en la vida”. Así define Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali, su rol frente a la compleja situación de orden público que ha padecido Cali en las últimos días.}
Sostiene que tras los desordenes y actos vandálicos hay organizaciones delincuenciales y advierte que urge una solución social de fondo para la ciudad, de los contrario, este nefasto escenario se volvería a repetir en cualquier momento.
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¿Cuál es la estrategia a corto plazo para volver a la normalidad la Cali que conocíamos?
Necesitamos ir tras un mismo objetivo: construir un espacio de deliberación pública, donde todos sientan que tienen una voz y se sientan partícipes. A lo largo de estos días hemos tenido reuniones con el sector privado, la Policía, con los generales, toda la Alcaldía está centrada en un único objetivo: que haya un diálogo, no más guerra y buscar la reconciliación.
Obviamente, tenemos problemas, pero debemos afrontarlos y que no se conviertan en ese obstáculo que no nos permite avanzar. Estamos preocupados por todos los temas que han llegado a la mesa y por toda esta desazón que se vive en la ciudad, tenemos que buscar una salida, con la escasez de alimentos y combustible, sólo aumenta esa angustia social que ya estamos viviendo. Esto es un cóctel muy peligroso, sobre todo en una ciudad como Cali, donde el 50% de la economía es informal, es decir, que viven del día a día, así que la presión que deben tener muchas familias es demasiada. No se trata de atropellar a nadie, sino de encontrar soluciones colectivas.
Todos estos días que he estado presente en el Puesto de Mando Unificado, se ha apreciado un desescalamiento de las 34 variables a las que les hacemos seguimiento, han desescalado un 80%. Ya no tenemos buses vandalizados, semáforos vandalizados, no tenemos ambulancias afectadas, estamos reduciendo eso a prácticamente cero.
Entonces, ¿qué queda por hacer?
Los grandes bloqueos que se presentan en el norte, en el sur, en el oriente y el occidente de la ciudad. La segunda estrategia es construir un vínculo y un lazo entre los manifestantes y la Alcaldía, ya tenemos un equipo haciendo gestión del tema, la iglesia ha sido un apoyo importante creando esos puentes, identificando liderazgos positivos.
El tercer componente es un llamado al Gobierno Nacional, para realizar ese diálogo que pide la ciudadanía, necesitamos que el Gobierno abra esa compuerta, que se abra el diálogo con la juventud, que haya un diálogo directo y un espacio donde nosotros como Alcaldía también podamos expresarnos. Ya luego de eso, lo siguiente es una fase de reconstrucción de la ciudad, de buscar recursos para recomponer el sistema de transporte, que esos temas que causaron este conflicto en primer lugar encuentren desenlace, uno entiende que 180.000 empleos perdidos y una juventud desesperada necesita la agenda, así como acompañamiento institucional, esa sí o sí es la alternativa que tenemos.
¿Cómo recuperar la tranquilidad después de tantos días de violencia?
No será fácil porque la confianza se rompió, se golpeó ese sentido de pertenencia con la ciudad, obviamente no queremos satanizar ni señalar a nadie, pero lo inicial es asumirlo. Hay una agenda pública muy extensa de recuperación de la ciudad, donde todos nos pongamos a trabajar. Yo creo que la única forma de recuperar esa confianza es trabajando, haciendo apuesta e interpretando los contenidos de este conflicto. Nos apartamos de la satanización, pero estamos muy tristes y dolidos por todo lo que ha pasado, porque lo que hemos visto es muy difícil.
¿Quién está detrás de todos estos actos vandálicos?
Hay muchos actores, muchas personas, muchos grupos. Después de ocho días haciendo observación y recolectando información, uno sabe que muchas personas de los barrios que están metidas en el delito están involucradas en esto, esa capacidad de dañar el bien público no es de la noche a la mañana, ninguna persona va a afectar 11 estaciones del MÍO o quemar 18 buses porque amaneció y se le ocurrió, ahí hay unos actores que la Fiscalía tendrá que abordar con su capacidad institucional, como judicializa, porque los daños son gigantescos.
Nosotros creemos que sólo en bienes públicos podría haber pérdidas de $100.000 millones, en el sector privado entre $300 millones o $400 millones, esto sin contar el bien más preciado más allá de lo material: la vida. Las ocho o nueve personas que pueden haber fallecido se debe aclarar en qué circunstancias ocurrieron, más de 400 personas lesionadas, nos obliga a tener unas priorizaciones inmediatas, no será fácil avanzar en esto. Pero sí es importante que la Fiscalía que aborda ese tema investigue y descubra quién está detrás de esto, quiénes financiaron, patrocinan o apoyan estos actos.
¿Qué se sabe hoy de las denuncias de excesos de la fuerza pública durante las manifestaciones?
Ahí tenemos tres entidades envueltas en el tema que son la Personería, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. De hecho tienen delegados directos presentes en el Puesto de Mando Unificado, donde están revisando y vigilando la información detallada sobre las afectaciones a la vida, a la integridad y el tema de los desaparecidos, que tiene que aclararse.
Segundo, hay unas investigaciones que las realiza la misma Policía, ellos tienen sus políticas internas de evaluación. La Alcaldía de Cali ha reivindicado la importancia de los derechos humanos, es un parámetro obligado para todo el mundo, es un marco internacional que protege la vida, la integridad y que, bajo ninguna circunstancia, se justifica su vulneración. Independientemente de la entidad, debemos ser conscientes de eso.
Tercero, la Alcaldía está creando una comisión interinstitucional para abordar los temas, los casos y que se genere la máxima transparencia en lo ocurrido en la ciudad, con las personas que han perdido la vida.
Hay una sensación de que la ciudad se salió de las manos...
Este en sí no es un problema de seguridad, es un problema social. Es algo que se viene acumulando, tenemos el antecedente de 180.000 empleos perdidos, genera una bomba social, una ciudad que cuenta con una población migrante de entre 60.000 y 80.000. Lo dije ante los medios hace unas semanas: la crisis humanitaria y social de la población migrante tiene un impacto gigantesco en Cali. Personas que no cuentan con un techo, con algo para comer, no cuentan con un sistema de salud, con esto se genera una presión social muy grande y tiene que ser atendida por alguien, una población que antes de la pandemia tenían una manera de generar sus ingresos, que desaparece totalmente.
Creo que hay unas presiones sociales y económicas, de dos o tres décadas no resueltas que sin duda constituyen una bomba social, que tarde o temprano tiene que resolverse, pero que no es algo de seguridad en sí mismo. Debe abordarse desde un punto de vista donde el Estado interpreta estos conflictos sociales y territoriales. Esto no se puede resolver con paños de agua.
¿En algún punto no se planteó a usted mismo que “debería haber hecho más -para evitar esto-” o algún arrepentimiento por omisión?
En general no tengo este tipo de arrepentimientos. Yo dije hace tres semanas “veo muy crítica la situación migrante en la ciudad”, “veo una bomba social en la ciudad”, “veo una crisis humanitaria” ¿Qué tenemos hoy? Según Migración Colombia muchas de estas personas son las que participan en estos actos.
Lo dije el año pasado en los consejos de seguridad que hicimos con el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior, lo dije claramente y realicé unos mapas para explicarlo... es un tema que la ciudad en los 90 cambió, se cree que un periodo de 4 años de un alcalde resuelve todos estos problemas, pero esta es una cuestión que necesita una agenda extensa, muchos recursos y por eso es relevante no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
¿Usted cree que esta semana vamos a tener un poco más de tranquilidad frente a esta situación?
Ese es nuestro deseo, esto es lo más difícil que me ha tocado en la vida. Estamos monitoreando minuto a minuto, todavía tenemos temas que resolver como los bloqueos. Si logramos consolidar hacer una apertura de los espacios de ingreso y salida de Cali sería lo más importante. Que no tengamos estaciones ni buses del MÍO incendiadas, que no tengamos establecimientos saqueados eso nos ayuda a que tengamos un poco de tranquilidad.
Desde antes de la crisis, algunos sectores estaban pidiendo que renunciara. ¿Usted cuál cree qué es el costo político de estos actos de desorden para usted y el Alcalde?
Yo no soy un hombre de cargos, a mí no me definen los cargos, mi cargo está disponible para el señor Alcalde y él lo tiene muy claro. No soy amigo de aferrarme a los puestos y me gustaría que así se asuma y se sienta. El Alcalde me ha dicho que lo ayude porque cree en mis capacidades y en manejar el equilibrio entre la seguridad dura y blanda, no soy de extremos, no estoy aprendiendo. Pero no me voy a aferrar a este cargo por capricho. De hecho. Tengo plena conciencia de que el Alcalde me apoye o no, el día en que ya no tenga que hacer más en este cargo, soy el primero que le presento la carta de renuncia al Alcalde.