El 44% de los hogares caleños provino o está en un asentamiento precario. Barrios que hoy se ven consolidados fueron invasiones o aún tienen sectores a los que llegan personas a construir de forma irregular y sin títulos de propiedad.

César Lemos, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia y delegado del Comité de Invasiones, resume la problemática de la siguiente manera: “Cali tuvo un crecimiento muy grande en el Siglo XX producto de migraciones, proceso al que están amarradas las invasiones que inician fuerte en la década de los años 50. La ciudad no ha atendido debidamente esto, pues vio la problemática más como una situación policiva y no como un tema de planificación urbana; no se ha consolidado una oferta de vivienda para estos grupos y, a lo largo de los años, el Municipio no fue agresivo en el manejo de este problema”.

Hoy el panorama es delicado. Un estudio de la Universidad del Valle dice que hay 280 puntos de ocupación irregular de predios en Cali, esta semana se hicieron procesos de recuperación de terrenos en la comuna 21 y varios funcionarios de las inspecciones fueron amenazados.

¿Cuál es el panorama actual de invasiones en Cali?
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En pandemia el problema estuvo contenido, todos los intentos de invasiones masivas fueron sofocados oportunamente e incluso se resolvieron unos como el de La Viga, el de Pízamos, donde había 1,5 kilómetros afectados, y así hubo varias situaciones que fueron atendidas oportunamente. Luego se viene el paro nacional y las capacidades de la institucionalidad estaban copadas tratando de recuperar el orden público que estaba turbado. En esos meses aumentaron las invasiones y se empezaron a consolidar.

¿Cuáles son los sectores más afectados?
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Cali tiene invasiones en los cuatro costados. Al norte se encuentra La Betulia, Altos de Menga, hay sectores de ecoparques amenazados como, por ejemplo, las Tres cruces, el ecoparque Bataclán, otro sitio muy amenazado es el corregimiento de Los Andes, el ecoparque de Cristo Rey, allí hemos sido muy exitosos porque ha habido intentos fallidos de mega invasiones, a la altura de La Olga y otro predio que se llama La Cabaña, que ha sido invadido en dos oportunidades por más de 200 personas y en ambas ocasiones fueron sacados de ahí.

En la parte alta de Siloé se observa que están construyendo. Las invasiones no son nuevas, llevan muchos años y son como un cáncer que todos los días va creciendo. Por ejemplo, en La Betulia hay gente construyendo, nosotros vamos y suspendemos la obra, ellos se retiran y al otro día están nuevamente. La Policía no puede estar 24 horas, entonces ellos juegan con el Estado, es una lucha de desgaste a ver quién se agota primero.

Otro sitio amenazado es La Buitrera y, en menor cantidad, Pance.

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¿Pero para usted cuál es el sitio que genera mayor preocupación?
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En mi opinión es la zona de Navarro, la media luna que colinda con las comunas 21, 14, un pedacito de la 13, la 15, ese es el corazón del oriente. En pocos años, Navarro seguramente será un barrio o una comuna más de Cali y el Estado tiene que tomar una decisión, si ese crecimiento será de una manera planificada y articulada o si, por el contrario, las cosas se dan como tradicionalmente han ocurrido.

En Navarro están concentradas las mega invasiones que surgieron con ocasión del paro, todas han sido denunciadas. Por ejemplo, está invadido el humedal Ibis por tercera vez. Tenemos invadido el cinturón ecológico, un predio privado que se denomina Dalia, otro llamado Cauquita y la Hacienda Lisboa, que es una parte privada y otra pública.

Detrás de esto hemos identificado dos organizaciones, principalmente una que es la que ha sido la promotora de estos procesos de ocupación irregular, como lo llamamos nosotros. Las investigaciones avanzan, ya se hicieron unas primeras detenciones.

Tenemos decisiones ejecutoriadas, que ordenan la restitución de estos predios y es lo que hemos venido haciendo en los últimos días.

¿Quiénes están detrás de las invasiones?
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Lo que llaman coloquialmente ‘bandas de tierreros’, son grupos que se encargan de visualizar el terreno. Todos los predios que han invadido están estratégicamente ubicados al lado de grandes infraestructuras.

Estas personas visualizan, averiguan el estado del terreno, avanzan en una tarea de promoción. Un día cualquiera, en la madrugada, llegan 100 o 200 personas y se meten al lugar, es una tarea planificada de desplazarse al sitio. También hemos encontrado que ese es un delito que ya alcanza un nivel importante de sofisticación.

Hoy el problema de la tierra en Cali aparece como la prioridad del Distrito, junto con el tema de los homicidios en la política de seguridad. Queda claro cómo funciona este ‘tinglado’, estas organizaciones que se articulan con otro tipo de empresas criminales para cumplir con su cometido, eso en materia penal se llama concierto para delinquir, porque son asociaciones creadas para cometer delitos.

Uno podría decir que hay buena fe entre algunos compradores de predios de invasión...
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Hay de todo, pero hemos encontrado, en muchos casos, la misma gente. Si uno va a la invasión de Ibis, luego a Villa Mercedes y lo que hicimos esta semana, se encuentra con rostros familiares. Uno diría que hay invasores de oficio. También se ven personas que ya tienen casa, que seguramente la consiguieron invadiendo, y vienen por su segundo o tercer inmueble. Pero también hay personas incautas a las que les venden el predio.

Los que llegan a invadir, lo primero que hacen es lotear y vender por costos como 400.000 pesos, sumas irrisorias por un lote.

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¿Qué pasa cuándo esto sucede?
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Lo primero que se presenta es la querella y se denuncia penalmente el hecho ante la Fiscalía, que es la autoridad competente. Luego se hace una caracterización de la población que está en el sitio con el acompañamiento de las Secretarías de Vivienda, Bienestar Social, el Sisbén, Seguridad, se cuentan los techos que han construido y se cruza la información con bases de datos. Hemos encontrado víctimas, personas que han recibido ayudas muy importantes de programas nacionales.

Hay jurisprudencia que ha reglamentado los procesos de restitución y se deben garantizar los derechos de la población, hacer una oferta institucional, ofrecer subsidios de arrendamiento y albergues para población vulnerable. Eso hace más complejo todo y la gente sabe que eso es así. Cuando uno llega a los sitios, ellos argumentan que se les están vulnerando los derechos. La gente sabe perfectamente todo lo que implica un operativo de esta naturaleza.

Todas las invasiones han sido denunciadas oportunamente, las de Navarro son muy grandes, pero tienen decisiones judiciales. Hay unos sectores con 500 techos, otros de 1000. Todas las semanas hacemos recorridos y vemos cómo vuelven a ocupar los terrenos.

Pero ese es el problema, como no pasa nada la gente vuelve a invadir...
Nosotros hemos venido avanzando lentamente, la verdad porque no ha sido fácil la articulación. Por ejemplo, teníamos unas 50 denuncias de invasiones dispersas en muchos espacios, le pedimos a la Fiscalía que nos concentrara eso con unas prioridades para facilitar el proceso de investigación y lo logramos. Ahora hay tres fiscales a cargo, estamos pidiendo que se fortalezca el equipo de investigación.

En el caso de Navarro, se han proferido las decisiones de carácter administrativo, ordenando la restitución. Esas decisiones fueron apeladas por los ocupantes irregulares, luego fueron ratificadas en segunda instancia, han sido sometidas a tutelas interpuestas por los ocupantes que argumentan que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados.

En la mesa de judicialización estamos avanzando en las investigaciones, aspiramos a estar dando pronto resultados, es decir la Fiscalía General de la Nación, que es el competente, y el CTI.

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¿De dónde provienen las amenazas recientes a funcionarios?
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Cuando las amenazas vienen es porque finalmente se está trabajando y se están dando resultados. Esta semana fueron amenazados la inspectora 21 y otros funcionarios. Esta es una de las zonas más golpeadas por esta problemática. La inspectora es una persona muy competente que ha denunciado el tema. Ya dimos aviso a la Unidad de Protección, a la Policía, esto es una cosa muy grave, evidencia la complejidad del flagelo y muestra que se requiere el apoyo del nivel central.

El concejal Roberto Rodríguez dijo que había contratistas de la Alcaldía detrás de las invasiones, ¿qué sabe de eso?

Considero que si el Concejal tiene información sobre vínculos de contratistas con estos carteles vinculados a la ocupación ilegal de tierras, debe llevarlas al conocimiento de autoridad competente para que los aporte a los procesos en curso. Es importante lo que hace el Concejal y es llamar la atención sobre estos supuestos hechos irregulares que puedan vincular a funcionarios públicos, y que merecen total atención para precisar los hechos y sancionar a los responsables.