La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali anunció que ordenó el desmonte de la sección estructural del Colegio La Sagrada Familia, que excede el máximo en altura a lo especificado en una licencia inicial, la cual está vencida.

La Secretaría realizó una inspección del lugar y les informó a los infractores sobre el vencimiento de la licencia y la orden de demolición, con el fin de evitar que la Alcaldía incurra en daños jurídicos.

“Hoy (primero de marzo del 2022) vinimos a verificar las condiciones actuales del inmueble. Informamos que la licencia expiró y tendrían que iniciar el trámite para obtener una nueva. La orden de demolición - o desmonte - se tendría que cumplir antes de junio de 2022 porque de lo contrario, la Alcaldía podría incurrir en omisión y ser sancionada hasta por $ 60 mil millones”.

El funcionario recordó que, desde el 25 de junio de 2013, mediante la Resolución No. 0038, se le permitió al centro educativo la construcción de dos sótanos (equivalentes en altura a cinco pisos), pero tras darse el permiso, el tamaño de la obra excedió el montaje permitido, por lo que la esta fue suspendida el 5 de mayo de 2015 por la Inspección de Policía Urbana de Fray Damián.

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“Los responsables de la obra debían garantizar que la construcción no afectará la vista en la zona. Aunque apelaron la orden, el Juzgado 11 del Circuito Administrativo de Cali le dio razón a la Secretaría de Gobierno de la época el 11 de noviembre de 2017, en primera instancia”, explicó Carlos Soler Parra, secretario de Seguridad y Justicia.

Tras la rectificación en segunda instancia de la determinación hecha por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, los infractores debían hacer el desmonte, pero esto nunca ocurrió.

“La orden para el desmonte se dio el 16 de noviembre de 2016, y a partir de esa fecha los constructores tenían un plazo de 60 días para hacer la adecuación, pero esto no sucedió”, señaló Soler.

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Finalmente, el secretario señaló que “sobre este caso, hemos sido notificados de seis procesos por estafa, en curso ante la Fiscalía General de la Nación, algo que agrava de manera fáctica y jurídica esta situación”.

Cabe señalar que la acción que realiza la Alcaldía en contra de la Institución, se realiza netamente por incumpliendo de las normas legales.