Los socavones están ubicados en la montaña, a aproximadamente 200 metros de la bocatoma del acueducto del cerro de Pico de Águila, en el sector de Pance. Desde donde están los huecos es posible escuchar la quebrada El Chontaduro, que abastece a la comunidad del sector.

Alrededor de los socavones, los que los abrieron hicieron una especie de carpa con plásticos negros, y en el suelo dejaron botellas del aperitivo Udinese. También hay por ahí botellas de gaseosa, empaques de cigarrillos, el estuche de un machete, y más adelante, alrededor de la quebrada de la que toma agua la gente, dejaron una especie de baño a cielo abierto: excrementos y papel higiénico enredado en las ramas.

Tras el hallazgo, la comunidad de Pico de Águila permanece preocupada. Desde hace meses han advertido la presencia de personas que no son de la zona y que estarían o haciendo actividades de minería ilegal de oro (muy cerca hay una mina legal) o buscando entierros o guacas de los indígenas que habitaron el territorio, los jamundíes.

“Nos preocupa que con estas actividades desvíen la quebrada, que es la que nos surte de agua, o la contaminen”, dijo un líder que pidió la reserva de su nombre.

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Otra de las preocupaciones de la comunidad es que la profundidad de los socavones es tal (para bajar se requiere escalera) que podrían afectar la estabilidad del terreno que limita con la quebrada.

“Tenemos información de gente que sube al cerro en las madrugadas o en la noche. Están moviendo la tierra de manera muy agresiva, y eso también podría generar una afectación por las aguas subterráneas. Uno se queda aterrado que con semejantes socavones tan profundos no pase nada. La autoridad ambiental, es decir la CVC, no ha tomado acciones. Ellos ya visitaron el sector por solicitud de la comunidad, hace un mes. Un técnico dijo que iban a investigar las excavaciones, pero hasta el momento no nos han dicho nada. Nos sentimos solos”.

Esta semana, después de las denuncias sobre la posible actividad minera ilegal de oro, un grupo conformado por la Policía Ambiental, el equipo judicial de la Sijín, Carabineros y Ejército capturó a tres personas en flagrancia mientras trabajaban en los socavones.

Pico de Águila está ubicado a aproximadamente una hora y media del norte de Cali. Se toma la vía a La Vorágine, hasta el al Club del Departamento, y allí se toma la carretera hasta la zona.

Según el sargento Gordillo, de la Policía, les incautaron picas, barras, una escalera artesanal, entre otras herramientas. Sin embargo, no fue posible judicializarlos. Apenas se les puso un comparendo ambiental.

Para judicializarlos se requería el concepto técnico de la CVC, que determine la afectación ambiental que habrían causado estas personas, pero el ingeniero encargado del caso no dio dicho concepto.

–Dijo que los socavones por sí solos no representaban un daño ambiental, y por eso las tres personas capturadas quedaron libres– comentó el sargento Gordillo.

La CVC explicó que para determinar si hay un daño ambiental –y judicializar a los responsables– se debe adelantar una investigación en el sector para comprobar si usaron sustancias químicas como mercurio, o si talaron los bosques (en la zona hay señales de árboles derribados) o si en vez de minería ilegal lo que hay detrás es guaquería.

“La evidencia presentada y lo valorado preliminarmente, no es concluyente para determinar que se trate de minería ilegal. Todo apunta a que son actividades de guaquería. Pero vamos a investigar el tema. Es evidente que está ocurriendo una situación que no es normal”, dijo la entidad ambiental.

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Pero la minería o la guaquería no es lo único que inquieta en Pico de Águila, uno de los principales destinos de los ciclomontañistas de Cali.

Hace unas semanas se inició un incendio en un punto conocido como Toca Nubes. Mientras la comunidad apagaba un sector junto a los bomberos, el incendio se iniciaba “como por arte de magia”, en la otra punta. Así durante cuatro días. En la zona se sospecha que los incendios forestales están siendo provocados por personas que pretenden invadir terrenos que son considerados reserva forestal.

A lo de las invasiones se le suma un aparente proyecto de algunos propietarios de grandes fincas para hacer parcelaciones. Es decir: venta de lotes pequeños para construir casas, lo que también podría poner en riesgo el equilibro ambiental, advierte la comunidad.

Según la norma, en zonas de reserva forestal, para desenglobar un lote, es decir dividirlo en varias partes, el tamaño mínimo debe ser de dos hectáreas, 20.000 metros cuadrados. Lo que se pretende es evitar la sobrepoblación en zonas que son eso, reserva forestal.

Sin embargo, líderes de la comunidad de Pico de Águila aseguran que junto a la escuela ya hay dos lotes que al parecer fueron vendidos, y en los que tumbaron parte del bosque (atrás hay una quebrada) para construir casas. En uno de los lotes —lo constatamos tras un recorrido— ya hay una casa en ladrillo.

“Necesitamos definitivamente es que las autoridades ambientales y municipales hagan presencia en Pico de Águila para aclarar todo lo que está ocurriendo”.

Se trata de terrenos que pertenecen a la finca El Refugio, propiedad de la familia Romero.

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A través de una convocatoria que se realizó por redes sociales, además, se invitó el pasado jueves a una reunión en la cancha de la escuela “para los posibles compradores de los terrenos”.

Este diario consultó sobre el tema a Joaquín Romero, uno de los propietarios de la finca El Refugio, quien aseguró que no es cierto que pretenda hacer parcelaciones o vender lotes.

“Nosotros somos propietarios de El Refugio. Es una finca que tiene una tradición bastante larga. Tuvimos un proceso con Restitución de Tierras porque mi papá estuvo secuestrado, entonces nos tocó dejar vacía la finca bastante tiempo. A raíz de eso adjudicaron terrenos ilícitamente. Por ese proceso en el que estamos, tenemos bloqueados los predios. Sí hay una propuesta en una zona de la finca conocida como El Jardín de comprarnos para hacer una parcelación, pero eso no se ha concretado porque mientras no se resuelva el tema legal de restitución de tierras, no se puede vender, enajenar, no se puede hacer nada. Así que no estamos en plan de parcelación”, dijo.

Según Romero, la casa que se construyó cerca de la escuela en un lote suyo, le pertenece a un trabajador de la familia. “Yo le cedí ese terreno. Es un trabajador que ha estado conmigo hace 40 años. No hay plan de parcelación, insisto”.

En la comunidad aseguran en todo caso que han preguntado por las escrituras de dicha cesión, “para que haya claridad de lo que está pasando”, pero no las han presentado.

E insisten en que es preocupante que se esté anunciando en redes sociales una posible venta de terrenos, “que aunque no se pueden vender, podrían apelar a figuras jurídicas para que el dominio de los predios de los posibles compradores se establezca por prescripción adquisitiva, que se da cuando se ha poseído el bien durante un tiempo. Lo que necesitamos definitivamente es que las autoridades ambientales y municipales hagan presencia en Pico de Águila para aclarar todo lo que está ocurriendo”.