La reorganización de Cali como distrito, tanto territorial como administrativamente, continúa aplazándose. Las elecciones de ediles y alcaldes locales ahora se harían en 2027.

Hasta el último trimestre del año pasado, el equipo de Cali Distrito corrió para entregar el proyecto de acuerdo al Concejo y que este lo estudiara y aprobara, para que todo el aspecto electoral su pudiera surtir, con tiempos muy ajustados, en octubre de este año, pero esto no fue posible.
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“Ahora hemos acordado con la mesa directiva del Concejo la presentación del proyecto de acuerdo en este 2023, esperamos hacerlo esta semana. La radicación del proyecto contiene varios temas, uno es el relacionado con la propuesta de organización de lo que se llaman las localidades, que será la nueva división de la ciudad de Cali. La Alcaldía está proponiendo un modelo de siete localidades, seis de carácter urbano y una de carácter rural”, contó Carlos Rojas, gerente de Cali Distrito.

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En esa división, las localidades 1 y 2 se ubicarían en la zona norte y nororiental de la ciudad, la localidad 3 tendría al oeste, la 4 sería el centro, la 5 contendría a todo el distrito de Aguablanca y sería el territorio más numeroso, la localidad 6 tendría al sur de Cali y la zona de expansión y la 7, como lo dijo Rojas, agruparía por completo al cordón rural de la ciudad (ver gráfico).

Cada una de estas localidades tendría entre 9 y 15 ediles elegidos por voto popular, y estos escogerían una terna de candidatos a la alcaldía local, entre los cuales será elegida una sola persona, por parte del alcalde central de Cali, para administrar los proyectos y recursos de esos territorios.

Los concejales de Cali aseguraron que no aprobarán el proyecto a las carreras y que convocarán a todos los grupos ciudadanos para su estudio.

El equipo de Cali Distrito aseguró que para la definición de las localidades y todos los componentes que tiene el proyecto se hizo un fuerte trabajo de participación ciudadana. Hubo 139 espacios de socialización en los que, hasta septiembre del 2022, participaron 4143 personas, entre representantes de agremiaciones, comunidades, resguardos, corregimientos y otras entidades del sector público y privado.

Sin embargo, según pudo corroborar El País, aún hay elementos que no han quedado muy claros. Tirson Mauricio Duarte, abogado especialista en Derecho Administrativo y coordinador del Centro de Pensamiento ‘Derecho, Estado y Sociedad’ de la Universidad de San Buenaventura, sostuvo que hay inconvenientes puntuales con dos localidades, la 5 y la 7.

En cuanto a la 5, el académico dijo que el distrito de Aguablanca es muy grande en población y tiene muchas aristas sociales para dejarlo todo a cargo de una sola alcaldía local, “muchos estudios arrojaron que en esta zona tocaba hacer una escisión”, dijo.

Por otro lado, explicó que la representatividad y la gobernanza en un territorio tan amplio como la localidad 7 se puede llegar a complicar.
“Pensemos que la localidad rural va a empezar prácticamente en Dapa, arriba en Golondrinas, y va a terminar en El Hormiguero rodeando toda la parte norte, occidental, sur y un poco suroriental de la ciudad. ¿Cómo haces para elegir esos ediles? Tendrían que ser dos por corregimiento, como para ir equilibrando un poco la representatividad, pero allí va a jugar mucho cuántas personas votan por una persona en específico, y si La Leonera tiene más habitantes que Pance, por ejemplo, va a haber un problema mayor porque entonces tendrá más ediles”, agregó Duarte.

El abogado recalcó que, por el momento, la propuesta tampoco sería económicamente viable. En agosto del 2022, cuando la Alcaldía presentó el proyecto con la intención de que iniciara en 2024, se dijo que el funcionamiento de las localidades iniciaría con un presupuesto general de $ 81.000 millones, que iría incrementando con los años hasta llegar a los $ 205.000 millones en 2032.

Ahora se teme que los presupuestos cambiarán al extenderse la transición hasta 2027, además de que analistas y concejales dicen que Cali está en una situación económica muy ajustada por el pago de la deuda y los proyectos de ciudad.

“Yo creo que este proyecto era importante para la ciudad en la medida de que se hubiese aprobado años atrás, porque la carga que tenía el Municipio no era tan alta como ahora por el pago de la deuda pública”, precisó Audry Toro, concejala de Cali.

La cabildante recalcó la idea de que el Departamento de Hacienda señala que para que el proyecto tenga sostenibilidad, se requiere un plazo de ocho a diez años, incluso más de lo que tardaría el pago de la deuda.

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La directora ejecutiva de Propacífico, María Isabel Ulloa, también manifestó su preocupación por el tema presupuestal.

“De nada sirve tener el cascarón si al final no tenemos capacidad de recursos para los fondos locales, y es que realmente no estamos seguros de tener ese presupuesto. Nosotros tuvimos la oportunidad de contarle al Concejo al finalizar el año pasado nuestra preocupación sobre que debería haber una conversación muy amplia sobre el proyecto”, dijo Ulloa.