A pesar del ruido y la incertidumbre que generó en la ciudad el ingreso de Metrocali a la Ley 550 -o de Insolvencia-, luego de recibir negativas judiciales para esquivar el pago de las millonarias pretensiones de un operador del masivo, esto no impactaría a los usuarios del MÍO.
Al menos así lo asegura Olga Lorena Cifuentes, secretaria General y de Asuntos Jurídicos del ente gestor del sistema de transporte masivo, quien repite como un mantra que los recursos para culminar las obras pendientes y las venideras tampoco se verán afectados y que, de una u otra forma, esta medida ayudará a que se mejore la prestación del servicio.
En plática con El País, la funcionaria señala que se requería acudir a la reestructuración de pasivos para evitar la liquidación del ente gestor del MÍO. Asimismo, asegura que en la defensa jurídica de la entidad en el tribunal de arbitramento que enfrentó contra GIT Masivo -por incumplimientos contractuales-, que fue lo que desencadenó la caída de Metrocali en Ley 550, no hubo negligencia.
¿Por qué Metrocali se acogió a la Ley 550?
Metrocali tomó la decisión de iniciar el proceso de reestructuración de pasivos debido al fallo en su contra por aproximadamente $160.000 millones -por reclamaciones hechas por GIT Masivo-. Esto implica que seguiremos funcionando de manera normal, seguimos con la recuperación del sistema, con la recuperación de los buses, con el ingreso de los nuevos buses. Lo que vamos a tener con el proceso de reestructuración de pasivos es lograr un acuerdo con nuestros acreedores para pagar las acreencias que en este instante tenemos, a raíz del laudo arbitral.
¿El que Metrocali esté en reestructuración económica cómo golpea a los usuarios?
Realmente no se afecta la prestación del servicio. No hay nada que se afecte en este instante, porque nosotros vamos a tratar de llegar a un acuerdo con los acreedores para pagar en la medida de nuestras posibilidades nuestras acreencias. La infraestructura que nosotros necesitamos para el sistema tampoco se va a ver afectada, porque son recursos que están garantizados. Vamos a seguir funcionando de manera normal.
¿Qué habría pasado si Metrocali no se acogía a la ley 550?
Cuando nosotros tenemos que registrar en nuestros estados financieros el laudo de $160.000 millones entramos en una causal de disolución por perdidas establecidas en el Código de Comercio, porque nuestros pasivos superan el 50 % de nuestro patrimonio. Entonces, para evitar esta situación lo que hacemos es iniciar el proceso de reestructuración para que la entidad continúe su normal desarrollo y pueda prestar los servicios a la comunidad.
Habrían tenido que liquidar a Metrocali...
Efectivamente, porque el Código de Comercio establece que cuando usted tiene una deuda superior al 50 % de sus activos entra en causal de disolución por pérdidas.
¿La reestructuración de pasivos cómo deja las finanzas de Metrocali y el MÍO, de cara al futuro?
Nosotros no vamos a afectarnos en cuanto a la prestación del servicio ni a la infraestructura, porque tanto los recursos de la operación de transporte como el ingreso de los recursos para la nueva flota y poner a punto nuestra flota están garantizados.
¿Y qué va a pasar con el pago que hay que hacer a GIT de $160.000 millones, por incumplimientos contractuales?
Conforme a la sentencia, nosotros tendríamos que pagar inmediatamente $160.000 millones y no contamos con esos recursos. El plazo establecido eran 10 meses posteriores a que la sentencia quedara en firme, que se cumplieron el 11 de octubre de este año; a partir de ese momento nace la obligación de pagarle a GIT Masivo. El mismo viernes -11 de octubre- fue admitido por la Superintendencia de Transporte el proceso de reestructuración de pasivos, entonces a partir de este momento no tenemos que pagarle a GIT inmediatamente, sino que tenemos que entrar a una negociación para llegar a un acuerdo de pago.
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¿Y ya han proyectado, en principio, cómo se cancelará la deuda con GIT?
Vamos a proyectar la forma de pago, el tiempo y el valor de la misma en el proceso de reestructuración, el cual se va a llevar a cabo con el acompañamiento de un promotor.
Así las cosas, ¿qué se viene ahora para Metrocali y el MÍO?
A raíz de la designación del promotor, tenemos que entregarle la información correspondiente. Legalmente, el promotor tiene aproximadamente 8 meses para establecer cuáles son las acreencias, cuáles son los acreedores y cuáles pueden ser los arreglos; sin embargo, ese proceso puede durar mucho más, dependiendo de lo que se presente. Nosotros no vamos a pagar hasta que no tengamos el acuerdo en la mano.
¿La designación de Luis López como promotor genera algún tipo de cambio en la entidad?
Es importante precisar que nosotros no estamos intervenidos. El promotor es una especie de mediador; el Gobierno Nacional no nos está interviniendo, fue Metrocali la que tomó la decisión de iniciar el proceso de reestructuración de pasivos, precisamente porque ese es un mecanismo legal que nos garantiza continuar con nuestra operación sin que se afecte el servicio. Al contrario, vamos a seguir mejorando de acuerdo a la reestructuración de los contratos que hicimos.
¿Cómo es posible mejorar pese a estar en Ley de Insolvencia?
Porque los recursos para la operación del transporte no se van a ver comprometidos con este proceso, pues tienen fuentes independientes y Metrocali no puede darles una destinación diferente.
¿Estar en Ley 550 es una declaratoria de que el plan de salvamento del MÍO fracasó?
No. Esto es independiente, porque la causa de la Ley 550 no tiene nada que ver con el plan de salvamento de la entidad; el funcionamiento del plan de salvamento es independiente y sigue existiendo porque seguimos recuperando la flota.
Pero, ¿el que Metrocali haya llegado a Ley de Insolvencia era evitable en algún punto o era la crónica de una muerte anunciada?
Una vez nosotros tuviéramos en nuestros pasivos una pérdida superior al 50 % de nuestro patrimonio teníamos que buscar el mecanismo que nos permitiera continuar con nuestra operación y eso fue lo que realizamos. Es importante aclarar que solo hasta este momento iniciamos este proceso de reestructuración porque, una vez conocimos el laudo contra la entidad, que estuvo en firme el 11 de diciembre de 2018, Metrocali inició todas las actuaciones procedentes con la finalidad de buscar la nulidad de este fallo. Entonces, desde diciembre del 2018 hasta el 31 de julio del 2019, cuando el Consejo de Estado niega el recurso de anulación, nace la obligación de pagarle a GIT y tenemos que registrar esa deuda. Iniciamos el proceso de reestructuración en septiembre, cuando conseguimos los documentos para presentarlos a la Supertransporte.
Desde algunos sectores han sido muy incisivos en qué el proceso con GIT se perdió porque hubo negligencia en la defensa por parte de Metrocali...
No es cierto que hubiera negligencia, nosotros estuvimos siempre asesorados de abogados idóneos para la defensa de la entidad. Lo que pasa es que, a diferencia de los otros operadores con los que sí llegamos a un acuerdo, con GIT Masivo no fue posible suscribir un acuerdo en virtud del laudo, sino que tuvimos que llegar hasta el fallo.
Desde el Concejo también se ha remarcado que no hubo voluntad para negociar la tarifa técnica y evitar la condena millonaria...
Realmente el acuerdo al que no se llegó con GIT Masivo no tiene nada que ver con la tarifa técnica, porque en los contratos de reestructuración la tarifa técnica es la misma para todos los operadores.
Entonces, ¿por qué se pierde el litigio?
No se llega a un acuerdo porque GIT Masivo está requiriendo una flota adicional. Cuando se declaró desierta la quinta operación, que se distribuyó la flota entre Blanco y Negro y GIT Masivo, el análisis financiero que se realiza desde la entidad es que GIT Masivo ya está adicionado hasta el 50 % de su valor inicial, qué es el límite que establece la Ley 80 de 1993, por lo tanto no accedimos a entregar flota adicional.
Tras este panorama, ¿en qué queda la adquisición de los buses eléctricos que se prometieron y fueron la bandera de la actual Administración?
El sistema sí requiere los buses adicionales, pero la licitación quedará en manos de la nueva administración.
Piden liquidar Metrocali
Luego de conocerse la entrada del ente gestor del MÍO a Ley 550, los concejales reaccionaron pidiendo la liquidación de Metrocali.
En esa idea insistió el presidente de la Corporación, Fernando Tamayo, quien señaló que “la salida sería liquidar a Metrocali y construir una nueva estructura que permita retomar el control de la empresa que se perdió en los estrados judiciales, acabar con la exclusividad del MÍO e integrar otros medios de transporte”.
En ese sentido, la concejala Patricia Molina, enfatizó en que “no podemos seguir como si nada. Debemos evaluar lo que está pasando y lo que está pidiendo Metrocali, porque con el otro sí firmado con los operadores estamos llevando a la quiebra al MÍO y al Municipio”.
Por su parte, el concejal Roberto Rodríguez reseñó que “se hizo una mala defensa desde Metrocali y hoy estamos acogiendo una Ley de Insolvencia que no resuelve todas las demandas que se vendrán”.
Ante esto, el alcalde Maurice Armitage señaló que “Cali tiene garantizado, como nunca, el funcionamiento del transporte masivo, en nada va a menoscabarse esto. Hemos llamado a Ley 550 para proteger el funcionamiento de Metrocali, pero esto en ningún momento es una intervención de la Nación”.
Armitage hizo hincapié en que la entrada en Ley de Insolvencia era “una cosa que se veía venir, este es un pleito que se causó en gobiernos anteriores y nunca se le dio solución al sistema de transporte masivo”.