La creación de una política pública para la regularización de los venezolanos que viven en Colombia debería ser un asunto prioritario del Gobierno Nacional para dignificar la vida de los migrantes.

Esta fue una de las principales conclusiones del ‘Foro Interdisciplinar de la Migración Venezolana en Santiago de Cali’, que se realizó este jueves en la Universidad Libre. En este espacio se reflexionó en torno a estrategias para la protección de esta población, así como sobre los desafíos para su inclusión efectiva en la sociedad civil.

Según Migración Colombia, de los 44.940 venezolanos que habían en Cali para el mes de mayo, solo 24.491 (el 54%) contaban con el Permiso Especial de Permanencia, PEP, un documento entregado por dicha entidad que permite a los ciudadanos del vecino país regularizar su situación por dos años en el territorio nacional.
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Vale la pena precisar que con este permiso los migrantes pueden acceder a algunos beneficios como salud, educación y trabajo formal. Sin embargo, si no lo tienen, se enfrentan a diferentes escenarios de vulnerabilidad, según explicó Rubén Darío Gómez, director del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali.

“La academia, instituciones sociales y el sector público y privado tienen grandes retos de acoger a los venezolanos en el marco de la legalidad, pero preocupa que si esto no se hace, la ilegalidad está activada para acogerlos en condiciones informales de empleabilidad y de explotación laboral que incluyen largas horas de trabajo y una serie de afectaciones a la dignidad humana. También, los pueden acoger dinámicas delincuenciales relacionadas con hurtos, ‘campaneo’, sicariato, cultivos ilícitos y trabajos en laboratorios de cocaína en las zonas rurales”, señaló Gómez.

De allí que para el procurador Regional del Valle del Cauca, Raúl Fernando Núñez, sea urgente solucionar la irregularidad de los venezolanos. Una manera efectiva de hacerlo, afirmó, es creando una política pública nacional y territorial para los migrantes.

“La crítica que uno puede hacer es que se le dejan muchas responsabilidades al ente territorial, que no tiene el presupuesto para atender la situación. Por eso, los gobernantes que entren el próximo primero de enero tienen una gran responsabilidad de incluir a los migrantes en sus políticas. Ya se dio un paso con la ley para otorgar la nacionalidad a los niños venezolanos nacidos en Colombia, que van a tener acceso a la salud, por ejemplo. Sin embargo, queda una gran gama de personas que aún no cuentan con este servicio”, manifestó Núñez.

El Procurador Regional del Valle del Cauca también comentó que otra “solución fácil” para atender la irregularidad en la que se encuentran muchos venezolanos en la región y en el país, “podría ser un decreto de regularización masiva o de refugio masivo, pero eso significaría unas obligaciones de carácter presupuestal muy fuertes para el Estado que podrían ascender a los billones de pesos”.
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“Esto teniendo en cuenta que la mayoría de población en el país está en condición de vulnerabilidad ya que, si bien aquí han llegado personas profesionales, también han llegado muchas en situación de calle o de extrema pobreza. El otro día hablaba con el Alcalde Cali que, de las 10.000 raciones de comida que se destinan para los habitantes de calle en la ciudad, unas 5000 se están entregando a población venezolana”, puntualizó Raúl Fernando Núñez, y añadió que también es necesario que cada Alcaldía de la región pueda tener una oficina para atención de la población migrante.

Por su parte, en materia de educación, Sandra Lorena Botina, psicóloga investigadora de la Universidad San Buenventura, comentó que, si bien se han dado procesos de incorporación de los menores de edad al sistema educativo, existen algunas limitaciones en cuanto a la certificación de estudios.

“Por ejemplo, hay casos de jóvenes que son técnicos y traen la experiencia, pero sus documentos no están apostillados, entonces, si quieren ingresar a la universidad, ese es un obstáculo. En ese sentido, este es uno de los retos que tiene que pensar el Ministerio de Educación”, precisó Botina.

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Según el último censo de Migración Colombia, en Cali hay 48.867 venezolanos, mientras que en el Valle hay 64.658.