Una de las medidas contempladas por la Alcaldía de Cali para solucionar, de manera transitoria, los retrasos presentados en la contratación del servicio de transporte escolar para más de 20 mil niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad, fue la declaración de la urgencia manifiesta.
Este es un instrumento que facultaría a la Administración Distrital para realizar la elección del operador de manera directa, sin necesidad de iniciar una licitación. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, esta figura puede ser utilizada en aquellos escenarios cuando existan calamidades o hechos de fuerza mayor que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso público.
En el caso del transporte escolar, Diego Hau, secretario de Gobierno, indicó que dicha instancia fue considerada tras observar los diferentes inconvenientes suscitados en el proceso de escogencia del operador para el 2025.
“Garantizar el derecho a la educación pasa por garantizar el servicio de transporte. Al no poder adjudicar al nuevo operador, la semana pasada la Alcaldía tomó la decisión de declarar la urgencia manifiesta para garantizar ese servicio”, explicó.
Enfatizó en que la duración del decreto sería por un lapso de 60 días mientras se realizan las gestiones necesarias para realizar la adjudicación del contrato.
“Lo más probable es que la urgencia manifiesta pueda finalizar mucho antes, considerando que el proceso para la selección de los operadores para el transporte escolar debería ser adjudicado el 4 de marzo”, señaló Hau.
De acuerdo con el Secretario de Gobierno, esta figura de contratación estuvo entre las opciones de la Alcaldía para dar respuesta a la ciudadanía por los retrasos presentados en la licitación.
“Desde el primer día del calendario académico, el pasado 27 de enero, se realizaron diferentes mesas de trabajo focalizadas en instituciones educativas rurales donde el servicio tiene mayor relevancia”, expresó Diego Hau.
Cuando se tuvo conocimiento de las dificultades presentadas durante la licitación, Hau contó que se estudiaron diferentes alternativas para cumplir con el compromiso realizado con la comunidad.
“Una vez la Bolsa Mercantil de Colombia, que es la entidad encargada de realizar el proceso de selección nos manifiesta que el trámite no pudo ser adjudicado el miércoles de la semana pasada, se empezaron a estudiar diferentes medidas para garantizar el servicio desde el 24 de febrero, que fue como lo habíamos acordado con padres de familia, rectores y la comunidad educativa”, dijo el funcionario.
Para el secretario de Gobierno de Cali, la urgencia manifiesta fue la figura que más se adaptaba a las necesidades que debían ser resueltas en el menor tiempo posible.
“Luego de analizar las opciones que exige la ley, tomamos una que jurídicamente tiene mucho respaldo y soporte. Una vez se tuvieron las viabilidades jurídicas del caso, se realizaron las conversaciones con las entidades operadoras del 2024 para mantener los mismos precios y no generar ninguna afectación al servicio”, explicó Hau, en diálogo con El País.
Contratación temporal
La secretaria de Educación de Cali, Tatiana Aguilar Rodríguez, también habló con este medio y contó detalles sobre las empresas de transporte encargadas de trasladar a los estudiantes a sus escuelas, de forma temporal.
“Bajo esta modalidad hemos convocado a los mismos operadores que nos prestaron el servicio durante el año pasado, con quienes teníamos 701 rutas de transporte escolar en 51 instituciones, de las cuales 14 se encuentran en la zona rural”, aseguró.
En cuanto al costo de la contratación realizada en el marco de la urgencia manifiesta, detalló que “son $2115 millones por los 9 días hábiles en que se desarrollará el proceso hasta el próximo martes 4 de marzo, cuando se espera hacer la adjudicación definitiva”.
Para la titular de la cartera de Educación, el balance de la primera jornada de reactivación del servicio ha sido satisfactorio, sin embargo; las acciones continúan enfocadas en sacar adelante la selección de los nuevos operadores.
La visión de los organismos de control
El personero de Cali, Gerardo Mendoza, celebró la posibilidad de entregar una respuesta a la ciudadanía sobre este tipo de situaciones donde los niños, niñas y adolescentes ven vulnerado su acceso a la educación sin ningún tipo de contratiempo.
“Más que responda esta figura de la urgencia manifiesta a la situación del transporte público escolar, debo enfatizar que soluciona de fondo el problema. Le corresponde al Contralor General de Cali pronunciarse sobre la legalidad de la misma y de encontrarse algún reparo dentro de su juicioso estudio, deberá solicitar la correspondiente investigación disciplinaria, ante lo cual estaré muy atento como Ministerio Público”, afirmó.
El País se comunicó con la Contraloría General de Cali para obtener su punto de vista sobre este proceso, pero no obtuvo respuesta.